Visados al contado

En un reciente vuelo entre Madrid y Londres, un pasajero se pasó prácticamente todo el viaje leyendo y releyendo con avidez una publicidad en las páginas interiores de la revista de a bordo de British Airways. En estas, los Gobiernos de Dominica, Granada y Saint Kitts & Nevis ofrecían un pasaporte a cambio de dinero. En un papel azul de la mejor calidad, estaban todos los detalles para convertirse en ciudadano de pleno derecho de alguno de estos tres países insulares caribeños: solo o con familia, las distintas tarifas, los plazos de los trámites, y un seductor mensaje acerca de las ventajas de depositar una fortuna en un país fiscalmente muy laxo y nada intervencionista. Cuando el avión aterrizó en Heathrow, el pasajero en cuestión preparó su pasaporte chino para enseñarlo en la aduana, y guardó la revista en su maletín.

Aunque los programas de concesión de residencia o ciudadanía —llamados golden visa (visados de oro)— existen desde hace décadas, incluso en grandes países desarrollados como Canadá, Estados Unidos o Reino Unido, el fenómeno se ha incrementado en los últimos seis años, impulsado sobre todo por los millonarios de China, Rusia, Libia, Irán o Venezuela, ansiosos de hallar un lugar seguro para su dinero y un pasaporte que les ahorre trámites de visados en caso de tener que abandonar raudos sus residencias de origen. Al mismo tiempo, muchos países ricos que padecieron la Gran Recesión desde 2008 hasta 2015, vieron en estos clientes un ingreso más para sus debilitadas arcas públicas. Por esta razón, algunos como España o Portugal aprobaron raudos programas de residencia a cambio de inversiones.

En total, hay más de una veintena de países con procedimientos activos para obtener un visado de oro y buena parte de ellos están en la Unión Europea. Chipre y Malta tienen planes que dan la ciudadanía a corto plazo, y otros como Francia, Reino Unido, Grecia, Austria, Bélgica, Hungría o Bulgaria cuentan con políticas que conceden la residencia a cambio de capitales y donde los tiempos para obtener el pasaporte son mayores. Los requisitos difieren en la cantidad de la inversión, las exigencias sobre el periodo de estancia en el nuevo país y los plazos para obtener la ciudadanía. Arton Capital, una compañía canadiense dedicada a tramitar residencias y pasaportes de conveniencia, tiene en su página web un programa que permite elegir la segunda nacionalidad más conveniente para los intereses de cada cliente y según sus recursos financieros. Pese a ensalzar la transparencia, la oficina de prensa del bufete ignoró las preguntas para este reportaje a pesar de acusar recibo de los mensajes.

Más de una veintena de países, una buena parte en europa, tienen programas para otorgar visados de oro

El grupo de Montreal, con 15 oficinas en el mundo, se precia de haber ayudado a que 2.700 millones de dólares en inversión directa acabaran en los países que ofrecen estos programas de residencia gracias a sus gestiones a lo largo de un decenio. Los flujos de dinero derivados de los visados de oro suponen un importante ingreso de capital en diversos sectores económicos de un país, especialmente para los más pequeños. Por ejemplo, San Cristóbal y Nieves y Dominica — cuyos programas se remontan a 1984 y 1993, respectivamente— registraron un considerable aumento de la recaudación a partir de 2010. Las tasas que pagan los extranjeros para obtener la residencia o ciudadanía pasaron de representar el 1% del presupuesto público en 2008 al 13% en Saint Kitts & Nevis y 3,4% en Dominica en 2013, según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado en 2015. Esto, sin contar las inversiones en el sector inmobiliario y empresarial de ambas islas. En el caso de San Cristóbal y Nieves, los flujos al mercado de la vivienda fomentaron un auge de la construcción que sacó a la economía de cuatro años de recesión. En 2013 y 2014 la isla registró tasas de crecimiento del 6% de media, de las más altas en el continente americano. La isla también ofrece la opción de invertir 250.000 dólares en la Fundación para la Diversificación de la Industria Azucarera, un organismo empresarial estatal que no publica sus cuentas desde 2011.

