El salario mínimo en México, uno de los más bajos de América, llega a la Suprema Corte de Justicia

A punto de cumplir cincuenta años, María de la Luz Gregorio viaja cada día entre cuatro y cinco horas para ir al trabajo y volver a casa. Limpia en un hostal restaurante del centro de la Ciudad de México. Gana el salario mínimo, 73 pesos. Tres dólares y medio al día. Como no le da, completa su jornal limpiando casas.

Un día el pasado enero, la señora Gregorio entabló conversación con unos clientes del restaurante. Eran abogados. Les trasladó su preocupación. Aún estoy fuerte y puedo trabajar, les dijo, pero yo, cobrando el salario mínimo, ¿qué pensión voy a tener? ¿Qué voy a hacer cuando ya no pueda venir a trabajar?

En México hay siete millones de trabajadores que cobran el salario mínimo. La semana pasada, el Gobierno decretaba un aumento de siete pesos. A partir del próximo 1 de enero, el salario mínimo será de 80 pesos, cuatro dólares. El presidente, Enrique Peña Nieto, se felicitó y dijo que “es la primera vez en 40 años que hay una recuperación real del salario mínimo del 15%”. Es decir, que la subida va más allá del aumento de precios.

El problema es que a muchos aún les parece insuficiente. En un estudio divulgado hace unos meses, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluía que el salario mínimo no alcanza para la canasta básica. El ombusdman mexicano detallaba que para tener un nivel de vida aceptable, el sueldo mensual de una persona debería llegar a 2714 pesos, 134 dólares. Cuando la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Conasami, informaba del aumento la semana pasada, la CNDH respondió que estaba bien, pero que siete pesos son insuficientes.

Según la lógica de la CNDH, los criterios económicos no deberían definir en su totalidad el salario mínimo. Los derechos humanos deberían tener algo que ver. Y más teniendo en cuenta que el salario mínimo en México es el más bajo de América Latina, junto al de Haiti.

Los abogados que comían en el restaurante de la señora Gregorio pensaron en lo que les dijo, su sueldo, su pensión. Asumían que el salario mínimo trasciende la cuestión económica: es un asunto de dignidad. Un día llegaron con la limpiadora y le preguntaron si le gustaría promover una demanda para presionar a la Conasami. Ellos la representarían. La señora Gregorio dijo que sí.

Jaime Araiza, uno de los abogados de la señora Gregorio, explica que “la Conasami incumple el artículo 123 de la Constitución y varios tratados internacionales en materia de derechos humanos”. El inciso VI del artículo 123 de la carta magna mexicana dice que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”. Con dos hijos pequeños, Araiza pensó que la señora Gregorio tenía mucho que ganar en los tribunales.

Araiza y su equipo presentaron una demanda en un juzgado laboral, pero el juez sobreseyó la demanda por defecto de forma: la habían presentado fuera de plazo. Los abogados presentaron un escrito ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El máximo tribunal aceptó el caso el pasado octubre. En la práctica, los ministros de la corte discutirán si el juez laboral tenía o no razón para sobreseer la demanda. Pero Araiza dice que en su “pronunciamiento”, la segunda sala de la Suprema Corte hará determinaciones jurídicas que marcarán el camino a seguir: “Por un lado, argumentarán si la Conasami debe tener en cuenta los tratados internacionales en materia de derechos humanos que México ha firmado, a la hora de fijar el salario mínimo. Por otro, dirán si la Conasami es un órgano de Gobierno que se debe o no a la Constitución”. Es decir, si una ciudadana como la señora Gregorio puede apelar a la carta magna contra un acuerdo sobre su sueldo que no le conviene.

La segunda sala del máximo tribunal discutirá el escrito de Araiza y su representada a principios del próximo año. Si les dan la razón, la causa volverá al juez laboral para que discuta el fondo y no la forma. Y sentaría un precedente para que otros ciudadanos disconformes se levanten contra la pobreza que viven por decreto.