Piezas técnicas para un puzle político

El consenso es difícil, pero presenta la virtud de que el producto final es sólido. El coste de transacción en la fase previa es importante, pero queda compensado cuando, como en este caso, el informe de la Comisión de expertos luce propuestas sensatas y argumentadas. También aplicables, si hay voluntad.

Es verdad que el barco no siempre ha podido arribar a buen puerto, por eso el menú de opciones ha sido a veces la única salida posible. En concreto, no hemos llegado a un cierre categórico sobre el volumen de recursos a aportar, ni sobre el grado exacto de nivelación, por falta de acuerdo, pero también porque no debemos ocupar el lugar de los responsables políticos. La nivelación, desde un estricto punto de vista técnico, podría llegar a ser total, incluyendo el conjunto de los servicios públicos descentralizados, no solo los que calificamos de fundamentales. Donde sí tenemos clara nuestra unánime opinión –y hasta le ponemos cifra- es en la ineludible aportación de las dos comunidades autónomas de régimen foral. Si siguen sin hacer esa contribución, será porque los pactos políticos lo impiden una vez más.

Hemos querido ser contundentes a la hora de sugerir que los espacios fiscales propios de las comunidades autónomas sean más visibles y efectivos. Por ejemplo, reduciendo la actual demora desde que se aprueba un cambio de tarifa en el IRPF hasta que tiene efectos reales. También recomendamos que el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones tenga un nivel mínimo armonizado en toda España, mayor que cero, para que cese la dañina y desleal competencia a la baja. Y esencial nos parece que las comunidades autónomas vayan a codecidir en materia de IVA, si así se aprueba, distribuyendo además esos recursos según la población ajustada, con variables de envejecimiento, discapacidad, dependencia, dispersión, educación infantil de 0 a 3 años y universidades públicas, entre otras.

Los expertos queremos reforzar de forma significativa el Fondo de Compensación Interterritorial, por ser un mandato constitucional de solidaridad y porque ya no puede seguir languideciendo. Ese incremento debe ir ligado a una política más flexible y evaluada de inversiones públicas, para ser eficaz en la reducción de las diferencias de renta y riqueza.

Abogamos porque las comunidades autónomas vuelvan pronto a la disciplina de los mercados financieros y caminen sin la muleta de los mecanismos adicionales puestos en marcha con la crisis, salvo para casos de graves emergencias individualizables y muy condicionadas. También nos gustaría que los criterios que sustentan los objetivos de déficit y deuda –verticales y horizontales- fuesen explicitados y supervisados de manera transparente, incorporando de igual modo un análisis del grado de cumplimiento en cada caso. El mecanismo de alerta temprana y la prudencia financiera deben ser impulsados y, cuando se haya constatado un incumplimiento, entonces los planes económico-financieros y de reequilibrio son el instrumento con mayor eficacia potencial y respeto al principio de autonomía financiera, siempre y cuando no sean meros dibujos repetidos año tras año. Asimismo, sería bueno que la regla de gasto se complementase con fondos de reserva, ahorrando el superávit cíclico en las fases alcistas del ciclo, para evitar excesivos vaivenes presupuestarios.

Somos mayoría los expertos que apostamos por la devolución íntegra de la deuda autonómica contraída con el Estado, aunque nada impide acometer una reestructuración que incluya intereses, plazos o carencias, aunque sin llegar al gratis total. Otros colegas de Comisión, en cambio, piensan que la única solución pasa por un perdón de los pecados, es decir, quitas, las cuales, pienso, no serían eficientes ni justas, ni siquiera neutras en términos de coste a ojos de los mercados.

A lo cuantitativo, debemos sumar lo cualitativo. Palabras como administración tributaria integrada, coordinación, cooperación o lealtad institucional impregnan todo el informe. Un poco de federalismo, por favor. No hablamos de un reparto de dinero, sino de "hacer Estado".

Algunos hemos tomado partido "hasta mancharnos", como escribió Gabriel Celaya, sudando debates e incluso liderando algunos puntos como ponentes. Al final, mi informe es el mismo que firman otras veinte personas expertas y esa es la gran fortaleza que no se debería menospreciar. Si solo hubiese querido colar mi propuesta de parte, me hubiesen sobrado muchas horas de intenso trabajo sin remunerar.

Roberto Fernández Llera. Miembro de la Comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica