Necesitamos un nuevo contrato social

Al menos cuatro grandes transformaciones desarrolladas en las últimas décadas han alterado profundamente el contrato social que rubricaron implícitamente las fuerzas de la izquierda (socialdemócratas) y de la derecha (democristianos) tras la II Guerra Mundial, que formalizó las reglas del juego para la convivencia pacífica durante más de medio siglo. Se trata de la revolución tecnológica, que ha hecho circular al mundo de lo analógico a lo digital; la revolución demográfica, que convirtió a Europa, cuna de ese contrato social, en un espacio compartido de gente envejecida después de haber sido un continente joven; la globalización, que ha llegado a ser el marco de referencia de nuestra época desplazando al Estado-nación; y la revolución conservadora, hegemónica desde la década de los años ochenta del siglo pasado y que ha predicado las virtudes del individualismo y de que cada palo aguante su vela, olvidando los principios mínimos de solidaridad social. El conjunto de estas revoluciones —la tecnológica, la demográfica, la globalizadora y la política— ha dado lugar a una especie de refundación de lo que el gran pensador vienés Karl Polanyi denominó a mitad de los años cuarenta “la gran transformación”.

Han regresado con fuerza las dudas en la convivencia pacífica entre un sistema de gobierno democrático y un capitalismo fuertemente financiarizado

El concepto de contrato social pertenece en su inicio al pensador Jean-Jacques Rousseau, que a mediados del siglo XVIII escribió un libro del mismo título, considerado precursor de la Revolución Francesa y de la Declaración de los Derechos del Hombre, y que trataba de la libertad y la igualdad de las personas bajo Estados instituidos por medio de un contrato social. Ese contrato era una suerte de acuerdo entre los miembros de un grupo determinado que definía tanto sus derechos como sus deberes, que eran las cláusulas de tal contrato. Esas cláusulas no son inmutables o naturales, sino que cambian dependiendo de las circunstancias y transformaciones de cada momento histórico y de las correlaciones de fuerzas entre los componentes de los grupos.

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El contrato social que surge en Europa y se extiende por buena parte del planeta, a distintas velocidades, después de la II Guerra Mundial decía básicamente lo siguiente: quien cumple las reglas del juego, progresa, logra la estabilidad y la tranquilidad en su vida. Una buena formación intelectual, la mejor educación, el esfuerzo permanente, la honradez y ciertas dosis de suerte (que había que buscar) aseguraban el bienestar de los ciudadanos y sus familias. Con un empeño personal calvinista, el funcionamiento de las instituciones de la democracia y el progreso económico general, el nivel de vida mejoraría poco a poco y nuestros hijos vivirían mejor que nosotros. Unos, los más favorecidos, se quedarían con la parte más grande de la tarta, pero a cambio los otros, la mayoría, tendrían trabajo asegurado, cobrarían salarios crecientes, estarían protegidos frente a la adversidad y la debilidad, e irían poco a poco hacia arriba en la escala social. Un porcentaje de esa mayoría, incluso, traspasaría la frontera social imaginaria y llegaría a formar parte de los de arriba: la clase media ascendente.

Esto ya no es así. Ese contrato social ha sido sustituido, por efecto de las transformaciones citadas, por lo que el sociólogo Robert Merton ha denominado “el efecto Mateo”: “Al que más tiene, más se le dará, y al que menos tiene se le quitará para dárselo al que más tiene”. Se inaugura así la era de la desigualdad y se olvidan las principales lecciones que sacó la humanidad de ese periodo negro de tres décadas (1914-1945) en las que el mundo padeció tres crisis mayores perfectamente imbricadas: las dos guerras mundiales y, en el intervalo de ambas, la Gran Depresión.

El historiador Tony Judt, entre otros, ha descrito con exactitud (Postguerra) cómo a partir de lo acontecido en esos 30 años nació otro planeta con distintas normas, ya que parecía imposible —decenas de millones de muertos después— la vuelta a lo que habían sido las cosas antes. Se acordaron señas de identidad diferentes, basadas en la intervención estatal siempre que fuese precisa, y con una nueva arquitectura institucional que pretendía que nunca más se pudieran repetir las condiciones políticas, sociales y económicas que habían facilitado los conflictos generalizados. Hubo un consenso entre las élites políticas (los partidos), económicas (el empresariado) y sociales (los sindicatos) para alcanzar la combinación más adecuada entre el Estado y el mercado, con el objetivo final de que toda práctica política se basara en la búsqueda de la paz, el pleno empleo y la protección de los más débiles a través del Estado de bienestar.

