El Gobierno planea un impuesto del 0,2% a la compra de acciones

También quedarán exentas las salidas a Bolsa (OPV), las liquidaciones de los creadores de mercado, los bonos convertibles en acciones y los derivados. Por otra parte, se está intentando buscar más bases con las que engordar la recaudación: en Francia, por ejemplo, ya se ha aplazado en varias ocasiones que tributen las operaciones intradía —aquellas que se hacen y deshacen en el día— aduciendo problemas técnicos. Aunque con poco éxito, en Francia también se intenta gravar el high frequency trading (la compra de títulos que se decide automáticamente por ordenador mediante algoritmos), o los seguros de impago (CDS) cuyos compradores no posean el activo que cubren.

Aunque el documento final está muy cerca de cerrarse, las negociaciones políticas y la búsqueda de mayores ingresos pueden aún condicionar el diseño final. Así, Podemos ha reclamado con insistencia penalizar los derivados. Sin embargo, se ha razonado que muchos prestan coberturas de riesgo legítimas, y que resultaría muy fácil desviarlas a otras plazas financieras, perdiendo esa área de negocio. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se ha mostrado en contra de castigarlos. En general, ha cargado contra este impuesto en todas sus versiones en cada uno de los borradores. Incluso su presidente, Sebastián Albella, declaró en público que existía un riesgo de deslocalización y que podría tener consecuencias “lesivas”.

La llamada tasa Tobin se ideó como un instrumento con el que frenar las operaciones financieras especulativas. El economista John Maynard Keynes ya la propuso para las acciones. Y luego el premio Nobel de Economía James Tobin lo elaboró para atajar la volatilidad de las divisas. Pese a que el propio Tobin la censuró como forma de aumentar la recaudación, pronto los Gobiernos la usaron para buscar más ingresos. Uno de los primeros fue Suecia en 1984. Allí la iniciativa fracasó. El volumen de negociación se hundió un 30% en unos dos años, y un lustro más tarde se suprimió.

No obstante, se ha aprendido la lección y se ha buscado que el tipo sea un porcentaje pequeño que provoque menos distorsiones. Ya se ha puesto en marcha en países grandes como Francia e Italia. “En Francia se cobra al cierre de la jornada. Se trata de un coste más que se tiene asumido. Aunque es cierto que en el primer año cayó el volumen contratado sobre un 10%, no se considera que haya supuesto un obstáculo insalvable”, explica un agente que opera en los mercados galos.

Los críticos esgrimen que solo debe aplicarse si se hace en el resto de los países de la zona euro, precisamente para evitar deslocalizaciones. “España no es Francia o Italia. Compite con plazas más pequeñas que no tienen el tributo. Las finanzas son globales y resultan difíciles de gravar”, dicen fuentes del mercado.

Pese a haber prometido un impuesto a la banca, el presidente Pedro Sánchez desechó el tributo después de que la presidenta del Santander, Ana Botín, amenazase con trasladar fuera del país la sede de la entidad. Así que Sánchez necesita ahora un tributo con el que pueda decir que grava a los bancos. 

Una iniciativa europea

Diez países de la UE apoyan ahora la tasa Tobin. El exministro de Economía Luis de Guindos, del PP, hasta la anunció en varias ocasiones. Sin embargo, en Europa llevan más de cinco años sin ponerse de acuerdo porque dependiendo de lo que grave se beneficia más a un país o a otro, explican fuentes de Bruselas. La Comisión Europea incluso abogó por un tipo del 0,1% para las acciones y un 0,01% para los derivados.

En todo caso, el Gobierno de Sánchez considera que este impuesto se ha implementado con éxito en Francia, donde en 2016 recaudó 947 millones con el tipo del 0,2% y 1.450 millones con el tipo del 0,3% en 2017. Allí se fija para empresas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones.

Según cifras de Bolsas y Mercados Españoles (BME), los volúmenes contratados en acciones alcanzaron en 2017 los 651.489 millones de euros. El número de operaciones sobre acciones ascendió a 50,9 millones.

En la actualidad la compra de acciones conlleva las comisiones del bróker y de BME. Únicamente tributa cuando se recibe el dividendo o por la plusvalía al vender y no reinvertir. En ese caso, se aplica el impuesto al capital con un tipo entre el 19% y el 23%.