Las puertas de la UE

En países más grandes, como Portugal, el Fondo calcula que las aportaciones al programa de visados de oro llegaron a representar el 13% del ingreso bruto por inversión extranjera directa en 2014. El aumento de estos visados en el país luso, que emitió más de 2.700 desde el inicio del programa en octubre de 2012, apuntaló el mercado inmobiliario y produjo un fuerte aumento del precio de las propiedades de lujo. La asociación de agentes inmobiliarios portuguesa calcula que el 80% de los inversores son de origen chino y que al amparo del programa se han vendido viviendas por un valor total de más de 1.500 millones de euros.

Un bufete de canadá se jacta de haber ayudado a los países a captar en un decenio más de 2.700 millones de dólares en inversiones

En el caso de Malta, el aporte procedente de todas las solicitudes de ciudadanía, cuyo máximo es de 1.800, fue equivalente al 40% de los ingresos fiscales de 2014, según los expertos del FMI. Chipre también se ha embolsado ingentes capitales gracias a estos planes de residencia, especialmente de ciudadanos rusos, aunque no hay una cifra concreta de las inversiones recibidas. No obstante, una pista de la rentabilidad de la medida es que en abril de 2013 el Gobierno de Nicosia rebajó el mínimo para acceder al programa de 5 a 2,5 millones de euros para los casos en que varias personas se embarquen conjuntamente en las gestiones. Desafortunadamente, indagar más no ha sido posible porque la Identity Malta Agency tiene un correo electrónico que no responde y la autoridad chipriota un teléfono que no contesta.

El Fondo advierte tres riesgos claros de estos programas: que los flujos de inversión, muy volátiles, se frenen en seco provocando un agujero en las arcas públicas; que disparen una burbuja en un sector determinado, como el inmobiliario, y que adquieran mala fama por ser muy permeables a personajes sospechosos. Las dos primeras advertencias van más dirigidas a los países pequeños, para los cuales los ingresos procedentes de estos planes pueden generar una fuerte dependencia. La tercera es una preocupación que atañe a todos los Estados involucrados en estos programas, tanto por razones de transparencia financiera como de seguridad.

Desde el bufete de origen londinense Henley & Partners, uno de los más especializados del mundo en la tramitación de residencias y pasaportes, aseguran que los controles de los solicitantes son muy exhaustivos. “Todos se someten a una estricta investigación y son examinados por Henley & Partners antes de ser aceptados como clientes y antes de presentar la solicitud a los Gobiernos pertinentes”, dice a través de un correo electrónico Mara Ispas, la coordinadora de las relaciones con la prensa de la firma. “En este sector, cada programa del país es tan bueno como la reputación de todos los solicitantes de la ciudadanía, por lo que el elemento más importante en cualquier gestión de residencia o de ciudadanía es la investigación de los demandantes. Por ejemplo, el programa de Malta tiene un proceso de control diseñado por Henley & Partners que no tiene parangón con otro Estado. Los solicitantes se someten a un proceso en el que son examinados en cuatro niveles, cada uno de ellos más profundo e incisivo”, añade Ispas.

A pesar de los controles que el bufete asegura que existen, los peligros de estos programas quedaron demostrados en casos concretos. Por ejemplo, el sistema de visados para inversores estadounidense conocido como EB-5 está en el punto de mira de las autoridades por varias denuncias de corrupción y mala gestión por parte de algunos de los participantes. El programa permite a extranjeros obtener una tarjeta verde de residencia tras invertir por lo menos 500.000 dólares en un proyecto que genere un mínimo de 10 empleos. Ha tenido tanto éxito que en 2013, por primera vez desde su puesta en marcha en 1990, superó el límite de 10.000 solicitudes de visados anuales. Las nacionalidades que más han optado por este programa son chinos y venezolanos, según las autoridades.

El programa EB-5 ha permitido a promotores comerciales y residenciales de las principales ciudades de EE UU, como Miami, Nueva York, Los Ángeles y Washington, poner en marcha grandes proyectos que de otra manera no podrían haber obtenido financiación. En Miami, el programa ha ayudado a financiar grandes desarrollos como la Torre Panorama de 83 pisos para viviendas y usos comerciales en el distrito financiero de Brickell. El programa EB-5 está entre los que gestiona el bufete Henley & Partners y aún lo considera viable, a pesar de que el Congreso de Estados Unidos estudia elevar sus requisitos y controles para evitar fraudes.

