“Los impuestos en México tienen que aumentar y rebalancearse”

Santiago Levy (Ciudad de México, 1956) es uno de los altos funcionarios económicos más destacados y versátiles de las últimas décadas en México y padre de uno de los programas de transferencias condicionadas más útiles en el combate contra la pobreza extrema, Progresa (hoy Prospera). Fue presidente de la Comisión Federal de Competencia y subsecretario de Egresos durante los Gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo, ambos del PRI, y director general del Instituto Mexicano del Seguro Social en tiempos del panista Vicente Fox. Hoy muchos le sitúan cerca de asumir un cargo relevante en el futuro Gabinete del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (Morena, izquierda). Pero él no suelta prenda. "Quiero aportar al debate, independientemente de consideraciones políticas", dice por teléfono desde el cuartel general del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington —donde ejerce como vicepresidente—, pocos días después de presentar su último libro (Esfuerzos mal recompensados: la elusiva búsqueda de la prosperidad en México), una disección completa de lo que la segunda mayor economía de América Latina necesita cambiar para relanzar la competitividad y el crecimiento.

Pregunta. México ha seguido casi al pie de la letra la receta del FMI y la OCDE para crecer más: estabilidad macroeconómica, apertura comercial, reformas estructurales… Pero la productividad sigue estancada. ¿Qué ha ocurrido?

Respuesta. La mayor parte de los elementos de esa receta son pertinentes. Qué bueno que los ha aplicado, porque si no la situación sería peor. Lo que hubo fue un talón de Aquiles: un conjunto de incentivos microeconómicos al que tal vez no se le prestó atención, pero que acabó dominando el efecto de estas reformas y provocando que el aumento de la productividad y los salarios fuese cero y que México creciese mucho menos de lo que podría haber crecido.

P. ¿Cuáles son esos incentivos perversos?

R. En los últimos 20 años se han canalizado muchos recursos a las empresas menos productivas. El tamaño promedio de las compañías mexicanas se ha reducido: han crecido las pequeñas, más informales, y no las grandes, más formales y productivas. Los patrones de asignación de recursos han sido contrarios a lo que uno esperaría de una economía mercado, que debería eliminar a las empresas improductivas. En México eso no ha ocurrido: la firma más común tiene tres o cuatro trabajadores con parentesco entre sí.

P. ¿Qué hay detrás de ese fallo?

R. No hay un único factor, sino tres: el régimen laboral y de seguridad social, el tributario y el jurídico. Tenemos que lograr compatibilizar que los recursos se canalicen a las empresas más productivas con la construcción de un sistema de protección social que ayude, sobre todo, a quienes están en condiciones de pobreza. Se requieren un conjunto de cambios que permitan alcanzar los importantísimos objetivos sociales de dar cobertura de pensiones, salud y guarderías, con los que coincido al 110%. Pero no hacerlo a través de políticas que mandan a empresas y trabajadores la señal de que se achiquen y se informalicen. Los instrumentos laborales y fiscales que se han utilizado no han dado los resultados que se pretendían.

P. Defiende la universalización de la seguridad social.

R. Sí; es paradójico que un sistema que nació con objetivos de inclusión social haya acabado siendo altamente excluyente, del que se beneficia menos del 50% de la población. La segmentación, además, favorece a las empresas que tienen contratos no asalariados y castiga a las empresas con contratos asalariados, que son las más productivas. Universalizar la seguridad social es parte de la solución: lograría el objetivo de ofrecer protección contra riesgos, pero desvinculándola del estatus formal o informal de cada trabajado. Sería mucho más eficaz.

P. ¿Es factible fiscalmente?

R. Depende de muchos elementos, como los beneficios y la cobertura que ofrezca. Lo importante es darse cuenta de que el costo sobre el crecimiento de no universalizarla es altísimo para una sociedad que en dos décadas no ha conseguido aumentar su productividad. No minimiza esto que se tenga que hacer un esfuerzo fiscal.

