Pactar la solidaridad

Hay consenso político en que la financiación autonómica tiene que ser revisada en profundidad para acabar con las dificultades de las comunidades, su excesiva dependencia de las decisiones (a veces arbitrarias) de la Administración Central y los desajustes notorios en los sistemas de reparto, innecesariamente complejos, entre las autonomías. El informe que ha presentado un comité de expertos con recomendaciones para mejorar el sistema es el primer paso; el segundo, la promesa de que el Gobierno fijará un calendario para llegar a un acuerdo sobre la nueva financiación. Son dos pasos necesarios, aunque no decisivos; ya se sabe que el Gobierno no suele tomarse muy en serio los calendarios (ahí está el de las pensiones para demostrarlo).

Conviene aclarar de inmediato que la cuestión central en la financiación autonómica, tal como está diseñado el juego político, es el de la nivelación territorial, es decir, el grado de solidaridad interterritorial que debe admitir el sistema. En este punto es donde se librará la verdadera batalla entre las comunidades y la Administración, aunque probablemente los enfrentamientos más enconados se produzcan entre comunidades. Para algunas, como Cataluña, la solidaridad debe estar rigurosamente limitada mientras que otras defienden una situación como la actual o muy parecida. Lo conseguido se convierte en derecho.

En todo caso, este es un debate de gran alcance y largo recorrido: se trata de que la sociedad española defina cuál es el grado de solidaridad entre territorios que desea y que el Parlamento obre en consecuencia. Como es lógico, esta cuestión capital no pueden resolverla los expertos y tiene que partir de una negociación.

El informe de los sabios propone con cierto tino algunos cambios fiscales para mejorar la financiación. Por ejemplo, un aumento del tramo autonómico del IVA siempre que sea colegiado. Lo mismo se recomienda para los tributos sobre alcohol, tabaco y carburantes; y no es de extrañar, porque los impuestos sobre los combustibles están entre los más bajos de Europa. Además, se sugiere aplicar un tipo mínimo en el impuesto sobre sucesiones. No ha habido acuerdo sobre el impuesto del patrimonio.

El informe de los expertos no se agota en la tributación; también propone reformas de los fondos (mantiene el de Garantía, pero simplifica y cambia tres por uno solo). Pero no está en su mano resolver el fondo de la disputa sobre la financiación autonómica. Sus observaciones van por buen camino, porque recuerdan el principio esencial de que las comunidades tienen que afrontar el coste político de aprobar sus propios impuestos, en lugar de depender de las mercedes del Gobierno central. Y, además, quiebra la presunción de que el reparto actual y el sistema presente deben mantenerse. Pero el debate conflictivo viene ahora —agravado además por las concesiones financieras al Gobierno vasco a cambio del voto en los Presupuestos— y versará sobre el alcance de la solidaridad. Si el Gobierno actual quiere constituirse en árbitro sería conveniente que abandonara su tendencia a imponer criterios sin explicación y a aplicar normas únicas para situaciones distintas.