El Defensor del Pueblo: “El ascensor social ha cambiado de sentido, arrecia la desigualdad social”

El Defensor del Pueblo dibuja un panorama desolador sobre las consecuencias de los recortes sociales por la crisis y augura una fractura social irreconciliable si no se da un giro en las políticas redistributivas de la riqueza. En el Informe anual sobre la crisis económica y desigualdad, que ha presentado este lunes en el Congreso de los Diputados, la institución señala que el retroceso que se ha experimentado en las prestaciones y los servicios sociales "no se ha compensado con nuevas políticas, ni con mejoras de las ya existentes".

El Defensor del Pueblo denunció ayer en el Congreso que la aplicación de las medidas de austeridad durante la crisis ha generado “un pozo de desigualdad sin precedentes y ha dañado al entramado institucional”. Y, además, añade que la mera salida de la crisis no reduce esta tendencia y que debe “corregirse con una política activa y decidida de redistribución de la renta”, así como con la reforma del sistema de financiación autonómico.

Según el Informe Anual, "en España el ascensor social ha cambiado de sentido. El Estado social se está reconvirtiendo: los derechos civiles y los derechos sociales se reducen. Ahora arrecia la desigualdad, con el agravante de que la amenaza de exclusión ha ampliado su perímetro, yendo más allá de los tradicionales marginados".

Para el Defensor del Pueblo, dirigido por el socialista Francisco Fernández Marugán, si no se cambia esta política, "los conflictos de esta sociedad empobrecida darán lugar, con probabilidad, a más altos antagonismos, en lugar de a unos nuevos consensos".

Y precisamente ahora las pensiones son el último ejemplo de la conflictividad. Sobre este asunto, afirma que "una cuasi congelación de las pensiones durante años", es una fórmula que "ha de suponer un empobrecimiento constante de todos los pensionistas, lo que podría suscitar dudas con la previsión constitucional que insta a los poderes públicos a garantizar "mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad", recuerda el Defensor citando el artículo 50 de la Constitución.

De hecho, la institución recibió el año pasado casi 45.200 firmas (de ellas 13.016 y 7.176 procedían de los defensores autonómicos de Galicia y Aragón) solicitando la convocatoria de un referéndum para una reforma constitucional que establezca el carácter público de las pensiones y su revalorización automática.

"Estas peticiones han sido constantes desde el año 2013 y en todas las ocasiones se ha dado traslado de su contenido a la presidencia del Congreso y del Senado. La intención principal de este colectivo es suscitar un debate sobre el modelo de pensiones y sus posibilidades de proyección

futura, cuestión que deberá debatirse en el marco de la Comisión del Pacto de Toledo, con el mayor consenso posible", explica.

Transferencia de renta a los de arriba

En su descripción de lo ocurrido entre 2008 y 2015, el Defensor afirma que en España "se produjo una transferencia de renta desde la parte inferior y media de la sociedad hacia la parte alta. Por ello, el bienestar de los españoles pierde, con el estallido de la crisis, buena parte de lo que había ganado entre 1986 y 2007". Y lo cifra: "El 20 % de la sociedad española con menos renta experimentó una caída de sus ingresos", que llegó a ser del 15% en los hogares con menores ingresos.

Y las consecuencias son muy duras: "Carece de sentido político pretender que se acepte la existencia de una mejora económica sin un mayor bienestar y con menos derechos. La crisis ha dado origen a un pozo de desigualdad sin precedentes. El golpe que en muchos hogares se recibió fue tan contundente que hizo que las clases medias se sintieran amenazadas, pues el impacto que les llegaba podía llevarlos hacia la pobreza. A los pobres de toda la vida, el empujón que experimentaron les desplazó directamente hacia las zonas de exclusión".

Y explica que todo esto no ha sido inevitable o casual, sino producto de "unas políticas concretas y específicas que han actuado como un corrosivo, dañando al entramado institucional y a la cohesión social. Por ello, hay que actuar para hacerlas retroceder".

Tras describir los recortes de 5.341 millones en gasto sanitario entre 2009 y 2016 y de 4.778 millones en educación en el mismo periodo, "con una pérdida de calidad manifiesta en estos servicios", "resulta de urgente necesidad la reforma del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas".

Compensación a los accionistas del Popular

La amenaza para la sociedad es que afloren los problemas "que están debajo de la bella normalidad: el envejecimiento de la población, el endeudamiento público y privado, la desigualdad, la pobreza, la exclusión social o el bajo crecimiento de la productividad". El Defensor recuerda el dato de Cáritas, sobre que "el 70 % de los hogares no han percibido que los efectos de la recuperación les hayan alcanzado". Por eso, concluye que "el elevado nivel de paro y un empleo plagado de bajas salariales y de excesiva precariedad, no permiten que desde esos hogares se pueda hablar de progreso social. El precariado tropieza con una sociedad democrática, en la que resulta difícilmente asumible dejar a un porcentaje significativo de ciudadanos en el borde de la cuneta".

El Defensor del Pueblo ha formulado una recomendación a la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa para que inste a Santander a valorar la creación de una solución extrajudicial para los accionistas minoritarios y los titulares de deuda subordinada de Popular que perdieron su inversión antes de su resolución.

En su informe anual de 2017, el Defensor del Pueblo recoge esta recomendación sobre Santander, que ya diseñó una compensación para los accionistas que acudieron a la ampliación de capital de 2016, a cambio de renunciar a emprender acciones judiciales contra el banco. El Defensor del Pueblo cree que "la falta de información ha generado indefensión a los accionistas minoristas y a los titulares de deuda subordinada, por ello se ha formulado una Recomendación a la Secretaría de Estado de Economía para que se inste al Banco Santander a valorar la posibilidad de facilitar una solución extrajudicial a los accionistas minoristas y a los titulares de deuda subordinada", sin concretar más.