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Hacienda incluirá en la lista de morosos también a los administradores de las empresas

La ministra Montero recupera una medida que su predecesor trató de poner en marcha

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció este miércoles en el Congreso que incluirá en la lista de morosos con la Agencia Tributaria a los administradores de las empresas deudoras. Avanzó también que aprobará en breve,  "de forma inminente", una ley contra el fraude fiscal junto a un paquete de medidas con la subida del impuesto de sociedades solo para las grandes empresas, la tasa Google y los nuevos impuestos ecológicos. Para más adelante, dejará el tributo a la banca. "Es hora de políticas redistributivas, equitativas, solidarias, que construyan una sociedad que proteja, nivele y reparta", dijo.

La ministra de Hacienda Maria Jesus Montero. FOTO: EL PAÍS / VÍDEO: ATLAS

Durante su primera intervención en la comisión de Hacienda en el Congreso, Montero pronunció un discurso con una importante carga política. Quería marcar la nueva línea política sobre el anterior Gobierno del PP. Y al tiempo que ha criticado la forma de gestionar la crisis del anterior Gobierno, a través de la austeridad, ha defendido la necesidad de impulsar políticas redistributivas. "El problema de la crisis no era de gasto. Era un problema de ingresos. Tenemos un gasto público cinco o seis puntos del PIB más bajo que los países de nuestro entorno", ha manifestado. Para ello, ha avanzado que los Presupuestos de 2019 contendrán medidas para reforzar los servicios públicos fundamentales. “Que sean más robustos, más inclusivos y más envolventes”, dijo.

Montero describió las políticas que marcarán su gestión. "Es el momento de hacer políticas sociales y de poner a los ciudadanos en el centro para diseñar un futuro más justo para todos y todas", subrayó. Entre las novedades adelantó que publicará el nombre de los directivos y responsables solidarios de las empresas deudoras con el fisco. También desgranó que publicará una lista de los paraísos fiscales en línea con la iniciativa europea y en medidas para “luchar contra las prácticas inadecuadas de compañías internacionales para evitar una planificación fiscal agresiva para garantizar que tributan allí donde generan valor”.

La Agencia Tributaria publica desde 2015 la lista de morosos, se trata de una relación de empresas y contribuyentes con deudas con Hacienda de más de un millón de euros, y que no estén aplazadas ni suspendidas. Hace un par de semanas se publicó la cuarta edición de este catálogo de deudores con el fisco, donde destacaron nombres como el ex presidente de Bankia y ex vicepresidente del Gobierno de Aznar, Rodrigo Rato, o el cantante Miguel Bosé.

La publicación de los nombres de los directivos y administradores de empresas morosas no es una idea nueva. Ya lo intentó el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. De hecho, en 2017 se comprometió a ello con Bruselas. Calculó que con esta publicación podría recaudar unos 150 millones de euros, por efectos inducidos. Pero finalmente abandonó la idea para evitar nuevas polémicas ante la consecución de las elecciones de 2015 y 2016 y, sobre todo, al encontrar algunos obstáculos legales para publicar los nombres de esos ejecutivos, ya que obligaba a modificar el artículo 95 de la Ley General Tributaria, que establece el carácter reservado de los datos tributarios.

Alternativas para el tipo mínimo del 15% en sociedades

Entre las medidas que aprobará "de forma inminente" está la reforma del impuesto de sociedades. “Nuestra intención es traer a la Cámara cuanto antes un paquete de cambios fiscales que está en la linea con lo que reclama la UE”, indico. “Se trata de medidas fiscales orientadas a las grandes empresas, que no van a afectar a los contribuyentes. No vamos a tocar los impuestos de las clases trabajadoras, ni de las clases medias”, advirtió al tiempo que detalló que abordará la reforma fiscal en dos tramos, una fase más inmediata y otra con un desarrollo normativo posterior.

Una de las primeras medidas tributarias que pretende sacar adelante la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es la reforma del impuesto de sociedades. “Está entre lo más inmediato”, reconoció durante su intervención en el Congreso. “Se trata de intentar acercar el tipo teórico impositivo —que ronda el 12%, según avanzó esta misma semana la ministra— al tipo real (25%). No va a afectar ni a las pymes ni a las empresas medianas. Es una medida para que las grandes corporaciones, las grandes empresas, aporten más”, describió la titular de Hacienda. El plan inicial del Gobierno de Pedro Sánchez consistía en establecer un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. De hecho, la ministra matizó esta misma semana que limitaría las deducciones y exenciones a aquellas empresas con un tipo efectivo inferior al 15%.

