Trabajo propone crear una fiscalía contra los delitos laborales

El plan de la Inspección por un trabajo digno comenzará a aplicarse a partir del 1 de agosto

Desde la izquierda: la ministra de Sanidad,Carmen Montón; la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá; la de Trabajo, Magdalena Valerio; y la de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet.JuanJo Martín (EFE) / EPV (EP)undefined

<a href="https://elpais.com/politica/2018/06/23/actualidad/1529773600_203119.html">El Gobierno ya ha dado luz verde al proyecto contra la explotación laboral</a>. El plan Por un trabajo digno constará de 75 medidas para combatir los fraudes del mercado laboral. Las primeras medidas se aplicarán a partir del 1 de agosto. Entonces se pondrán en marcha <a href="https://elpais.com/economia/2018/07/11/actualidad/1531337042_895988.html">dos planes de choque contra los abusos en la contratación temporal y en el empleo a tiempo parcial</a>. También se prevé reforzar los recursos y aumentar la plantilla de la Inspección. Entre las iniciativas que recoge el plan está la propuesta del Ministerio de Trabajo de crear de un fiscalía especializada en los delitos contra los derechos laborales.

Para luchar contra la precariedad laboral, el Ministerio de Trabajo propone, entre otras medidas, que la Inspección de Trabajo suscriba un convenio de colaboración con la fiscalía general del estado. En otro de los apartados del Plan director contra la precariedad laboral de 2018 a 2020 recoge la propuesta de crear una “fiscalía especializada en delitos contra los derechos de los trabajadores”, haciendo suya una de las alegaciones de UGT al primer borrador de la Inspección de Trabajo, adelantado por este diario.

“Hay que hablarlo y no será fácil. La Fiscalía suele ser estricta con esto”, admiten en el el Ministerio. Otras fuentes del mismo departamento recuerdan que hace años se creó una fiscalía especializada en siniestralidad laboral, esta centrada en la protección del “derecho a la vida y a la integridad física de los trabajadores”. La inciativa actual busca “combatir mejor” la lucha contra los delitos laborales “y sobre todo tendría un carácter disuasorio de este tipo de conductas”, apuntan en Trabajo. La propuesta se incluyó en textos posteriores, como anticipó El Independiente, y fue ratificada en el Consejo de Ministros.

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El código penal ya recoge en la actualidad, para estos casos, castigos que van de los tres meses de prisión a los seis años. Uno de estos delitos, por ejemplo, penaliza a quien “mediante engaño o abuso de situación de necesidad, imponga a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos [...] reconocidos en disposiciones legales, convenios colectivos o contratos”.

Para Fermín Yébenes, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, la iniciativa es importante. Basándose en la experiencia previa de la fiscalía contra la siniestralidad laboral, él apunta que podría ayudar a aumentar la sensibilidad de los fiscales hacia este tipo de delitos. Y señala, por ejemplo, a un concepto del código penal: “¿Qué es situación de necesidad? Si hay formación, podrán ser más receptivos”.

Más escéptica es la posición del Sindicato de Inspectores de Trabajo, que recuerda que el derecho penal "debe regirse por el principio de intervención mínima". Aunque esta organización valora la propuesta, también señala que "el procedimiento administrativo, bien sea a través de requerimientos o a través de expediente sancionadores, consigue una respuesta más rápida que a través de las instancias judiciales".

Este sindicato, en su valoración, reclama límites a la "controles eficaces de registro de jornada" y límites en el contrato de formación para evitar que "plantillas completas estén integradas por trabajadores en formación".

La propuesta de crear es fiscalía especializada es una de las 75 medidas del plan, que, según expuso Valerio al acabar el Consejo de Ministros, pretende “recuperar derechos laborales perdidos en los años de crisis”. También está en línea con la dirección en la que apunta todo el plan que busca acabar con “la situación actual en la que las actuaciones inspectoras no llevan aparejada una sanción y solo dan lugar, la mayoría de las veces, a la conversión de los contratos temporales en indefinidos”.

Capacidad de disuadir

La intención sería no tanto castigar y recaudar cuando se detectan las infracciones, apunta el propio texto del plan director, “sino disuadir”. Es decir, pretende que se extienda el temor a las actuaciones de la Inspección de Trabajo para acabar con fraudes de ley tan arraigados en el mercado laboral como el uso abusivo de los contratos temporales.

Además de la lucha contra la temporalidad o las jornadas parciales que son, en realidad, completas, también se señalan actuaciones en la subcontrataciones que comportan degradación de condiciones laborales o aumentar la presión sobre el recurso a la figura del falso autónomo.

Junto con el plan, Trabajo contempla incrementar la plantilla de entre el 20% y el 25%, sobre los casi 1.900 inspectores y subinspectores actuales. Calcula que en los próximos año habrá unas 400 bajas y estas se compensarán con 833 incorporaciones.

Para UGT y CC OO, la iniciativa va en la buena dirección pero es insuficiente. “Falta concreción en las medidas y plazos”, CC OO. “El plan está dotado de un buen diagnóstico, pero carece de medios”, abunda la central de Pepe Álvarez (UGT).

Por otra parte, el Consejo de Ministros también aprobó un decreto para igual en el acceso a las prestaciones por desempleo a quienes trabajan a tiempo parcial todos los días laborales con quienes lo hacen algunos días (fines de semana). El Tribunal de Justicia Europeo había señalado que la norma española penalizaba a estos últimos y que, además, era sexista ya que son principalmente mujeres quienes trabajan en este modalidad de empleo. Ahora “computará el periodo duranteel que el trabajador haya permanecido en alta, con independencia de que se hayan trabajado todos los días laborables, o solo parte de los mismos”. Este cambio afecta a unos 35.000 trabajadores.

Sobre la firma

Manuel V. Gómez

Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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