Las quejas por el bajo salario mínimo en México llegan a la CIDH

El salario mínimo en México no alcanza para vivir. Esta fue la demanda que María de la Luz Gregorio llevó ante el Tribunal de la Suprema Corte de Justicia en febrero de 2016. La mujer, que estaba a punto de cumplir los 50 años y limpiaba en un hostal restaurante de la Ciudad de México, presentó una demanda en contra del decreto que fijaba el salario mínimo diario: en aquel entonces, 73 pesos (3,9 dólares). Ese era su sueldo, que no le permitía mantenerse económicamente. Ni ella misma ni, por supuesto, su familia.

Más información

Vidas bajo mínimos en la Ciudad de México

Gobierno, sindicatos y empresarios mexicanos pactan una subida del salario mínimo

El camino en los juzgados fue una carrera de obstáculos que se prolongó durante meses. Los tribunales locales sobreseyeron la petición por considerar que fue presentado fuera de tiempo y, como respuesta, ella presentó un recurso de revisión. Finalmente, en mayo de 2017 la Suprema Corte de Justicia le negó el amparo, aunque reconociendo en su resolución que el salario mínimo mexicano es un "derecho social".

En el protocolo adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos y Sociales se consagra el derecho de obtener los medios para una vida digna y decorosa a través de una actividad lícita y una remuneración que asegure condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo por trabajo igual, sin distinción.

Con este antecedente, casi 70 organizaciones civiles han pedido este jueves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que atienda el caso de Luz y revise el nivel del salario mínimo en México, que este año supera por poco los 88 pesos (4,7 dólares) diarios, una cantidad que inferior al coste de la canasta básica de consumo. Los colectivos también entregarán un informe al Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU con el acento especial en los riesgos de mantener este nivel de sueldos para los trabajadores.

Los representantes de la sociedad civil entre los que figura el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), la Unión Social de Empresarios de México, el Centro de Análisis e Investigaciones Fundar, entre otras, aseguran que, pese a las más recientes alzas decretadas por el Gobierno mexicano, el salario mínimo contraviene la Constitución al ser insuficiente para garantizar un sustento mínimo para los empleados y sus familias. En América Latina, México es el tercer país con el salario mínimo más bajo, solo por detrás de El Salvador y Nicaragua.

Las cifras oficiales confirman la realidad de escasez a la que se enfrentan unos siete millones de trabajadores que reciben este sueldo en México. Según las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), un mexicano necesita un ingreso de al menos 99 pesos (5,25 dólares) diarios para cubrir sus necesidades básicas: alimentación, aseo, vivienda, transporte, vestido y educación. Una cifra que solo tiene en cuenta el coste de mantenerse una persona —y no una familia, como tiene a su cargo la mayoría de trabajadores— y que supera en un 11% al suelo salarial vigente hoy.

Rogelio Gómez, integrante de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, cree que el salario mínimo atrapa a los trabajadores en una "espiral de pobreza" que se ha agudizado en los últimos años. En 2012, según las cifras del Coneval, había 60,6 millones de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar. En 2016 esa cifra se había incrementado hasta los 62,2 millones de mexicanos.

Las citadas organizaciones sociales ya habían acudido anteriormente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la ONU. “Son acciones ante instancias internacionales que le exigen al Estado mexicano una respuesta concreta y que, por tanto, no solo resolvería el caso de Luz: también resolverían un caso generalizado de todas aquellas personas que ganan el salario mínimo”, apunta Roberto Vélez, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

Lejos de las voces opositoras, que advierten de un riesgo de inflación de o una pérdida de competitividad en México derivado de un alza en los sueldos de los trabajadores, los representantes de las organizaciones civiles han indicado que personas con mejores condiciones de vida podrán incidir en otros sectores productivos y generarían una mayor cohesión social. Entre los colectivos que respaldan la petición hecha a la CIDH también están el Patronato Pro Mazahua, Oxfam, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp), la Alianza Fundaciones Comunitarias México, Youthbuild Internacional México, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadac), entre otros.

Todo un frente social que inició con una sola voz: la de María de la Luz Gregorio. Las organizaciones sociales en favor de un salario mínimo más alto esperan en que esta primera demanda se convierta en una bola de nieve que culmine en un nuevo ajuste al alza en una figura clave para erradicar la pobreza. Luz ya hizo su parte, un buen número de organizaciones civiles la respaldan y ahora le toca el turno a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las manecillas del reloj siguen su marcha.