Hay que avanzar en la autonomía tributaria

Han sido cinco meses intensos, con debates que han trascendido las paredes del Ministerio, continuas concesiones mutuas y una gran dosis de empatía. Gracias a ello se ha conseguido converger sustancialmente en diagnósticos y propuestas. En algunos casos, con votos particulares; en otros, ofreciendo al lector un menú doble; siempre entendiendo que no son los expertos los que deben tomar las decisiones políticas clave: basta con que dibujemos el mapa y expongamos las posibles soluciones. Pero hay que incidir en que el informe no es un libro blanco al uso. Es mucho más. Es un punto de partida cincelado desde las sensibilidades y puntos de vista de cada territorio; lo que lo hace más útil a los protagonistas de la negociación política.

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Necesitamos avanzar en el frente de la autonomía tributaria, ajustando las piezas desencajadas y buscando nuevos espacios. Contar con autonomía es como tener una nevera llena: no por ello, vas a comer más. Pero sí podrás optar por menús más diversos y acabar más satisfecho. En este frente, la propuesta de mayor calado es la del llamado IVA colegiado, fórmula que sería extensible al resto de impuestos especiales sobre hidrocarburos, tabaco o alcohol. Con la posibilidad de decidir colectivamente sobre el tipo del IVA, el nivel autonómico de gobierno en su conjunto cuenta con una herramienta útil que le permite no tener que recurrir al gobierno central en momentos de insuficiencia generalizada de recursos. Junto a lo anterior, la recomendación de fijar un mínimo de tributación en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ajustar el IRPF autonómico para convertirlo en un impuesto autonómico a ojos de los ciudadanos, que siguen confusos en este frente, y hacer hueco a las comunidades en el frente de la tributación verde son los vectores principales.

Necesitamos clarificar el modelo. El informe propone una estructura muy razonable para lograrlo, pero que exige reabrir el debate sobre el alcance de la solidaridad interterritorial (la llamada nivelación interterritorial en la jerga de los economistas). En 2009 cerramos este asunto en falso. Aparentemente, entonces se optó por limitar el esfuerzo de los territorios más ricos a contribuir a la financiación de sanidad, educación y servicios sociales en los menos desarrollados. Pero en la práctica y a través de múltiples fondos, correcciones y ajustes ad hoc, se acababa garantizando la financiación necesaria para todos los servicios. Se hacía una concesión a quienes demandaban limitar la solidaridad interterritorial, pero se bloqueaban sus efectos, con la consecuente y comprensible frustración de aquellos. SI queremos simplificar, tenemos que decidir previamente cuál es el grado de solidaridad interterritorial que queremos en España. El informe insiste en que limitarla a sanidad, educación y servicios sociales es una posibilidad, pero también lo es ampliarla a todos los servicios. Por tanto, tengamos un debate franco y una vez llegado a un acuerdo, asumamos los efectos.

Necesitamos dar solución al problema de la deuda autonómica acumulada en el período de crisis y que está en manos de la administración central. En este punto el informe no ha sido capaz de converger en una solución única. Una mayoría de expertos rechaza las quitas y propone períodos de carencias mayores y tipos de interés subsidiados. Pero otra parte considera que esas quitas del capital son inevitables y lo que toca es discutir las condiciones concretas. Esta dualidad augura dificultades mayores en las siguientes fases del proceso de reforma. Una posibilidad para sortearlas sería contentar a unos evitando las quitas de deuda, pero haciéndoles posible la vida a los otros, ampliando sustancialmente los plazos de devolución y garantizando tipos similares a los que hoy pagan las comunidades adheridas al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Finalmente, necesitamos ser menos pasionales. Y ello requiere reformas institucionales que refuercen los foros de debate y cooperación; que se recurra en mayor medida al conocimiento técnico para lidiar con cuestiones complejas y en las que no podemos improvisar o apelar al maleable y a veces peligroso “sentido común”; y que aceptemos finalmente que un país descentralizado como el nuestro es más complejo que uno centralizado y que eso requiere lealtad mutua y cooperación: lo que se suele incluir dentro del concepto de cultura federal.

Santiago Lago Peñas es director del grupo de investigación GEN (Universidad de Vigo) y miembro de la comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica.