Los asesores fiscales critican la vía de Hacienda para suavizar los aplazamientos
La asociación Aedaf creen que la instrucción que interpretara el régimen de fraccionamientos va contra la Ley General Tributaria
Los asesores fiscales cuestionan la legalidad de la vía utilizada por la Agencia Tributaria para suavizar los aplazamientos a los autónomos. Consideran que un comunicado no es un instrumento normativo ni el vehículo válido para canalizar una decisión con vocación de aplicación general y vinculante, según una nota difundida este martes por la asociación española de asesores fiscales (Aedaf). De hecho, esta organización señala que "aún es más grave que este posicionamiento público de la Agencia Tributaria vulnera literalmente lo dispuesto en el artículo 65.2 de la Ley General Tributaria. Este artículo enumera cuáles son las deudas tributarias que no pueden ser aplazadas o fraccionadas.
La polémica arrancó el pasado diciembre cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un decreto limitando los aplazamientos porque obligaba a todos los autónomos a justificar que las cuotas repercutidas de IVA no habían sido efectivamente pagadas. Desde entonces, los profesionales y las pymes están preocupadas por el endurecimiento del régimen de aplazamientos de deudas tributarias con el fisco.
Contra la Ley General Tributaria
Ante la inquietud del sector, la Agencia Tributaria emitió la semana pasada una instrucción para permitir a los autónomos y pymes aplazar deudas inferiores a 30.000 euros. En la orden interna, Hacienda establece que para las solicitudes de aplazamientos de estas deudas inferiores a 30.000 euros se considerará que están pendientes de cobro. De esta forma, los profesionales y pymes que aún no han ingresado el IVA de la factura que han emitido, algo que les genera problemas de liquidez, podrán postergar el pago al fisco.
Pero los asesores creen que una instrucción interna que interpreta y cambia el sentido del real decreto de diciembre no es la vía para suavizar los aplazamientos. La Aedaf "valora positivamente que las instancias públicas reaccionen a las lógicas quejas de aquellos colectivos perjudicados por una reforma tan perniciosa con la incluida en el real decreto 3/2016". Pero, advierte, "no puede ocultar su preocupación ante el modo como Hacienda ha gestionado este asunto", lamentan.
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