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Badalona también lleva a FCC a la Fiscalía por un fraude de 12,8 millones

Una auditoría revela graves irregularidades y el cobro de servicios no realizados, como en Barcelona

Recogida de basuras en Barcelona
Operarios de FCC recogen muebles y trastos viejos en el distrito del Eixample de Barcelona.

El Ayuntamiento de Badalona —gobernado por una coalición de izquierdas que incluye Guanyem Badalona (que a su vez incluye la CUP y POdemos) , ERC, PSC e ICV— ha presentado este lunes una auditoría sobre el servicio de limpieza viaria y retirada de residuos que concluye que la empresa FCC Servicios Ciudadanos hinchó irregularmente los gastos cobrados al municipio en 12,8 millones de euros entre 2010 y 2015. Dolors Sabater, alcaldesa de la ciudad —la tercera más poblada de Cataluña— ha anunciado que trasladará el caso a la Fiscalía de Barcelona.

El anuncio hecho por Badalona llega solo cuatro días después de que una investigación de EL PAÍS revelara graves irregularidades cometidas por FCC en la gestión de los mismos servicios en tres distritos de Barcelona, que incluían la mezcla de residuos —envases para reciclar con basura normal, por ejemplo— y la facturación de cientos de servicios no prestados. El Ayuntamiento de Barcelona también ha decidido llevar el caso a la Fiscalía, que el pasado viernes anunció la apertura de una investigación penal por los delitos continuados de estafa y falsificación documental.

La auditoría presentada por Badalona es mucho más amplia y profunda que los datos conocidos hasta ahora sobre Barcelona, ya que el ayuntamiento de la ciudad lleva meses investigando la contrata y la auditoría se extiende en la gestión de FCC durante cinco años. Sabater ha asegurado que es imprescindible “recuperar la capacidad de control sobre los contratos”, y ha acusado al anterior gobierno de Xavier García Albiol (PP) de permitir este fraude al reducir el número de inspectores municipales desde una cifra que iba de seis a ocho a solo dos.

“La situación en Barcelona ha hecho saltar todas las alarmas y por eso hemos querido hacer pública la auditoría de estos contratos”, ha dicho Sabater. El ambientólogo Jordi Colomer, responsable del informe, ha destacado que en Barcelona el fraude vino “por falsear los resultados de la gestión de residuos para no llegar a los tramos contratados”, además de por “hinchar y mentir en los contratos”, que es la práctica llevada a cabo en Badalona por parte de FCC según la auditoría.

El concejal de Espacios Públicos y Movilidad, Francesc Duran, ha resumido en cinco grandes bloques las prácticas de FCC que denunciarán a la Fiscalía. El fraude más importante, de 4,5 millones de euros, es por haber realizado una facturación que no está conforme a los pliegos ni, en algunos casos, a la ley de contratos del sector público. Por ejemplo, casi 2,4 millones de euros de este supuesto fraude viene de la aplicación de la revisión de precios al alza del coste de la mano de obra, un concepto prohibido por ley.

El segundo gran bloque, valorado en un fraude de 3,5 millones de euros, se refiere a la imputación de costes por inversiones o maquinaria que en realidad no se utilizaron. El informe detalla, por ejemplo, la facturación de vehículos de limpieza que no se usaron y el uso de una maquinaria sobredimensionada, que cifran en 2,5 millones de euros. También se incluyen los gastos fijos de mantenimientos no prestados y de seguros de vehículos nunca utilizados.

Según la auditoría, además, FCC habría ofrecido en el contrato unos precios para los servicios de recogida de residuos que luego fueron cobrados más caros, un fraude que cifra en 2,8 millones de euros. El Ayuntamiento destaca que la empresa “ha facturado más jornales de recogida de residuos que los que había previsto en la oferta, un 6,6% más aunque el número de contenedores a recoger es un 5% menor que en la oferta”. El Ayuntamiento también denuncia, en un cuarto bloque, un incremento de los precios unitarios de la oferta, “colocando equipos más caros que los previstos en la oferta”, por valor de 1,6 millones de euros. La última parte del fraude, de 300.000 euros, es en concepto de haber cobrado algunos costes por partida doble.

La alcaldesa ha calificado las conclusiones de este informe como “intolerables para la ciudadanía”. El Consistorio también incrementará el número de inspectores y realizará una investigación interna “para que no se vuelva a producir este fraude en los contratos públicos”. Sabater ha responsabilizado al anterior gobierno municipal del PP de haber “desmantelado el servicio de limpieza pública, que ha resultado en que el Ayuntamiento se ha quedado sin recursos para controlar la gestión”.