El Gobierno elige a Marcos Peña como árbitro en el conflicto de El Prat
La propuesta del presidente del Consejo Económico y Social llega después de que el comité de empresa de Eulen renunciara a proponer mediador
El Gobierno ha propuesto a Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES), como árbitro en el procedimiento de arbitraje obligatorio entre los trabajadores de los controles de seguridad de pasajeros del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y la empresa Eulen. La propuesta se produce tras la decisión del comité de empresa de Eulen de renunciar a proponer el nombre de un mediador al considerar que la solución del conflicto por un laudo no es legal.
El Ministerio de Fomento ha optado por Marcos Peña como mediador de garantía para desatascar el conflicto que enfrenta a los trabajadores de seguridad de Eulen con su empresa y con Aena, contratista del servicio, y que ha causado graves problemas a los pasajeros del aeropuerto de El Prat desde comienzos de este mes de agosto.
Tras la propuesta realizada ayer por el ministerio que dirige Íñigo de la Serna, las partes tienen un plazo de 24 horas para realizar las alegaciones que estimen oportunas a la propuesta del Gobierno sobre el mediador. A su vez, cuando éste sea designado, tendrá un plazo de 10 días naturales para emitir el laudo de obligado cumplimiento para las partes.
Los trabajadores, tras la última reunión que mantuvieron con la empresa el pasado jueves, a tarde del jueves, ya anunciaron que no presentarían ninguna propuesta sobre un árbitro para el laudo de obligado cumplimiento, puesto que no reconocen ese procedimiento como válido alegando que han cumplido los servicios mínimos y la seguridad no se pone en riesgo.
La dirección de Eulen, que también renunció a proponer un candidato, reafirmó ayer que acepta la designación del mediador propuesto por el Gobierno y que acatarán su decisión.
La urgencia para resolver el conflicto se ha atenuado tras la decisión del comité de huelga de Eulen de aplazar temporalmente la huelga indefinida en el aeropuerto de El Prat a raíz del atentado perpetrado este jueves en Barcelona. La situación ya era de casi normalidad por el refuerzo del servicio de seguridad con efectivos de la Guardia Civil.
El Consejo de Ministros acordó el pasado miércoles, 16 de agosto, en una reunión extraordinaria, establecer el arbitraje obligatorio como solución a la convocatoria de huelga indefinida de los trabajadores de Eulen que desempeñan su trabajo en los controles de seguridad de pasajeros de El Prat.
El Gobierno recurrió al arbitraje obligatorio tras el fracaso de las negociaciones entre la empresa y los trabajadores y de la mediación de la Generalitat. Transcurridas 24 horas desde la notificación del acuerdo sin que las partes hayan consensuado la designación de un árbitro, le corresponde al Gobierno la propuesta de nombramiento.
Los trabajadores de Eulen rechazaron la propuesta de mediación de la Generalitat —aceptada por la empresa—, consistente en un aumento de sueldo de 200 euros en 12 pagas, y convocaron una huelga indefinida desde el pasado lunes. Los huelguistas piden un aumento salarial de 250 euros en quince pagas, una propuesta que no había sido negociada. Por el momento, el conflicto no se ha extendido a otros aeropuertos porque los sindicatos CC OO, UGT y USO esperan que se abra una negociación para mejorar las condiciones de todo el colectivo.
Una larga trayectoria negociadora
Marcos Peña Pinto (Teruel, 1948), presidente del Consejo Económico y Social desde 2006, tiene una larga trayectoria en la Administración, normalmente, relacionado con el mercado laboral, ya que es inspector de Trabajo y catedrático de Derecho Laboral. Fue secretario general de Empleo en el último Gobierno de Felipe González, cuando el ministro de Trabajo era José Antonio Griñán. Ha actuado como presidente de la Comisión Negociadora de múltiples convenios colectivos como Telefónica, Renfe, Repsol y astilleros, entre otros.
El Gobierno habrá tenido sobre todo en cuenta la última mediación del presidente del CES en el conflicto de la estiba. Los sindicatos de estibadores y la patronal del sector Anesco alcanzaron un acuerdo el pasado 29 de junio tras cinco meses de conflicto debido a la liberalización del sector llevada a cabo por el Gobierno a exigencias de la Comisión Europea.
No obstante, hay una diferencia importante entre ser mediador y árbitro en un conflicto laboral. El primero trata de acercar posturas entre las partes para que haya acuerdo y finalice la disputa. El segundo dicta una resolución, que tiene que ser imparcial, que las partes deben acatar y frente a la que no cabe hacer huelga.
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