El seguro de desempleo deja de ser deficitario por la caída de prestaciones

Entre 2009 y 2013, el lustro más duro de la crisis, el gasto para proteger a los parados llegó a superar los 30.000 millones al año. Lo que se recaudaba por cotizaciones por desempleo quedaba muy lejos de ser suficiente para afrontar esa factura. El agujero se ha ido cerrando en los últimos ejercicios. Ya en 2016 acabó ligeramente en positivo pese a que el saldo todavía era negativo a tres meses para acabar el año. En 2017, en cambio, hasta septiembre el superávit se acerca a los 1.500 millones. Conclusión: el Ministerio de Hacienda no tendrá que poner el dinero que falta para pagar las llamadas políticas laborales pasivas, que son un derecho subjetivo de los trabajadores acumulado al pagar cotizaciones cuando tienen empleo.

Todo indica que este resultado positivo aumentará hasta finales de diciembre, porque hasta septiembre las prestaciones y subsidios han consumido 13.200 millones, un 7,5% menos que en el mismo periodo de 2016. En cambio, durante estos nueve meses se han ingresado 14.674 millones, un 11% más.

A la hora de buscar explicaciones de esta evolución hay una evidente: la mejora laboral. La creación de empleo reduce el número de parados e incrementa la recaudación por cotizaciones. Esto se ve, por ejemplo, en la caída de las solicitudes de altas de prestaciones en el Servicio Público de Empleo, que han bajado un 6,3% en lo que va de año. Y en la reducción del paro registrado, que ha descendido un 7,9% en los últimos 12 meses.

Pero también está presente la baja tasa de cobertura del desempleo. Este año se sitúa en una media del 55,1%, según la estimación del Ministerio de Empleo, muy lejos del 75% o más registrado cuando el gasto superaba los 30.000 millones.

En esa caída influye el propio diseño de la protección por desempleo: al principio se percibe la prestación contributiva, normalmente la ayuda más cuantiosa, hasta un máximo de dos años; posteriormente hay un abanico de subsidios, rentas y apoyos extraordinarios creados durante la crisis que, salvo en algunos casos, también tienen una duración limitada. Y la crisis en España está siendo muy larga: el nivel de paro actual todavía es muy alto, más aún si se compara con los países del entorno, y peor todavía en el desempleo de larga duración (que alcanza al 50% de parados).

A esto hay que añadir los recortes que se aplicaron a las ayudas al desempleo en 2012 y 2013, y el escaso desarrollo de la última ayuda creada para parados de larga duración, que queda muy lejos de llegar a los beneficiarios potenciales a los que se anunció que ayudaría.

Un ejemplo de cómo impactan aún los recortes de 2012 es la reducción de las prestaciones por desempleo a partir del sexto mes, que consistió en bajar la ayuda percibida del 60% al 50% de la base reguladora (un concepto que se aproxima a los últimos sueldos percibidos) a partir del sexto mes en el que se cobra la prestación. El primer medio año se percibe el 70%, pero la mayoría de beneficiarios supera ese límite: en 2016 un parado percibía la prestación durante una media de 413 días y el 72% superaban el medio año.