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Sánchez planea medidas “coercitivas” contra los dueños de viviendas vacías

El Gobierno quiere evitar la venta de pisos de alquiler adjudicados a familias en situación vulnerable a "personas jurídicas con ánimo de lucro"

En vídeo, el análisis de las medidas del Gobierno por la redactora de EL PAÍS Sandra López Letón.

El Gobierno quiere dar un giro a la regulación de la vivienda “como un servicio público de interés general”. Y una vía para conseguirlo será adoptar “medidas de carácter coercitivo” contra los propietarios de viviendas vacías. Así lo asegura un informe interno sobre la situación de la vivienda social elaborado por la Secretaría General de Vivienda y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Estas medidas no se limitarán a los inmuebles propiedad de bancos o promotoras, sino también a “personas físicas”, según este documento, que insiste también en regular la función social de la vivienda y darle rango de ley estatal.

En España se calcula que hay 3,4 millones de viviendas vacías, según el Censo de Población y Viviendas del INE del año 2011, el último disponible. “Conseguir movilizar” esa bolsa de vivienda vacía es uno de los principales objetivos que se ha marcado el Ministerio de Fomento. En un informe fechado el 11 de septiembre, y que ya ha sido presentado en el Consejo de Ministros, Fomento insiste en que es necesaria una normativa homogénea y que la única forma de garantizarla es la legislación básica estatal. Solo así se evitaría la situación actual de “desigualdad”: hay comunidades que han puesto en marcha medidas como las sanciones, la cesión y el alquiler forzosos, e incluso la expropiación temporal del uso; las hay que aplican estas medidas a bancos y sociedades de activos inmobiliarios, y otras a cualquier propietario, y también se da el caso de Administraciones que han vendido parques públicos de vivienda a sociedades de inversión.

Los tribunales ya reconocen la función social

Los tribunales están empezando a reconocer la función social de los parques públicos de vivienda. Un juzgado madrileño acaba de estimar el recurso colectivo de la Plataforma de Afectados/as por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) contra la venta de 2.935 viviendas del antiguo Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (Ivima) al fondo de inversión Encasa Cibeles.

En mayo pasado, otro juzgado de Madrid criticó que “no se ofrece ni justifica la razón o el porqué dejan de ser necesarias dichas promociones [...] cuando cumplen una función social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna”. Tanto en la sentencia de mayo como en esta última, los fallos consideran que la venta produjo una “vulneración de los principios de protección a la familia, de protección a los menores y del derecho a una vivienda digna”.

El Gobierno, según esta hoja de ruta, pretende que la vivienda deje de considerarse un bien especulativo. Por eso la regulación básica de los patrimonios públicos de vivienda social incluirá la protección “frente a posibles enajenaciones a personas jurídicas con ánimo de lucro” y que no respeten esa función social. Uno de los casos más sonados fue la enajenación, en plena crisis económica, de 5.000 viviendas sociales de alquiler adjudicadas a familias en situación vulnerable por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Las compraron los fondos de Goldman Sachs y Blackstone, y empezaron a subir las rentas y a desahuciar a quienes no pudieron pagarlas.

Evitar estos casos es una de las prioridades de la estrategia gubernamental, que también plantea modificar el actual Plan Estatal de Vivienda, el instrumento con el que el Estado puede influir en una competencia que reside en las comunidades autónomas. El Gobierno quiere “ahondar en el carácter social de los programas de ayudas” y, más concretamente, incrementar el parque público de vivienda en alquiler y “protegerlo” para asegurar en el tiempo su carácter de servicio de interés general. El actual plan de vivienda trata por igual a los promotores públicos y privados y establece el mismo plazo de protección de una vivienda financiada con fondos públicos: 25 años. La intención del Ejecutivo es acabar con esta situación y establecer plazos de gestión social “de muy larga duración”. Una vez finalizados estos plazos, las viviendas ya se regirían por el nuevo régimen jurídico, es decir, nunca perderían la finalidad para la que fueron construidas con fondos públicos.

Línea de ayudas

Fomento habla en el documento presentado al Consejo de Ministros de crear una línea específica de ayudas para la creación de parque de viviendas sobre suelos públicos “con una protección de sus inquilinos durante un plazo muy superior al actualmente previsto”. También prevé otra línea de financiación para ampliar los parques públicos de vivienda mediante la compra. Bien adquiriendo en el mercado, bien ejerciendo el mecanismo del tanteo y retracto para evitar que fondos con ánimo de lucro se puedan hacer con promociones públicas.

El titular de Fomento avanzó algunas de estas medidas en su comparecencia en el Congreso en julio pasado. Allí ya anunció que la duración de los contratos, que se redujo a tres años con la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013, volverá a ser de cinco años para dar mayor seguridad a los inquilinos. También presentó un plan de choque para promover la construcción de 20.000 viviendas en zonas con alta demanda y donde los precios del alquiler son tan altos que expulsan a las clases trabajadoras y medias. El documento no da más detalles y habla tanto de provisión como de “rehabilitación”. Precisamente la rehabilitación de vivienda, especialmente para favorecer el alquiler, tendrá financiación a través de líneas específicas del Instituto de Crédito Oficial (ICO), según el informe.

Hacia un acuerdo amplio por la vivienda digna: ley o pacto de estado

“El derecho a la vivienda es, sin duda, un derecho social”, afirma el documento de trabajo que resume los objetivos del Ministerio de Fomento en cuanto a la situación de la vivienda social en España. Partiendo de esa base, y sumando la idea de que acceder a un hogar digno y adecuado “debe ser un servicio público de interés general”, el Gobierno de Pedro Sánchez quiere sumar los máximos consensos posibles para poner en marcha la elaboración de una ley estatal en materia de vivienda. Entre otras cosas, el Ejecutivo valora incluir en el texto legislativo la definición y régimen jurídico de la vivienda social, la planificación de vivienda que corresponde al Estado y la vinculación del suelo con uso residencial a la efectividad del derecho a una vivienda.

La minoría parlamentaria del Partido Socialista y la corta duración de la legislatura complican sacar adelante esta propuesta legislativa. El Ejecutivo también valora la posibilidad de intentar sumar apoyos y apostar por un pacto de Estado por la vivienda digna. El presidente, Pedro Sánchez, escribió la semana pasada en su cuenta de Twitter: “Hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas para alcanzar un pacto que convierta la vivienda en un derecho de ciudadanía, lejos de la especulación”.

Fuentes del Ejecutivo destacaron que el plan se centrará en los regímenes de tenencia y que no entrará en las competencias de las comunidades autónomas. “Definiremos, como han hecho nuestros vecinos europeos, lo que es alquiler social y un alquiler asequible”, añadieron estas fuentes.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha trasladado este mes a Pedro Sánchez tres propuestas “muy concretas” para bajar el precio de los alquileres: obligar a los grandes tenedores a poner viviendas en el mercado, que las Socimis (sociedades inmobiliarias cotizadas con ventajas fiscales para los inversores) dejen de tributar al 0% y que los ayuntamientos puedan regular el precio del alquiler “en aquellas áreas donde el mercado está más tensionado”.

El Gobierno ya ha puesto en marcha un grupo de trabajo interministerial “para el desarrollo de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler” que este lunes se reunió por primera vez con un orden del día que incluyó la presentación del informe elaborado por la Secretaría General de Vivienda. En el grupo están representados ocho ministerios. El presidente es el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura.

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