Gobierno, sindicatos y empresarios mexicanos pactan una subida del salario mínimo
Los cuatro dólares actuales sitúan a México como el tercer país de América Latina con el suelo salarial más bajo. El porcentaje de incremento aún no ha sido concretado
El salario mínimo en México, el más bajo de la OCDE y uno de los más reducidos de América Latina, subirá en los próximos días. Gobierno, sindicatos y empresarios han acordado este miércoles un aumento en el suelo salarial mexicano para alinearlo con las necesidades más básicas de sus receptores, pero no han hecho pública su nueva cuantía. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) —el órgano que reúne a todos los agentes sociales mexicanos— sí ha anunciado que seguirá la misma fórmula utilizada el año pasado: en los próximos días fijará un aumento en pesos y a final de año sumará un segundo incremento en porcentaje. Hoy, el salario mínimo en México es de poco más de 80 pesos (4,2 dólares al tipo de cambio actual) diarios y no da para cubrir los gastos del día a día de una persona.
El aumento era un imperativo moral: pese a ser uno de los países más prósperos de Latinoamérica, México tiene el tercer salario mínimo real —teniendo en cuenta el poder adquisitivo en cada país— más bajo de la región, solo por delante de Nicaragua y Venezuela. También el más bajo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el think tank que reúne a las economías avanzadas. Solo seis de cada diez nuevos puestos de trabajo creados en México son de tiempo completo y proporcionan un nivel de ingresos suficiente para que el trabajador pueda satisfacer sus necesidades del día a día. A eso hay que añadir la presión inflacionista: la subida de los precios, superior al 6% en septiembre, castiga con mayor crudeza a las capas más pobres de la población.
El aumento del salario mínimo el año pasado, cuando subió siete pesos (de 73 a 80 pesos al día), no tuvo efectos perniciosos sobre la economía, según la mayoría de académicos que han estudiado el tema en profundidad. En contra de lo que auguraban algunos, la subida no provocó incrementos proporcionales en el resto de salarios —el denominado efecto faro—. Tampoco afectó a la inflación ni empujó a trabajadores a la informalidad. Y, dadas las buenas cifras de creación de empleo en lo que va de año, también se puede concluir que no desaceleró su ritmo de crecimiento.
La patronal Coparmex, paradójicamente uno de los agentes sociales que más ha empujado en los últimos meses en el seno de la Conasami para que se produjese el aumento, pide que el nuevo salario mínimo sea de 95,2 pesos (5 dólares) al día para que todas las personas que trabajan en la economía formal "obtengan, al menos, el 100%" de la suma requerida para satisfacer sus necesidades más básicas. Su propuesta no difiere mucho de la de los trabajadores —las organizaciones que representan a estos últimos pedían que el nuevo salario mínimo superase los 100 pesos (5,2 dólares) diarios—, pero se espera que la cifra final esté más cerca de la propuesta patronal que de la sindical.
Los 80 pesos actuales apenas alcanzan para cubrir el 84% de las necesidades que establece la línea de bienestar del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). “El retraso en el alineamiento del salario mínimo a la línea de bienestar ha sido injustificado. Ahora, el reto de México no es solo crear 1,2 millones de puestos de trabajo cada año, sino que sean empleos de calidad”, subraya la Coparmex en un comunicado.
En la misma línea, en junio pasado un nutrido grupo de académicos y representantes de la sociedad civil mexicana exigió que el salario mínimo subiese hasta los 94 pesos. La propuesta, respaldada por la asociación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, la Unión Social de Empresarios de México y Oxfam, y por 118 personalidades –entre otros el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Ramón de la Fuente, y economistas como Luis de la Calle, Gerardo Esquivel, Rolando Cordera o Jonathan Heath–, subrayaba que las condiciones económicas “permitían y respaldaban” la subida. “No hay razones para posponerlo”, zanjaban. Con más de cuatro meses de retraso, sus súplicas son finalmente escuchadas; ahora solo falta saber si la nueva cuantía va acorde a lo solicitado.
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