Hacienda prorroga el impuesto de patrimonio en las cuentas de 2018

Los Gobiernos autonómicos recaudan cada año alrededor de 1.000 millones de euros con este controvertido impuesto. La mayoría de expertos y grandes despachos de abogados han reclamado su supresión al entender que en algunos casos supone una doble tributación. Esgrimen también que las grandes fortunas escapan de este impuesto a través de mecanismos como las socimis. Muchos países lo han suprimido de su sistema fiscal. España es uno de los pocos países europeos que lo mantiene. Sin embargo, los partidos de izquierda lo defienden por su carácter redistributivo.

El impuesto, que fue alumbrado en el sistema tributario español en 1977, grava, con carácter general, la riqueza neta superior a 700.000 euros. El Ejecutivo de Zapatero eliminó este tributo en 2008 alegando que solo lo pagaban las clases medias, pero lo recuperó de forma temporal en 2011 y 2012 por la gravedad de la crisis. Rajoy decidió mantenerlo hasta 2013 y desde entonces tiene que decidir si lo renueva año a año. El tributo seguirá vigente durante 2018 porque el Gobierno prevé incluirlo en los Presupuestos de 2018.

Existe una gran disparidad en la aplicación que las comunidades autónomas hacen de este tributo. Por ejemplo, Madrid lo tiene bonificado al 100%. En la práctica no recauda nada por este impuesto. Y provoca que muchas fortunas trasladen su residencia fiscal a esta comunidad para eludir el impuesto.

Otras autonomías como Cataluña, Extremadura, Baleares o la Comunidad Valenciana, han bajado el límite y gravan el patrimonio neto superior a 500.000 euros. Son proporcionalmente las que más ingresan por esta figura tributaria.

Los expertos y académicos que han elaborado la reforma del sistema de financiación explican: "Además de su clara, obsolescencia como mecanismo censal en un contexto de creciente informatización, la literatura ha señalado numerosos problemas entre los que cabe citar las distorsiones que el impuesto provoca sobre el ahorro y la inversión, con sus consecuentes costes de eficiencia, su carácter potencialmente confiscatorio debido al gravamen repetido de una misma base y su limitado poder redistributivo, al menos en su actual configuración".

Los expertos recomiendan que si el Gobierno decide finalmente mantener el impuesto debería reformarse. Entre las propuestas aconsejan establecer una base imponible homogénea y un mínimo exento amplio igual en todo el territorio nacional. A diferencia del impuesto sobre sucesiones y donaciones, en el que proponen establecer unos tipos máximos y mínimos para homogeneizar el impuesto, con patrimonio permiten a las comunidades aplicar bonificaciones del 100% para que no recauden si no quieren. Esta opinión va dirigida especialmente a Madrid, la única comunidad que tiene bonificado el tributo y no ingresa nada por él