Los vigilantes de El Prat estudian la convocatoria de nuevas huelgas
El nuevo paro sería para protestar por "sanciones y despidos” decididos por la empresa, según los trabajadores
Los vigilantes de seguridad de El Prat barajan la convocatoria de nuevos paros. Los trabajadores de Eulen, la empresa adjudicataria, iniciaron el lunes 14 de agosto una huelga indefinida que anularon el pasado jueves, tras los atentados terroristas en Cataluña. El viernes, el Gobierno eligió al árbitro que debe decidir sobre el conflicto laboral, centrado en la precarización de los salarios, que mantienen con la empresa. Sin embargo, la plantilla estudia ahora si reinicia las protestas. A finales de semana celebrará una asamblea para decidir si convoca otra huelga.
La protesta renovada sería, esta vez, para protestar contra algunas “sanciones y despidos” que, según los trabajadores, ha llevado a cabo la dirección de la compañía. El asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, lamenta la actitud de la compañía y los trabajadores llevarán a cabo “todo tipo de protestas” para mejorar sus condiciones, según aseguró el lunes a Europa Press. Giménez acusó a la empresa de despedir a un trabajador y sancionar a otro empleado por no cumplir con los servicios mínimos durante la huelga.
El conflicto salarial que derivó en la huelga de principios de agosto está pendiente de la decisión de Marcos Peña, el elegido por el Gobierno para llevar a cabo el arbitraje cuyo laudo es de obligado cumplimiento para Eulen y para la plantilla de El Prat.
Reunión con Peña
Desde el lunes, Peña tiene 10 días para dictar su decisión, según dijo en Santander el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. El miércoles los representantes de los trabajadores se reúnen con el árbitro, al que trasladarán sus quejas sobre la precarización de sus empleos.
La huelga de los vigilantes de los arcos de seguridad de El Prat causó fuertes colas en el aeropuerto (de incluso varias horas) la segunda semana de agosto. Ante la tensión generada entre los viajeros y aludiendo cuestiones de seguridad, el Gobierno exigió servicios mínimos del 90% y envió a la Guardia Civil para que velara por el cumplimiento de los mismos. De este modo, se redujo la incidencia al mínimo.
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