Los vigilantes de El Prat mantienen la huelga indefinida pese a la inminencia del arbitraje

La presencia de la Guardia Civil en los filtros evita las colas en el aeropuerto de Barcelona

Colas en el aeropuerto de El Prat durante la jornada de huelga de los vigilantes de los controles de seguridad.Foto: atlas | Vídeo: STRINGER REUTERS | ATLAS

El primer día de la huelga total de los vigilantes de los arcos de seguridad en el aeropuerto de El Prat está siendo una de las jornadas más tranquilas de las últimas semanas en el aeródromo barcelonés. Ante la amenaza del paro indefinido, el Gobierno ha movilizado este lunes a la Guardia Civil, que supervisa las tareas de los trabajadores de Eulen Seguridad, y vigila que se cumplan los servicios mínimos, del 90%. El comité de huelga denuncia que esta injerencia es una "vulneración" de sus derechos, y asegura que continuará con la huelga hasta que se cumplan sus reivindicaciones o hasta que se publique un laudo de arbitraje obligatorio, que les haría volver al trabajo, algo que el comité considera "ilegal".

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Los trabajadores de Eulen, la empresa que desde hace algo más de un año gestiona los controles de seguridad del aeropuerto barcelonés, rechazaron este domingo, por segunda vez, una oferta económica de la Generalitat que hubiese puesto fin a la huelga. La decisión de la plantilla obligó al Gobierno a tomar medidas. La primera, el refuerzo de agentes de la Guardia Civil en El Prat. Entre dos y tres efectivos del instituto armado vigilan que cada filtro de seguridad funcione según los servicios mínimos. Esto ha hecho que las colas, que en las últimas semanas llegaron a superar las dos horas, este lunes no hayan llegado a los 30 minutos. Durante buena parte de la mañana la espera oscilaba entre los cinco y los diez minutos. Sin embargo, la gran antelación con la que los pasajeros han llegado al aeropuerto ha hecho que se formaran largas colas en los mostradores de facturación.

La segunda medida es la puesta en marcha de un arbitraje que elabore un laudo obligatorio, un procedimiento usado en pocas ocasiones que obligaría a los trabajadores a volver al trabajo y a aceptar unas condiciones laborales determinadas, las que decida y plasme en el laudo el árbitro designado. El Gobierno ha acelerado los trámites para aplicar el arbitraje, y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, valorará la situación esta tarde tras la primera reunión de seguimiento de la huelga.

En el caso del conflicto de Eulen, las condiciones del laudo serían las que recogía la propuesta que la Generalitat, como agente mediador, ofreció el pasado martes. Esta oferta incluía importantes mejoras organizativas, una ampliación de personal y un complemento de hasta 200 euros por 12 mensualidades para equiparar los salarios de los trabajadores, que actualmente oscilan entre los 800 y los 1.100 euros mensuales.

La plantilla de Eulen rechazó dos veces la propuesta de la mediación, con el objetivo de alargar la negociación para conseguir que el complemento sea de 250 euros por 15 mensualidades. Sin embargo, la inminencia del laudo de arbitraje obligatorio podría enterrar estas reivindicaciones. El asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, ha tachado de "ilegal" este procedimiento y ha anunciado que los trabajadores lo recurrirán en los tribunales. Giménez también ha criticado el despliegue de la Guardia Civil: "Hoy no hay colas y se olvida el fondo del conflicto, las condiciones laborales de unos trabajadores que cobran una media de 900 euros y no pueden ni ir al lavabo", ha asegurado a Efe.

Fuentes del comité de huelga aseguran que la propuesta de la Generalitat "no está mal del todo", pero que "estas no son formas de solucionar un conflicto". "Se utiliza a funcionarios públicos para vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores", asegura un empleado de Eulen, que afirma que los agentes de la Guardia Civil no tienen la suficiente formación en el escáner de objetos en los arcos de seguridad.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Antonio Fernández, ha expresado que los guardias civiles se sienten "utilizados" por el Gobierno que, a su juicio, recurre “a la Guardia Civil para que le saque las castañas del fuego" en situaciones de conflicto, como la huelga de vigilantes de seguridad en el aeropuerto El Prat (Barcelona).

Sobre la firma

Josep Catà Figuls

Es redactor de Economía en EL PAÍS. Cubre información sobre empresas, relaciones laborales y desigualdades. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona. Licenciado en Filología por la Universidad de Barcelona y Máster de Periodismo UAM - El País.

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