Hacienda retiene 2.275 millones a las autonomías por no acreditar facturas

El ministro en funciones de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció este jueves el pago de 3.772 millones de euros a las comunidades autónomas para que paguen facturas pendientes con proveedores. La mayor parte de esta cantidad corresponden a los créditos del Fondo de Liquidez Autonómico extraordinario (FLA) para financiar las desviaciones de déficit público del año pasado. Hacienda ha retenido otros 2.275 millones a la espera de que las comunidades acrediten y registren las facturas pendientes en el sistema electrónico estatal. Las autonomías elevaron en abril por cuarto mes consecutivo el periodo de pago a proveedores.

Cataluña, Extremadura y Murcia y en menor medida Aragón son las comunidades que más rápido han acreditado las facturas pendientes con proveedores y antes están cobrando. Del total de créditos baratos adjudicados por Hacienda a estas Administraciones para financiar los números rojos del año pasado, han podido justificar más del 90% de las deudas con proveedores a través de la sede de factura electrónica de Hacienda, según los datos facilitados este jueves por el propio ministerio. “Si no pagamos más hoy es porque no estamos en condiciones de acreditar las facturas. Hay que insistir a los gestores autonómicos que vayan más rápido”, manifestó este jueves el ministro de Hacienda en funciones.

Castilla-La Mancha es uno de los territorios que menos gastos ha acreditado y en cambio está entre las autonomías que más han aumentado el tiempo en pagar a proveedores durante los primeros cuatro meses del año. Baleares, la Comunidad Valenciana y Andalucía son otras de las comunidades que más retraso llevan en justificar sus facturas ante Hacienda.

La Comunidad de Madrid y La Rioja, por su parte, rechazaron acogerse a este mecanismo de financiación del estado a bajos tipos de interés porque prefieren acudir a los mercados. Madrid, por ejemplo, ha colocado ya toda la deuda autorizada por el Gobierno mediante emisiones de deuda y préstamos bilaterales con entidades de créditos.

Aunque el titular interino de Hacienda admitió que en las próximas semanas se atenderán la totalidad del pago del FLA extraordinario, lo cierto es que las comunidades han aumentado el periodo de pago a proveedores por cuarto mes consecutivo y no han podido acreditar las facturas pendientes de pago ante el ministerio. Fuentes de Hacienda explican que para justificarlas tienen, además, que hacer un cambio contable para liberar créditos presupuestarios con los que pagar esas facturas. Es decir, anotar contablemente recortes de gasto en su ejecución presupuestaria, aunque estos se diluirán posteriormente conforme vayan cobrando los nuevos fondos del sistema de financiación.

El actual modelo de financiación autonómica —el sistema por el que se reparten los recursos a las comunidades para financiar los servicios básicos— caducó en 2014 y el Gobierno del PP aplazó la reforma por motivos políticos. Mientras tanto puso en marcha un sistema de financiación paralelo y extraordinario, que parchea el actual, a través de créditos baratos: el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Desde 2012 cuando se pusieron en marcha estos mecanismos de liquidez, las comunidades han recibido más de 150.000 millones de euros en estos préstamos baratos.

La semana pasada expertos del Consejo General de Economistas plantearon que el Gobierno introdujera quitas parciales de la abultada deuda de las comunidades con el Estado —la mayor parte procede de FLA y del pago a proveedores— como moneda de cambio en la negociación para reformar el sistema de financiación.

Reforma del sistema

El ministro en funciones de Hacienda no cierra del todo la puerta a esta opción y admite que para negociar el próximo modelo habrá que contemplar todas las posibilidades. “La obligación del Estado es dar cobertura al resto de administraciones públicas. Habrá que introducir todos estos elementos en la financiación autonómica de futuro”, señaló Montoro, que recordó que la deuda autonómica ya se está reestructurando a través del FLA porque se abarata su coste y se amplían sus vencimientos.

El ministro subrayó que la reforma del sistema de financiación se debe hacer a través de un acuerdo político muy amplio. “Un acuerdo entre los grandes partidos”, dijo. De esta forma, admitía que, a diferencia de otras ocasiones cuando el sistema se negociaba con las comunidades autónomas, el panorama político que se abre tras las elecciones del 26-J exigirá una negociación entre las formaciones políticas antes que con las comunidades.