Guerra entre el Gobierno y la Comunidad por la venta de miles de viviendas públicas a fondos privados

En Madrid, un terremoto. El anuncio de que el Estado se personará en el proceso abierto para investigar la venta a fondos buitre de miles de viviendas sacudió los cimientos de la Asamblea justo antes de que hoy arranque el debate del estado de la región. Las réplicas del seísmo se alimentaron con los datos aportados por las asociaciones de afectados para ilustrar su drama: hay casi 3.000 familias enfrentadas a subidas del alquiler inalcanzables desde que el Ejecutivo regional del PP—entonces encabezado por Ignacio González— logró en 2013 201 millones por vender a fondos privados viviendas destinadas al alquiler de jóvenes y personas vulnerables. La operación afectó a ciudades de toda la región. Y se produjo a precios por debajo del mercado, según el PSOE. Al final del día, el terremoto había provocado un conflicto institucional.

El anuncio de Sánchez llegó con toda la solemnidad de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

“Vamos a desarrollar una ley de vivienda (...) con la que vamos a poner fin a la venta de la vivienda pública a los fondos buitre”, dijo el presidente entre los aplausos de la mayoría de diputados. “Quiero anunciar que para este caso concreto de la Comunidad de Madrid, la abogacía general del Estado se va a personas como acusación particular”, siguió. “No nos va a temblar la mano para que las administraciones que están detrás de este intolerable abuso que ha afectado a tantas personas humildes, sin recursos, asuman sus responsabilidades políticas y económicas”.

Los representantes del PP regional se sintieron inmediatamente señalados, puesto que fue el Ejecutivo de Ignacio González quien tomó la decisión, en 2013.

“Ya que se pone a decir cosas que tienen que ver con Madrid, a Pedro Sánchez le pediría (...) que, si tiene un ratito entre que habla con separatistas y radicales, reciba al presidente de la Comunidad”, contestó Garrido. “Hay una larga y triste tradición de que cuando gobierna el PSOE la nación se perjudica deliberadamente a Madrid”, siguió. “Le pido que me reciba, que me escuche y que no haga daño a la Comunidad”.

De Madrid a Majadahonda

En 2013, la Comunidad vendió 2.935 viviendas sociales, 1.865 trasteros y 45 locales públicos, según el PSOE, que no contabiliza en esos datos las 1.860 viviendas públicas vendidas por el Ayuntamiento de la capital cuando Ana Botella era la alcaldesa. El fondo de inversión que logró el lote regional pagó 201 millones. Eso supone 68.000 euros de media por vivienda, según fuentes socialistas, que estiman el precio de mercado del conjunto en más de 400 millones. Tras ver cómo un juzgado anulaba la venta en mayo, la Comunidad recurrió, pese al compromiso adquirido por Garrido de que jamás se volvería a realizar una operación similar. ¿La razón? Que el quebranto económico a las arcas públicas que supondría revertir la venta obligaba a defender el interés general, según explicó la consejera de Vivienda, Rosalía Gonzalo. La Abogacía del Estado se personará ahora en el procedimiento que instruye el juzgado número 48 de Madrid, que considera que la operación presenta irregularidades que podrían constituir un delito de prevaricación y malversación.

“Siempre hemos considerado aquella venta ilegal e injusta para los madrileños más necesitados”, recordó ayer Daniel Viondi, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid. “Esperamos que la personación de la Abogacía del Estado ayude a acelerar el proceso judicial, y que muy pronto los responsables penalmente de aquella venta injusta tengan que rendir cuentas ante la justicia”.

"Lo hemos denunciado en muchas ocasiones, es inaceptable”, lamentó Clara Serra, diputada de Podemos, sobre la venta de esas viviendas públicas, distribuidas por Madrid (1.380), Majadahonda (332), Móstoles (259), Parla (240), Torrejón (224), Navalcarnero (192), Arroyomolinos (127), Valdemoro (80), Leganés (36), Collado Villalba (44) o Tielmes (21).

El debate del estado de la región arranca hoy. Sin embargo, la agenda ya la marca un terremoto con el epicentro en el Congreso. Allí, durante la sesión de control al Gobierno, Sánchez anunció que la Abogacía del Estado se personará en el proceso abierto por la venta a fondos de miles de viviendas públicas. A menos de un año de las elecciones de mayo de 2019, otro problema para el PP.