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Los Presupuestos incluyen más incentivos fiscales para el cine

El PP y Ciudadanos pactan aumentar las deducciones a la producción de películas, series y documentales con un máximo de tres millones

Rodaje de 'Juego de Tronos' en Osuna, Sevilla.
Rodaje de 'Juego de Tronos' en Osuna, Sevilla. GETTY IMAGES

El sector del cine seguirá sin conseguir que el Gobierno le rebaje el IVA. Pero, sin embargo, gozará de más incentivos fiscales para las producciones cinematográficas. Así lo recoge una enmienda parcial a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 acordada entre el PP y Ciudadanos.

El pacto incluye un incremento de las deducciones para las producciones españolas de largometrájes cinematográficos y de series de ficción, animación o documental. Estos beneficios fiscales aumentan desde el 20% al 25% para el primer millón invertido en estas producciones y del 18% al 20% para el resto que exceda de esa cantidad, según figura en la enmienda.

Con esta ayuda, los productores podrán deducirse del coste total de la producción cinematográfica, así como los gastos para realizar las copias para su distribución. También se incluye en la deducción el 40% del gasto de la publicidad y la promoción. El tope máximo de la deducción será de tres millones de euros y la mitad de los gastos de la película deben ejecutarse en suelo español. La propuesta de Ciudadanos, que ha sido acordada por el PP, facilita la certificación de los requisitos ya que se permite a las comunidades autónomas acreditarlos.

Además, se elevan los límites para que los productores puedan combinar todas las ayudas públicas. Hasta ahora, las ayudas totales que reciba el contribuyente no podrán superar el 50% del coste de producción. No obstante, este límite se elevará hasta un 60% en caso de producciones transfronterizas financiadas por más de un estado y al 70% en caso de producciones dirigidas por directores noveles para películas que no superen el millón de euros.

Una oficina vigilará los contratos públicos

Entre las enmiendas propuestas por Ciudadanos y que han recibido el respaldo del PP destaca una que crea una Oficina Nacional de Evaluación (ONE), es un nuevo organismo que velará por la sostenibilidad financiera de los proyectos de obras y las concesiones. Es decir, esta oficina se encargará de revisar y analizar los contratos adjudicados por el sector público estatal.

Esta oficina, que dependerá del Ministerio de Hacienda, tendrá que elaborar un informe preceptivo de viabilidad socioeconómica. Será exigible tanto para la Administración Estado y para las empresas públicas.

Cada comunidad podrá crear un órgano equivalente o le podrá encomendarle trabajos a la ONE.

Las ayudas fiscales al cine, entre otras cuestiones como el aumento de la competitividad por el abaratamiento de los servicios, han propiciado que aumenten las producciones extranjeras que se ruedan en España. Series conocidas como Juego de Tronos o películas como Fast&Furious se han beneficiado de estas ayudas.

Un plazo del tres años

Por otra parte, el PP y Ciudadanos también han acordado otra enmienda que prevé limitar el uso de contratos interinos por parte de las Administraciones. El texto limita a un máximo de tres años la duración de los contratos temporales en el sector público o el nombramiento como funcionario interino del trabajador afectado.

La enmienda también contempla vetar el empleo temporal. "No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables", señala la enmienda popular, que contará con el respaldo de Ciudadanos, según aclaró ayer el portavoz de este partido, Vicente Ten Oliver.

De salir adelante esta enmienda, que precisa del respaldo de más grupos parlamentarios, España comenzará a adaptar su legislación sobre interinidad a las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia del pasado septiembre, cuando en tres fallos puso en tela de juicio la regulación de todos los contratos temporales y, sobre todo, de la interinidad en España. Los jueces comunitarios cuestionaron especialmente el uso que se hace de la temporalidad en sectores con gran presencia de empleo público como la Sanidad.