El acuerdo entre Ayuso y los rectores, tan celebrado como vacío

Este lunes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los rectores firmaron un acuerdo de financiación plurianual, con toda la pompa y formalidad que se da a un tratado de paz entre naciones en guerra. De esta manera, Ayuso pretende cerrar el duro enfrentamiento con toda la comunidad universitaria, que abrieron los propios rectores en abril de 2024, al denunciar la asfixia financiera que estaba llevando a la universidad pública madrileña a la ruina; dos años de protestas, manifestaciones y huelgas en los que el Gobierno autonómico pensó que poniendo algunos parches presupuestarios la situación se calmaría. Sin embargo, topó, con sorpresa, con la tenacidad de la comunidad universitaria. Había convertido la cuestión en uno de los conflictos estrella de la legislatura.

Obviamente, Ayuso no podía permitirse el lujo de entrar en periodo electoral con esta confrontación abierta y ha tenido que ceder, a pesar de su mayoría absoluta y sus bien pagados apoyos mediáticos, ante el empuje de profesores, alumnos y trabajadores de la universidad pública, no sin antes convertir al exconsejero de Educación Emilio Viciana en chivo expiatorio para intentar tapar su responsabilidad. ¡Qué trabajo cuesta arrancarle a este Gobierno autonómico lo mínimo imprescindible para que los campus públicos sobrevivan! ¡Y qué tres años desperdiciados de los que nadie nos va a devolver el talento perdido, las infraestructuras deterioradas y los proyectos de investigación abortados!

Pero, bueno, felicitémonos por esta victoria, por parcial que pueda ser, que se une a la paralización de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). El Ejecutivo autonómico habrá aprendido que, a pesar de su autoritarismo, no es invencible y la ciudadanía organizada puede ganarle un pulso. Es aún pronto para valorar el acuerdo. Ya se ha puesto media comunidad universitaria a desentrañarlo porque así, a primera vista, los números no salen para nada, y no sería la primera vez que un juego de trileros contable deja la cantidad final en mucho menos de lo anunciado, y mucho nos tememos que el aumento coincida casualmente con la disminución de otras partidas, como la del Plan Regional de Investigación, Ciencia y Tecnología (PRICIT), aunque no, por supuesto, de los pagos millonarios a Quirón, claro.

Hasta ahora, es imposible saber cuánto dinero realmente va a poner el Gobierno de Ayuso y cómo va a crecer año a año porque no se puede cruzar ni contrastar ninguna cifra. Solo esperamos que lo que firmen los rectores tenga valor jurídico para que, en caso de incumplimiento, como sucedió con Esperanza Aguirre, pueda ser llevado a los tribunales.

En todo caso, aun suponiendo que las cantidades anunciadas dieran para salir del déficit estructural, sí parecen claras algunas cosas: las universidades tendrán que conseguir el 17% del aumento, lo cual es muy difícil. El reparto está muy desequilibrado entre estas. La financiación está supeditada a planes económicos financieros que obligan a los campus, especialmente a los de la Complutense y la Rey Juan Carlos, a amortizar plazas de jubilación y recortar en gasto corriente. Por tanto, se imposibilita el aumento de vacantes en las titulaciones más demandadas y los másteres habilitantes. De esta forma, “el modelo Ayuso”, el de dejar ancho campo a la universidad privada, no se toca ni un ápice con este acuerdo.

Sea como fuere, la superación del déficit, no será, como mínimo, hasta dentro de tres o cuatro años, por lo que el malestar de la universidad, la precariedad, la falta de plazas, los problemas de infraestructuras y la escasez de material, entre otras cuestiones, van a continuar muy presentes en la vida cotidiana. Igual el plan de apaciguar los campus y de que sean los rectores los que se “coman” internamente las protestas, sacando a Ayuso del conflicto, no les sale tan bien como esperan.