Pero Hacienda aún no tiene claro cómo lo hará. En primer lugar, el cálculo del tipo efectivo genera controversias. Algunos expertos advierten del riesgo de incluir los dividendos de las filiales extranjeras en el cálculo de los resultados, porque estas ya pagan en otros países. Además, si se estableciera un tipo mínimo obligaría al Gobierno a revisar varios convenios internacionales de doble imposición y otros acuerdos internacionales. Así se lo advirtió el diputado de Ciudadanos, Francisco de la Torre, a la ministra. Este parlamentario explica que el 70% de los beneficios de las empresas del Ibex proceden de sus filiales en el extranjero. Y advierte de que si suben los tipos, las multinacionales españolas dejarán los beneficios de sus filiales embolsadas en sus países de origen. Tal y como ocurrió en Estados Unidos con Apple, que llegó a acumular cerca de 225.000 millones de euros en el extranjero porque repatriarlos a EE UU le costaba una fortuna en impuestos. De la Torre recuerda, además, que subir el tipo efectivo afectaría a un montón de convenios de doble imposición.

Por eso, Hacienda busca alternativas para cumplir su promesa de que las grandes empresas contribuyan más al sistema tributario. Entre las opciones que maneja está limitar algunas deducciones o exenciones. La idea es obtener unos 4.000 millones de euros más de este impuesto que el año pasado cosechó cerca de 23.000 millones de euros.

Tasa para Uber o Airbnb

En el primer momento aprobará la denominada tasa Google, el impuesto sobre actividades digitales. "Piensen en lo que ingresan determinadas empresas con la venta de publicidad online. O directamente con venta de datos proporcionada por el usuario", ha añadido.

Este impuesto, impulsado por Bruselas, tendrá un gravamen de entre el 5% y el 8% sobre determinadas operaciones de las tecnológicas que tengan una facturación mundial de más de 750 millones de euros y de 50 millones en Europa. Para crear el nuevo tributo será necesario aprobar una nueva ley. El impuesto gravará las actividades procedentes los beneficios que obtienen estas corporaciones (Google, Facebook, Apple) por la venta de los datos de los usuarios a través de la publicidad o por la venta de esos datos a otros. El plan inicial de la UE es que también se estableciera un gravamen a las plataformas de intermediación de la nueva economía colaborativa como Uber o Airbnb.

"Otra de las líneas importantes es la adaptación de la nueva normativa fiscal, que se está quedando obsoletas", ha añadido Montero que ha citado a Bertolt Brecht: "Las crisis se producen cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer". En ese sentido, también ha anunciado nuevos impuestos medioambientales. "No tienen carácter recaudatorio, sino disuasorio". Y ha apuntado: "Todas estas propuestas no podrán afectar ni a autónomos ni a profesionales. Se hará para cambiar una sociedad que piense en el futuro".

Para más adelante dejará el impuesto a la banca. "El impuesto sobre el sector bancario se hará en línea con lo que se está trabajando en Europa". Montero insistió en que el Ejecutivo sigue "explorando" diferentes alternativas para establecer el impuesto a la banca "para que este sector haga una contribución efectiva en términos tributarios".

"Mejoras en la financiación autonómica"

La ministra de Hacienda también reconoció que no podrá abordar la reforma de la financiación autonómica durante esta legislatura. "No dará tiempo". justificó. María Jesús Montero reafirmó durante su intervención su "firme vocación autonomista" y se limitó a anunciar "mejoras efectivas"  en la financiación de las comunidades.

En su comparencia en la Comisión de Hacienda insistió en la necesidad de mejorar los recursos para las comunidades autónomas “para garantizar el Estado de Bienestar” y “reforzar el modelo constitucional”. Montero ha aludido a una de sus clásicas reivindicaciones cuando era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía. "Es injusto" y "desproporcionado" el reparto de los objetivos de estabilidad que ha llevado a las autonomías a un ajuste "más duro" que el acometido por el Estado.

Respecto a las reestructuraciones de la deuda autonómica —el 70% de la deuda regional es con el Estado, al que deben unos 170.000 millones— Montero descartó que vayan a ser sustitutivas de la reforma de financiación autonómica. Y señaló que esta medida para alargar los plazos de devolución y abaratar los tipos de interés deben ser "compatibles" con los avances en la reforma.

Montero ha anunciado la creación de un grupo de trabajo por áreas de la financiación autonómica en el seno del Consejo de Política Fiscal y FInanciera (CPFF). En ese sentido, también avanzó que modificará el funcionamiento de este cónclave entre Hacienda y las consejerias de FInanzas regionales para que "la voz y el voto de las comundiades autónomas sea más efectivo".

Respecto a la financiación local, la ministra de Hacienda ha asegurado que trabaja para que los ayuntamientos recuperen competencias y puedan tener un papel más relevante en el gasto social. Reconoció que la actual regla de gasto ha constreñido a comunidades y ayuntamientos y “no se ha aplicado en el momento del ciclo económico oportuno”.