Una buena parte de la población ha salido de la Gran Recesión más pobre, más desigual, mucho más precaria

Recuerda Judt que en una cosa todos estaban de acuerdo, aunque hoy sea un concepto obsoleto: la planificación. Los desastres de las décadas del periodo de entreguerras (las oportunidades perdidas a partir de 1918; los agujeros ocasionados por el desempleo, las desigualdades, injusticias e ineficacias generadas por el capitalismo de laissez-faire que habían hecho caer a muchos en la tentación del autoritarismo; la descarada indiferencia y arrogancia de la élite gobernante, y las inconsecuencias de una clase política inadecuada) parecían estar todos relacionados con el fracaso a la hora de organizar mejor la sociedad: “Para que la democracia funcionase”, escribe el historiador, “para que recuperase su atractivo, debía planificarse”. Así se amplió la fe ciudadana en la capacidad —y no solo en el deber de los Gobiernos— de resolver problemas a gran escala, movilizando y destinando personas y recursos a fines útiles para la colectividad.

Quedó claro que la única estrategia con éxito era aquella que excluía cualquier retorno al estancamiento económico, la depresión, el proteccionismo y, por encima de todo, el desempleo. Algo parecido subyacía en la creación del welfare state: la polarización política había sido consecuencia directa de la depresión económica y de sus costes sociales. Tanto el fascismo como el comunismo habían proliferado con la desesperación social, con el enorme abismo de separación entre ricos y pobres. Para que la democracia se recuperase como tal era preciso abordar de una vez “la condición de personas” de los ciudadanos.

Estos elementos seminales del contrato social de la posguerra ya estaban de retirada antes de 2008. Entonces llegó como un tsunami de naturaleza humana la Gran Recesión, la cuarta crisis mayor del capitalismo, de la que estos días se cumplen los 10 primeros años. Sus consecuencias han exacerbado tal crisis y han regresado con fuerza las dudas entre muchos ciudadanos en la convivencia pacífica entre un sistema de gobierno democrático y un capitalismo fuertemente financiarizado: los mercados son ineficientes (el desiderátum de mercado ineficiente es el mercado de trabajo), y el sistema político, la democracia, que se legitima corrigiendo los fallos del mercado, no lo hace. Así surge la desafección respecto a la democracia (el sistema político) y el capitalismo (el sistema económico).

Una buena parte de la población ha salido de la Gran Recesión más pobre, más desigual, mucho más precaria, menos protegida socialmente, más desconfiada (lo que explica en buena parte la crisis de representación política que asola nuestras sociedades) y considerando la democracia como un sistema instrumental (somos demócratas siempre que la democracia resuelva nuestros problemas). Muchos ciudadanos expresan cotidianamente sus dudas de que los políticos, aquellos a los que eligen para que los representen en la vida pública, sean capaces de resolver los problemas colectivos. De cambiar la vida a mejor.

Además de la ruptura del contrato social tradicional, en la última década se ha aniquilado el pacto entre generaciones. No se cumple lo que hasta hace unas semanas decía un anuncio en la radio de una empresa privada de colocaciones: “Si estudias y te esfuerzas, podrás llegar a lo que quieras”. El historiador Niall Ferguson escribe que el mayor desafío que afrontan las democracias maduras es el de restaurar el contrato social entre generaciones, y Jed Bartlet, el presidente ficticio de EE UU en la serie televisiva El ala oeste de la Casa Blanca, comenta a su interlocutor: “Debemos dar a nuestros hijos más de lo que recibimos nosotros”. Este es el sentido progresista de la historia que se ha roto.

El estrago mayor que ha causado la Gran Recesión en nuestras sociedades ha sido el de truncar el futuro de una generación. O de más de una generación. Ha reducido brutalmente las expectativas materiales, y sobre todo emocionales, de muchos jóvenes que se sienten privados del futuro que se les había prometido. Se ha actualizado la llamada “curva del Gran Gatsby”, que explica que las oportunidades de los descendientes de una persona dependen mucho más de la situación socio­económica de sus antecesores que del esfuerzo personal propio. Ello conlleva la transmisión de privilegios más que la igualdad de oportunidades.

Muchas personas, millennials o mayores de 45 años que se han quedado por el camino, sobreviven en la incertidumbre, la frustración

Una joven envía un tuit que se hace viral, y que se pregunta: “¿Cómo hicieron nuestros padres para comprar una casa a los 30 años?, ¿eran narcos o qué?”. La Gran Recesión ha profundizado en los desequilibrios que ya existían antes de ella e introducido nuevas variables en el modelo; escenarios dominados por la inseguridad vital, que ya no es solo económica, sino cultural. Muchas personas, millennials o mayores de 45 años que se han quedado por el camino, sobreviven en la incertidumbre, la frustración y sin opciones laborales serias; no esperan grandes cosas del futuro, al que presuponen más amenazas que oportunidades, y que en buena medida no entienden. Estos jóvenes son los que han sido calificados como un “proletariado emocional” (José María Lasalle).

El nuevo contrato social habrá de tener en cuenta las transformaciones citadas y otros elementos que se han incorporado a las inquietudes centrales del planeta en que vivimos, como el cambio climático. El objetivo del mismo debería condensarse en la extensión de la democracia en una doble dirección: ampliar el perímetro de quienes participan en tomar las decisiones (ciudadanía política y civil) y extender el ámbito de decisión a los derechos económicos y sociales (ciudadanía económica) que determinan el bienestar ciudadano.