También Portugal decidió poner bajo estricta vigilancia y demorar las concesiones de visados. El Ministerio del Interior afirmó a mediados de enero que las demoras en el programa se debían a una investigación sobre un grupo de personas detenidas por presunto lavado de dinero y fraude. Aunque el Ministerio de Administración Interna se apresuró a negar cualquier negligencia en el proceso, lo cierto es que hay miles de ciudadanos chinos en un limbo que ya ha tenido eco en la prensa internacional.

En Reino Unido, dos parlamentarios liberaldemócratas dieron el campanazo a principios de año al proponer la abolición, a partir de enero de 2017, del programa que concede visados a cambio de una inversión mínima de dos millones de libras. Aunque no quedó claro por qué se presentó esta propuesta, la prensa británica lo atribuyó a la creciente preocupación entre los dirigentes políticos por la falta de transparencia de las inversiones canalizadas a través del programa y sobre sus beneficios reales para la economía. En 2015 se registraron apenas 200 solicitudes de estos visados de oro frente a los 1.800 de 2014, según la revista especializada Spear’s, sobre todo debido a que en noviembre de ese año el Gobierno decidió duplicar el capital mínimo para acceder al programa. Además, los mayores solicitantes de visados para Reino Unido son originarios de Rusia y China, y los primeros se han visto afectados por el embargo contra Moscú por el conflicto de Ucrania; y los segundos por la desaceleración económica en el país asiático.

La disminución de los beneficios del programa que acusa Reino Unido no es la única experiencia al respecto. Hace más de un año, Canadá decidió interrumpir su programa de ciudadanía para inversores alegando que no estaba dando los resultados económicos previstos. No obstante, las regiones de Quebec y la Isla del Príncipe Eduardo mantienen en vigor sus propios sistemas, por lo que aún es posible convertirse en canadiense. Irlanda también suspendió sus visados de oro en 1998, tras casi dos decenios en vigor, por su escasa rentabilidad. Pero lo reanudó en 2012 ante la necesidad de obtener recursos tras el rescate financiero del país a finales de 2010.

Ante el crecimiento de los programas de residencia o ciudadanía a cambio de dinero, organismos como Transparencia Internacional dedican más tiempo a mirar con lupa estos mecanismos. “En nuestra estrategia de aquí a 2020 está la de investigar el tema de las golden visa, creemos que hay que delimitar muy bien el alcance de estos programas y hacerlos con la máxima transparencia para evitar que se cuelen fortunas procedentes de actividades ilegales”, dice Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional en España.

Casos sospechosos

Curiosamente, en un artículo de Transparencia titulado Dodgy Diplomacy (diplomacia sospechosa), se mencionan una serie de escándalos que involucran a extranjeros con pasaportes de algunos de los países caribeños más activos en otorgar visados de oro. Granada fue objeto de críticas en 2007 por designar como embajador a Eric Reinsteiner, un estafador condenado en las Bahamas y EE UU. También fue un escándalo el nombramiento de un ruso llamado Roman Luskin como representante de Dominica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Por otro lado, el magnate libanés-nigeriano Gilbert Chagoury actuó como embajador de Santa Lucía ante el Vaticano y fue señalado por pagar por un puesto en la Unesco.

El FMI no cuestiona estos programas como una vía para obtener recursos fiscales, especialmente para los países más pequeños, pero advierte que el principal riesgo para su continuidad es el descrédito que pueden acumular si se cuelan demasiados indeseables. Los controles estrictos y la transparencia son las mejores garantías de que ese pasaporte no será vetado en diferentes aduanas del mundo. Dadas las sumas de dinero que se mueven por los visados de oro, es imprescindible, dice el Fondo, garantizar que no esconden operaciones de lavado de dinero. El organismo también aboga por asegurar la imparcialidad de los programas cuya gestión ha sido subcontratada a empresas privadas.