La ministra de Educación sobre el despliegue policial en institutos de Cataluña: “La Generalitat tiene que explicarlo”
La FP privada deberá garantizar prácticas formativas, una parte de clases presenciales, incluso si es ‘online’, y un mínimo de profesores e infraestructuras
La ministra de Educación se ha pronunciado este jueves sobre la decisión de la Generalitat de Cataluña de desplegar agentes de los Mossos d’Esquadra, desarmados y de paisano, pero de forma estable, en un pequeño grupo de centros educativos, la mayor parte de ellos de secundaria. “Lo que tiene que hacer la Generalitat es explicarlo para que se entienda”, ha dicho Milagros Tolón. La ministra ha evitado pronunciarse sobre la cuestión de fondo, que genera rechazo en la mayor parte de la comunidad educativa, argumentando que desconoce “la letra pequeña”.
Su comentario, que ha hecho en un acto organizado por la agencia de noticias Europa Press en Madrid, parece reflejar la incomodidad que la medida y la forma de justificarla por parte del Govern generan en el ministerio, y al mismo tiempo el cuidado con el que afronta una polémica que afecta a una de las pocas comunidades autónomas que gobiernan los socialistas.
La controversia en torno a la medida sigue, entre tanto, aumentando en Cataluña, donde, salvo Vox y el PP, el resto de los partidos se opusieron este miércoles a la iniciativa en la sesión del control al Govern en el Parlament. Y cuatro de los 14 centros educativos elegidos para participar en el plan piloto (tres en Vic y otro en L’Hospitalet) han pedido no hacerlo, después de que sus claustros lo aprobaran por amplia mayoría, y hay otros en proceso de hacer lo mismo. Este lunes hubo concentraciones de protesta a las puertas de dos de ellos.
La Generalitat ha asegurado que la introducción de mossos había sido solicitada por las direcciones de algunos institutos y que la participación en el programa será finalmente opcional. Fuentes de los centros que han votado en contra de la medida afirman, por su parte, que les ha sido “impuesta”.
La cuestión ha vuelto a ocupar parte del debate parlamentario en el último día del pleno del Parlament de Cataluña. Esquerra, socio de investidura de Illa, ha vuelto a pedir su retirada, como ya hizo el miércoles. “Es sintomático que los únicos partidos que han aplaudido la propuesta sean PP y Vox”, ha planteado la diputada Mar Besses
En su intervención, la republicana ha reivindicado que los centros educativos no necesitan policía, sino “más profesionales socioeducativos que comprendan los contextos del alumnado desde la proximidad y la confianza con los jóvenes”. “Cuando hay conflictos de convivencia, lo que se requiere no es vigilancia, sino intervención educativa”, ha asegurado momentos antes de que la CUP también se haya sumado a la petición de retirada. Comuns, el otro socio de investidura, no se ha referido en esta sesión al debate, pero ya reprendió a la consejera de Educación por mantener el proyecto.
Chiringuitos de FP
La ministra también ha subrayado, como adelantó en una entrevista con EL PAÍS, que los centros privados de Formación Profesional deberán garantizar un mínimo de enseñanza presencial, cuando su modalidad sea online, algo especialmente importante en aquellas, como las sanitarias, que dan acceso a profesiones reguladas. Y que todo el alumnado deberá tener garantizada la realización de prácticas formativas en empresas. Tolón ha asegurado que el real decreto que prepara el Gobierno no va contra la enseñanza privada de la FP (que suma 1.181.272 alumnos después de que su número de plazas haya crecido el doble de rápido que el de la enseñanza pública en los últimos seis años), pero que los ciclos formativos no pueden impartirse “en garajes ni en zonas no acondicionadas”, y no se puede permitir “que algunos centros sean auténticos chiringuitos” que ofrecen diplomas “sin calidad”.
Los centros privados de FP deberán contar con una envergadura mínima, ha esbozado la ministra, con un número mínimo de ciclos en determinadas familias profesionales, así como de profesores y de personal de dirección. El decreto que lo regulará, ha añadido, no afectará a los centros privados concertados (que suponen una parte pequeña del total), con el argumento de que las comunidades autónomas, que son las que los financian, deben garantizar su calidad.
