El Gobierno aparca el impuesto a la banca y aprobará solo el de transacciones financieras

Sánchez se declaró el pasado enero partidario de aplicar un nuevo impuesto a las entidades financieras con el fin de destinar lo recaudado a la reducción del déficit de la Seguridad Social, que cerró 2017 con un desfase de 18.800 millones de euros. La iniciativa no figuraba en los postulados del 30º Congreso del PSOE que se celebró tras la reelección de Sánchez como líder de los socialistas. Podemos e IU habían planteado anteriormente medidas similares, como llegó a recordar Pablo Iglesias: el secretario general de Podemos incluía en su programa para las elecciones generales de 2016 un “impuesto de solidaridad” a la banca. Incluso instó a los socialistas a presentar un propuesta conjunta en el Parlamento.

Debido a todos estos antecedentes Podemos recibió con malestar la falta de concreción de Sánchez sobre la aplicación del impuesto a la banca. “Si no quieren poner un impuesto a la banca nos tendrán que explicar qué privilegio fiscal se quita para sufragar medidas sociales”, expresó Pablo Echenique tras la reunión de la dirección de Podemos. El secretario de Organización insistió en que uno de los fundamentos de Podemos y sus confluencias es acabar con los privilegios fiscales. Para ello puso como ejemplo que impuestos como el IRPF y el IVA que afectan al ciudadano corriente han recaudado más durante la crisis mientras que el impuesto de sociedades recauda la mitad que hace diez años. “Las grandes corporaciones tienen privilegios fiscales y esperamos revertirlos en las negociaciones”, sentenció.

El responsable federal de Políticas Económicas de IU, Carlos Sánchez Mato, apuntó por su parte que “hay muchas vías para que la banca pague”. Estas pasarían, entre otros cambios, por “incluir reformas en el impuestos sobre sociedades”. El dirigente de IU, que también participa en las negociaciones con el Gobierno para los Presupuestos para 2019, subrayó que en los encuentros mantenidos percibía que el Ejecutivo “no era muy proclive” a incluir ahora el impuesto. “De poco valen políticas de gasto si el Gobierno se retrae en eliminar privilegios fiscales”, concluyó Sánchez Mato.

El principal socio del Gobierno reclama a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado la derogación de la Ley Mordaza o de la LOMCE, en sintonía con el PSOE, pero también mantiene otras exigencias más difíciles de cumplir. Entre ellas se encuentra la derogación de la reforma laboral del PP —Podemos no hizo referencia a la que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que también critica— y la publicación de la lista de beneficiados por la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro. El Gobierno, tras mostrarse partidario de la divulgación de los componentes de la lista, posteriormente subrayó que no era posible hacerlo con efectos retroactivos.

El partido de Pablo Iglesias confía en que no se prorroguen los presupuestos del PP, pero a cambio de su apoyo también pone como condición que se frene la burbuja en el alquiler, y quiere limitar los precios, opción que no comparte el Ejecutivo. Pese a las discrepancias, en Podemos destacan dos acuerdos concretos con el Gobierno: acabar con la capacidad de veto del Senado —donde el PP tiene mayoría absoluta— al techo de gasto y la senda de déficit y la subida de las pensiones.