Noruega busca la ética en el oscuro negocio petrolero

En Escandinavia no gusta exhibir la riqueza. Quien busque ostentación, por ejemplo, en Oslo, no la encontrará. Por las vías traquetean tranvías oxidados y en la calle Karl Johan, antes una prestigiosa avenida comercial, los mendigos se disputan los mejores sitios. Un par de calles más allá, en un edificio corriente, Johan Andresen abre la puerta de una corporación única en el mundo. Su trabajo en ella consiste en conciliar dos conceptos rara vez conectados: dinero y conciencia.

Noruega es el tío rico de Europa. Desde que empezó su producción en 1971, la riqueza derivada del petróleo y el gas ha arrojado 1,1 billones de euros a las arcas del país. En los noventa, el Parlamento creó el llamado Fondo Noruego del Petróleo, destinado a administrar y reinvertir el superávit de las industrias extractivas. Solamente el 4% de los ingresos fluye a los presupuestos anuales para repartir en ayudas a la población. Desde su fundación, el Banco Nacional de Noruega ha adquirido participaciones en unas 9.000 empresas, todas ellas en el extranjero, con el fin de no calentar más de la cuenta la coyuntura creada en el país por los ingresos del petróleo. Solo en Alemania, Noruega posee bonos, acciones de empresas y bienes inmuebles por valor de 54.000 millones de euros. El Fondo Noruego del Petróleo es propietario del 1,64% del grupo Volkswagen. Estos fondos soberanos existen en casi todos los países, pero ninguno cuenta con alguien como Andresen. Y es que este hombre de 56 años es el presidente del consejo de ética y, por tanto, el guardián de la moralidad de las inversiones del banco.

Libre de condicionamientos, comprueba, junto con otros 12 consejeros, que el comportamiento de las empresas en las que participa el banco sea ético. "Tenemos unas directrices elaboradas por el Ministerio de Hacienda y realizamos un examen exhaustivo de las empresas", afirma Andresen. El consejo de ética es independiente del fondo soberano, y la política tampoco puede inmiscuirse en sus asuntos. Llama la atención lo bien que su presidente encaja en el cargo. Él mismo proviene de una de las familias industriales más acaudaladas del país. Su patrimonio se calcula en más de 3.000 millones de euros. La familia amasó su fortuna con la fábrica de tabaco Tiedemanns, de la que ya era propietaria desde 1849 y que Andresen fusionó con una sociedad sueca en 1998. En 2005 vendió sus acciones en la tabacalera y en la actualidad dirige el grupo Ferd, también propiedad familiar.

El empresario se dedicó a fomentar la actividad empresarial filantrópica y, en 2006, fundó una organización para la concesión de microcréditos en regiones pobres. Tres años después fundó Ferd Social Entrepreneurs, una entidad que promueve proyectos o iniciativas en los que los resultados sociales son más importantes que los financieros. Una persona que entiende algo tanto de ética como de dinero y que intenta conjugar ambas cosas parecía una buena elección para el cargo. Si los colaboradores de Andresen se enteran de que se cometen infracciones laborales o relacionadas con la protección del medio ambiente o que se explota a mujeres o niños, los guardianes de la ética empiezan a investigar discretamente. La corporación se informa a través de tres canales: las bases de datos periodísticas, los investigadores y ONG, y sus propios estudios. Si hace falta, se desplazan para hacerse una idea de la situación sobre el terreno. El comité está en contacto con 200 o 300 empresas al año.

El propio Banco Central también reacciona a las irregularidades. Por ejemplo, hace años que considera que la participación en Volkswagen es problemática. Cuando, en 2016, el escándalo del diésel todavía estaba en ebullición, los noruegos se negaron a exculpar a la dirección y se sumaron a una demanda colectiva contra la empresa. El consejo de ética examina determinados sectores y zonas con especial detalle. Andresen considera que la industria armamentística, los proveedores de energía y el sector de las telecomunicaciones son más propensos a la corrupción que otros. Por su parte, la industria textil asiática presenta el eterno problema de las condiciones laborales de sus empleados.

Cuando las acusaciones se pueden demostrar, se pone en marcha un procedimiento: "Primero nos preguntamos si conviene que nos pongamos en contacto con la empresa", explica Andresen. A veces, las compañías no responden. No están obligadas a colaborar con el consejo. "Ahora bien, en caso de que la compañía se siga negando a dialogar, corre el riesgo de ser objeto de una 'recomendación". En estos expedientes de entre 10 y 20 páginas, los colaboradores de Andresen enumeran las infracciones cometidas. Luego los remiten al Banco Central y los hacen públicos en Internet. Muchas empresas prefieren evitar que esto suceda y dar explicaciones a la inspección ética. De esta manera se resuelven problemas sin que nadie se entere.

Por lo menos en teoría, ya que la última palabra —la retirada de la inversión— la tiene siempre el propio fondo soberano. El consejo de ética se limita a asesorar; la relación con el banco está regulada por ley. El banco rebajó un escalón las últimas cinco recomendaciones del consejo. Se trataba de empresas que Andresen quería excluir, pero la entidad crediticia prefería limitarse a observar y darles la oportunidad de mejorar. A la pregunta de si esto no le resulta frustrante, Andresen responde riendo: "No, en absoluto". Según él, es de lo más corriente. El banco tiene el deber de asegurarse bien de que sus compromisos como propietario no chocan con las recomendaciones del consejo.

El andamiaje ético no está libre de contradicciones. Se prevé la exclusión del fondo de empresas cuyas "acciones tengan como consecuencia la emisión de niveles inaceptables de gases perjudiciales para el clima". Pero el país no siempre aplica este mismo criterio en su territorio. A principios de enero, un tribunal de Oslo autorizó por primera vez al Gobierno a realizar prospecciones petrolíferas en el Ártico. Greenpeace había protestado contra las pruebas porque las perforaciones noruegas incumplían los acuerdos de París sobre el clima.

El fondo tampoco puede invertir en empresas que produzcan tabaco, pero no hay ningún problema en que invierta en las que venden bebidas alcohólicas. Por consiguiente, la empresa que Andresen vendió a Suecia es tabú para el fondo. Las compañías que fabrican armas de destrucción masiva o componentes para ellas también figuran en la lista negra, lo cual excluye a toda una serie de grandes corporaciones estadounidenses. "Con las armas y el tabaco se gana mucho dinero, pero se trata de una decisión que depende de unos valores", dice Andresen. "No somos los salvadores del mundo, solo intentamos aplicar directrices éticas en las compañías en las que invertimos", concluye. Con ello, tal vez consiguen hacer un poco mejor a las propias empresas.