P. ¿De qué forma?

R. La carga tributaria en México tiene que aumentar y se tiene que rebalancear: los impuestos sobre el trabajo son muy altos —los más altos de América Latina en relación al PIB— y los impuestos al consumo, muy bajos —los más bajos de la región respecto al PIB—. Se subsidia la baja productividad y se retiran incentivos para crecer: una empresa que vende menos de dos millones de pesos (105.000 dólares) al año paga un 2% de impuestos; en cambio, si factura un peso más, ya paga el 30%. Un gran número de empresas improductivas sobrevive solo porque el régimen fiscal le es favorable.

P. ¿Hay una tolerancia excesiva a la informalidad?

R. La mayor parte de la informalidad en México es perfectamente legal; eso es muy importante. Una empresa con trabajadores no asalariados no está obligada a registrar a inscribirlos en el Infonavit [el fondo federal para la vivienda, al que contribuyen los trabajadores formales], en el IMSS… Pero la discusión no está en su legalidad o ilegalidad: lo que hay que hacer es repensar el diseño de las políticas públicas.

P. México sigue siendo uno de los pocos países de la OCDE que no cuenta con un seguro de desempleo. ¿Lo ve necesario?

R. Sí. Reemplazar las disposiciones actuales sobre despido -reconociendo que las empresas tienen que ajustar su oferta de trabajo cuando hay un shock negativo- por un seguro de desempleo sería lo mejor para trabajadores y empresas.

P. ¿Le gusta la idea de la renta básica? ¿Le parece factible?

R. [Hablando] en abstracto, para Suecia o Finlandia, pudiera ser. Pero para el México de 2018 creo que no es lo más conveniente. Si tuviese cuatro o cinco puntos del PIB disponibles los usaría para arreglar todos estos problemas de mala asignación, para reducir los impuestos al trabajo o para mejorar la calidad del servicio médico, de las pensiones, de las guarderías... Tenemos grandes faltantes y los que más sufren por eso son los trabajadores de más bajos ingresos. Si no arreglamos eso antes, el país no va a crecer. Es una cuestión de prioridades.

P. En busca de razones del crecimiento bajo muchos economistas apelan a mantras como la educación o las infraestructuras. ¿Los comparte?

R. No todos. En América Latina y prácticamente en todo el mundo se habla de la educación y de las infraestructuras como parte de la lista de cosas a cambiar. Pero, en el caso de México, difiero en el mantra de que no crecemos porque no hay educación. La evidencia empírica indica que la educación no ha limitado el crecimiento de la productividad; no ha habido una escasez de trabajadores con más habilidades y los retornos a la educación siguen cayendo: el salario de un universitario respecto al de una persona que solo tiene la primaria es menor hoy que hace 20 años. De hecho, contrario a lo que se piensa, ha habido un incremento muy importante en el capital humano mexicano medido tanto en escolaridad como en calidad. Eso no quiere decir que no estemos lejos de la OCDE, pero sí que estamos mejor que hace dos décadas.

P. ¿Y en el caso de las infraestructuras?

R. Hemos hecho el ejercicio de comparar las 400.000 empresas que están en un radio de 16 kilómetros del Zócalo de la Ciudad de México —que son las que disponen de mejor infraestructura física, telecomunicaciones y acceso al sistema financiero— con el resto. Y el resultado es que su grado de informalidad es similar. La infraestructura no es razón, por tanto, de la mala asignación de recursos.

P. ¿Ha sido positiva la inserción de México en la economía mundial, sobre todo con la firma del TLC en 1994?

R. El problema es que las ganancias de eficiencia que ha generado el libre comercio, valiosas e importantes, operan solamente sobre el sector manufacturero, que no es tan grande. Los beneficios de la inserción de México en el comercio internacional no han sido lo suficientemente potentes como para contrarrestar fuerzas internas que nada tienen que ver, como el régimen laboral o fiscal.