Las trabajadoras invisibles del calzado español

El colectivo —inspirado en el movimiento de las kellys, las camareras de piso que se han asociado contra la explotación en los hoteles— reúne a más de 100 mujeres que han decidido denunciar las condiciones laborales en las que han estado trabajando. El 11 de julio llevaron sus reivindicaciones al Congreso y reclamaron al Gobierno que actúe para acabar con esta situación de “semiesclavitud” en un sector que se ha nutrido de la economía sumergida y que en 2017 facturó 2.200 millones solo en la Comunidad Valenciana.

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Las mujeres de la Asociación tienen casi todas más de 50 años. Isabel Matute, su presidenta, empezó a trabajar a los 14. Hoy tiene 57 y como Rico, apenas cotizó seis. “Antes, ni nos conocíamos”, recalca, “lo que impedía que nos organizásemos”. Matute asegura que también sufren “estrés, ansiedad y depresión” y las que denuncian, como ella, están en “las listas negras” de las empresas.

Sentada en una terraza de la plaza de las Chimeneas de Elche, Marisol Pérez, que solo cotizó tres años de los 23 que trabajó, cuenta que empezó a los 11. “Tuve dos contratos y en el segundo me bajaron a la mitad del sueldo”. Decían que cobraba mucho. Entre Rico, Matute y Pérez suman casi 100 años trabajados. Y, en cambio, juntas ahora no llegarían a los 15 que hacen falta para tener derecho a cobrar una pensión.

“Si yo paro, tú no andas”. Es su lema. La asociación, creada en abril, denuncia que el trabajo se hace en jornadas de diez horas en casas, talleres clandestinos y fábricas donde raramente perciben más de tres euros la hora. “Son la columna vertebral del calzado”, explica Josep-Antoni Ybarra, economista de la Universidad de Alicante y autor de un estudio en 2004 que reveló que el 88% de la producción se subcontrata a domicilio o en el extranjero y que más del 80% de la fuerza de trabajo lo hace en condiciones sumergidas. “Existe un volumen importante de gente que ha trabajado en el calzado y no tiene ningún derecho”, subraya. Su estudio es antiguo, pero es una referencia en el sector. Otro más reciente de la Universidad Miguel Hernández encargado por el Ayuntamiento de Elche cifra en un 40% la producción de calzado en el foco de la economía irregular.

Marian Cano, presidenta de la patronal valenciana Avecal, asegura que tienen constancia de las estimaciones sobre economía irregular pero que muchas proyecciones “no encajan”. “Creo que juzgar a todo un sector por casos aislados resulta injusto y estigmatiza al calzado de manera indebida”, señala por correo electrónico.

Cada mañana, los repartidores de la faena llegan en coche para entregar lo que deberá coser Rico. A pocos metros está el polígono de Carrús, donde se venden zapatos al por mayor y un poco más lejos, el parque empresarial que reúne a marcas como Mustang, Pikolinos, Panama Jack y Tempe, de Inditex.

Esta semana, Rico asegura que ha cobrado 78 euros. Sufre de vértigos, de la columna, tiene las manos envejecidas “y la vista, ni te cuento”. El trabajo de aparadora en casa, heredado del pasado, se expandió sobre todo en los años 60, “la época del baby boom en la que muchas tenían que cuidar de sus hijos”, narra Carmen Palomar, secretaria general de Comisiones Obreras en la comarca del Vinalopó-Vega Baja. Hoy, añade, hay más trabajo en talleres que a domicilio, aunque el convenio del calzado aún recoge esta modalidad y especifica que tienen derecho a 10% del salario para gastos generales del hogar. En los años 2000, la competencia de los mercados asiáticos provocó una grave crisis en la industria nacional. Se deslocalizó la producción y se intensificaron las subcontratas, lo que facilitó situaciones de clandestinidad.

La estatua de la Plaza de la Aparadora de Elche recuerda el rostro femenino del trabajo. Más de 22.000 personas siguen en la industria del calzado, concentrada en las localidades de Elche y Elda. La región produce la mitad del calzado de España y acapara el 43% de las exportaciones del sector. “En la provincia de Alicante, muchas empresas son pymes y micropymes, lo que facilita la economía sumergida”, agrega Palomar, de CC OO. En 2017, el sindicato tramitó 60 denuncias por este motivo.

Es una realidad cotidiana. Caminando hacia su casa, Rico señala un bajo: “Aquí hay un taller ilegal, donde están bajadas las persianas”. Pero su ejemplo está ayudando a otras mujeres de la comarca de La Vega Baja y de Villena. Los partidos —PSOE, Compromís y Podemos— han recogido sus demandas y presentado mociones de apoyo en el Ayuntamiento de Elche y proposiciones no de ley en las Cortes Valencianas y en Congreso de los Diputados. Piden que se les reconozcan los años trabajados y como las kellys, las enfermedades laborales. También quieren impulsar cooperativas para el relevo generacional. Desde Inspección de Trabajo en Alicante, anuncian que habrá una campaña específica para el calzado a partir de septiembre, que querrán enmarcar en el plan por el trabajo digno que el Gobierno aprobó el 27 de julio.

Rico sigue hablando mientras cose. “Es una pena porque en realidad es un trabajo muy bonito y creativo”, dice. Su hija se asoma en la puerta con su bebé recién nacido en los brazos. Tiene claro que no quiere trabajar en el calzado. ¿Por qué? “Porque no quiero terminar como mi madre”, sentencia.