El jamón caducado, en busca y captura

Los recientes hallazgos en Extremadura y Valencia de cientos de toneladas de jamón, embutido y otros productos cárnicos caducados o en mal estado, con anomalías en las etiquetas o en la documentación de trazabilidad han dado inicio a un operativo de la Guardia Civil “a nivel nacional” que implica a las comandancias de varias comunidades autónomas. Por el momento, hay abiertos dos casos en sendos juzgados de esas dos regiones por delitos contra la salud pública y estafa en los que se investiga al menos a diez sociedades y un número indefinido de personas, pero no se descartan nuevas actuaciones en otros territorios a medida que avancen las investigaciones. De hecho, las fuerzas del orden han hallado partidas similares en Granada y Mallorca recientemente.

Las fuentes judiciales y policiales consultadas mantienen una gran reserva sobre el asunto, al tratarse de investigaciones abiertas. Se intenta determinar cuáles son las empresas implicadas -por el momento son diez las investigadas, cuatro en Extremadura, cinco en Valencia y otra en Andalucía- y sus relaciones y responsables. Se investigan delitos contra la salud pública, por la carne en mal estado -no hay constancia de ningún intoxicado-, así como los de estafa y falsedad documental por la manipulación de los documentos que acreditan la trazabilidad de la carne o el etiquetado, para enmascarar y tratar de poner de nuevo en circulación productos cuya fecha de consumo preferente ha expirado y deben ser destruidos.

Una vez que un producto cárnico alcanza su caducidad, hay empresas especializadas que se encargan de la destrucción -incineración- de lo que se conoce como SANDACH (subproductos alimenticios no destinados al consumo humano). Es en ese punto cuando intervienen las empresas implicadas, haciéndose con los productos bien en puntos de venta cuando caducan o poco antes, o en las productoras, ya que es habitual que estas mismas acuerden con los distribuidores la recogida del producto no vendido. Luego lo almacenaban en naves donde se adecentaban y reetiquetaban.

De camino hacia una de estas naves la Guardia Civil interceptó el pasado 26 de junio un camión cargado de jamones. La patrulla que lo paró localizó después una nave frigorífica en la que se almacenaban 10.700 jamones y otros productos porcinos “en mal estado de conservación”, caducados y con anomalías en el etiquetado, según fuentes de la Junta andaluza. Aunque por el momento se considera un caso independiente, la Guardia Civil y el Gobierno andaluz investigan el origen de la mercancía y al inquilino de la nave para dilucidar si existe relación con los casos de Valencia y Extremadura. Alrededor de una cuarta parte de la mercancía, visiblemente en mal estado, ha sido destruida y el resto, que tampoco es apta para el consumo, está inmovilizado a la espera de su destrucción. Se ha cerrado el almacén y parte de la empresa granadina de donde procedían los jamones. Hay abierta una investigación por un posible delito contra la salud pública.

Ese delito y los de estafa y falsedad documental son los que investiga la jueza Francisca Valverde, titular del juzgado de Fregenal de la Sierra, un pueblo del sur de la provincia de Badajoz, una zona rica en industrias jamoneras. La jueza abrió un procedimiento en septiembre de 2017, después de que agentes del SEPRONA de Cáceres y veterinarios del Servicio Extremeño de Salud inspeccionaran, tras la denuncia de un antiguo empleado, una nave en la localidad de Malpartida de Plasencia (Cáceres). En esta nave, según la fiscalía de Badajoz, se decomisó y se ordenó la destrucción de 98.000 kilos de productos cárnicos por “putrefacción”, “pérdida de las características organolépticas exigidas para su comercialización” o “falta de trazabilidad”. En este punto, la junta de Extremadura solo habla de “carne de procedencia no identificada que además incumple las normas sobre etiquetado”. Otras 22 toneladas de productos, en muchos casos sin etiquetar, fueron inmovilizadas hasta que quedase acreditado el origen.

A raíz de este hallazgo, siempre según la fiscalía, se acudió, ya en agosto, a otras dos empresas en Higuera la Real y Oliva de la Frontera (Badajoz). La inspección de estas dos sociedades concluyó con la inmovilización para su destrucción de 177 toneladas de productos cárnicos. En total, según fuentes judiciales, los servicios de salud extremeños han destruido unas 300 toneladas y se ha intervenido abundante documentación. La jueza ha tomado ya declaración a 10 personas de cuatro sociedades en calidad de investigados.

Pese a la cantidad de carne intervenida, la investigación extremeña no se hizo pública hasta el pasado 23 de junio, cuando, tirando del hilo, la Guardia Civil registra varias naves en las localidades valencianas de Alzira, Bocairent, Real de Montroy y Cheste. En los registros, los agentes inmovilizan 500 toneladas de productos cárnicos, pendientes de una orden judicial de destrucción. Hay jamones, paquetes de embutidos loncheados y otras piezas. Al contrario que sus colegas extremeños, la consellería de Salud de la Generalitat Valenciana decreta una alerta sanitaria tras comprobar que alguna partida de carne caducada o con problemas de etiquetado ha salido al mercado -de hecho interviene productos en algunos puntos de venta. La alerta se mantiene abierta -afecta a toda la UE- y se recomienda no consumir embutidos de las siguientes marcas: Jamón Bodega Alto de Aitana, Jamón Bodega Sierra Gorda, Aire de Mariola, Serranía de Ameta, El Galán, Jamones Croval, Don Enrique y Oro la Ermita.

El juzgado número 3 de Alzira ha abierto una causa por delitos contra la salud pública, a la espera de recibir informes de la Guardia Civil para “determinar qué empresas participan en la trama” y citar a los investigados, indican fuentes judiciales. Por el momento, se ha suspendido de actividad a cinco empresas y se ha realizado un “control especial” a otras nueve, según el Gobierno valenciano, que además ha inspeccionado “multitud” de establecimientos de distribución y venta.