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Empleo reducirá la prestación de los que estén en paro más de medio año

Persigue rebajar la parte más abultada del seguro de desempleo

Rajoy adelanta la entrada en vigor de la fórmula que reducirá las pensiones

Interior de una oficina de empleo de Valladolid.
Interior de una oficina de empleo de Valladolid. NACHO GALLEGO (EFE)

En 2007, el mismo año en que las hipotecas subprime detonaron la crisis al otro lado del Atlántico, España gastaba casi 15.000 millones en protección contra el paro. Sobraba dinero de lo que se recaudaba para el seguro por desempleo. El año pasado el gasto se acercó a los 30.000 millones. Y todo apunta a que este año el gasto será significativamente mayor. Ni qué decir tiene que no habrá suficiente con lo que se recaude de cuotas sociales y que Hacienda tendrá que poner lo que falte. Para rebajar esa factura, el Gobierno ha decidido recortar por la parte más voluminosa: las prestaciones contributivas, la paga que se cobra durante un máximo de dos años nada más perder el empleo.

Para hacerlo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció este miércoles que rebajará al 50% la tasa de reposición de la prestación por desempleo a partir del séptimo mes en paro. Ahora, cuando alguien solicita cobrar el paro lo que se hace es calcular la base reguladora media de los últimos 180 meses cotizados. La paga que recibirá el solicitante durante el primer medio año que esté parado será el 70% de esta media. A partir del séptimo mes, la tasa de reposición sobre la base reguladora baja al 60%. Con el anuncio de este miércoles, caerá hasta el 50%. Según las palabras de Rajoy, esta medida solo afectará a los nuevos parados y no a quienes ya están cobrando.

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Del análisis del número actual de beneficiarios de prestaciones por desempleo, se puede concluir que afectará a un número muy importante de parados. En abril, último mes disponible con estas cifras, 1,1 millones de beneficiarios de prestaciones contributivas estaban en paro durante al menos medio año. El Ministerio de Empleo matiza estos datos. Apunta que como no se modifica la prestación contributiva mínima (497 euros al mes), un 27% de los futuros perceptores no resultarán afectados. A pesar de la exención, el resultado de esta medida será la rebaja de la cuantía media de esta paga, que ahora se sitúa en 813 euros al mes.

Rajoy ha justificado la medida diciendo que con ello se estimula la búsqueda de empleo, utilizando así el argumento liberal

Según Rajoy, lo que persigue es “animar la búsqueda activa de trabajo”. Dice la teoría económica ortodoxa que si un parado cobra una prestación baja durante poco tiempo tiene más estímulos para buscar empleo. Claro que esta tarea se complica muchísimo en plena recesión, cuando no se crean puestos de trabajo, sino que se destruyen. Por ejemplo, los parados que no cobran ni prestación ni subsidio inscritos en las oficinas de empleo han aumentado en los últimos años; prueba de ello es el descenso de la tasa de cobertura, que ha bajado en dos años del 78,2% al 65,4%.

Esta fue la única medida de recorte en el seguro de desempleo anunciada. A primera hora se dijo que el Ejecutivo también iba a restringir el acceso a la Renta Activa de Inserción, una paga que perciben los parados en situación más precaria, pero esta medida no estuvo presente en el discurso del presidente. Por lo que, según apuntan en el Ministerio de Empleo, habrá que esperar hasta el Consejo de Ministros del viernes para saber si sale adelante.

La rebaja en desempleo y los cambios en pensiones son una de las grandes diferencias entre el ajuste que anunció José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y el que este miércoles desglosó Rajoy. El primero hizo todo lo posible para no tocar la protección por desempleo. El segundo lo ha hecho para no rozar las pensiones actuales.

No obstante, Rajoy sí que ha anticipado que reducirá las pensiones futuras. “Tengo la intención de llevar al Pacto de Toledo un proyecto de ley para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar el tratamiento de la jubilación anticipada”, proclamó.

La última reforma de pensiones prevé retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años de forma progresiva hasta 2027. A partir de entonces, entrará en vigor el factor de estabilidad: una fórmula que, en función de la esperanza de vida y la evolución económica, ajustará las condiciones bajo las que se retirarán los futuros jubilados (edad, periodo de cómputo). Esto supone una rebaja de las pensiones futuras, vistas las previsiones demográficas.

Bruselas había pedido a España que la jubilación a los 37 años llegara antes de 2027 y que anticipara la entrada en vigor de ese factor de jubilación. El Gobierno se ha resistido a lo primero, pero no a lo segundo. La consecuencia es que, por esta vía indirecta, se podría adelantar la llegada de la jubilación a los 67 años a antes de 2027.

Tampoco precisó el presidente cómo piensa abordar “el tratamiento de la jubilación anticipada”. Fuentes de Empleo afirman que lo probable es que el Gobierno siga poniendo coto a las prejubilaciones. Las mismas fuentes descartan que el Ejecutivo cambie las líneas generales de la jubilación anticipada de la última reforma de pensiones, que establece en 63 años el momento en que la gente podrá optar por el retiro adelantado, excepto cuando haya despidos colectivos o cierres de empresas: entonces se baja a 61 años.

La única medida de estímulo económico que formuló Rajoy fue la reducción de un punto de las cuotas sociales en 2013 y de otro en 2014. En la actualidad, las cotizaciones de los asalariados suponen en torno al 36% del sueldo bruto. Cada punto porcentual aporta a las arcas de la Seguridad Social en torno a 3.000 millones.

Para compensar esto, y no agravar el déficit del instituto público, Rajoy apuntó que reducirá mucho las bonificaciones a la contratación (unos 2.500 millones al año). Hay otro elemento que permitiría amortiguar este impacto: aumentar la aportación de Hacienda a las pensiones llamadas de complementos a mínimos (las pensiones de quienes habiendo cotizado los 15 años necesarios como para tener derecho a una contributiva no pagan por una base reguladora suficientemente alta para alcanzar la pensión mínima). Esta factura asciende a 7.678 millones, de los que Hacienda paga 3.806 y el resto la Seguridad Social.