Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Expertos creen que el Estado debe perdonar deudas a las autonomías

El Consejo de Economistas considera que se debería incluir la condonación de parte de los créditos del FLA en la negociación del próximo sistema de financiación

Expertos creen que el Estado debe perdonar deudas a las autonomías

Varios de los expertos, que han participado este martes en la presentación del estudio sobre la reforma de la financiación autonómica, han abogado porque la Administración central condone parte de los créditos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a cambio de que las comunidades acepten el próximo sistema.

Así lo ha manifestado Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Castilla-La Mancha, quien ha manifestado: "El Gobierno tiene actualmente un instrumento para hacer pasar por el aro a las comunidades en la negociación del nuevo sistema de financiación, que es el FLA". Durante su intervención del estudio sobre financiación autonómica elaborado por el Consejo General de Economistas, Rubio ha precisado que el Ejecutivo podría así negociar la condonación de la deuda de los créditos estatales, lo que supondría una liberación de recursos para las autonomías.

El presidente del colegio de Economistas, Valentín Pich, ha sido menos contundente pero ha indicado que "seguro que tiene que haber un nuevo modelo y todo lo anterior —en referencia a los fondos del FLA— será parte de la negociación política". Y ha abundado: "El Gobierno que salga elegido en los próximos comicios debería encarar con urgencia la reforma de la financiación autonómica, dado que las comunidades son las responsables de servicios fundamentales como la educación, la sanidad y los servicios sociales, que conforman la parte nuclear del Estado de bienestar".

Juan Manuel Pérez, por su parte, considera el FLA es de facto un parche del actual sistema de financiación autonómica, como prueba que las autonomías peor financiadas son las que más han aprovechado estas líneas de crédito que ofrece el Estado a tipos de interés muy ventajosos.

El Gobierno puso en marcha el FLA en 2012 para que las comunidades pudieran hacer frente a los vencimientos de su deuda en un momento en que los mercados habían cerrado la puerta a las autonomías más endeudadas. En aquel momento, España sufría un ataque de los mercados que hizo escalar la prima de riesgo más allá de los 600 puntos y elevó el tipo del bono soberano a 10 años por encima de los 700 puntos básicos. Entonces, el FLA nació como un fondo de rescate para las autonomías en apuros a pesar de que desde el Ministerio de Hacienda trataron de quitarle esa connotación.

El Ministerio de Hacienda ha desembolsado cerca de 125.000 millones de euros, equivalentes 12 puntos del PIB, en créditos blandos para las autonomías. A cambio de estos préstamos ventajosos el Ejecutivo exigía cierto control sobre las finanzas regionales. Pero a la hora de la verdad ese control ha sido más informativo que otra cosa porque no ha servido para enderezar la desviación de las cuentas regionales.

Para tratar de poner luz sobre la financiación autonómica, los expertos del Colegio de Economistas han analizado el sistema de reparto de recursos y han concluido que "el sistema de financiación nacido de la última reforma de 2009 es poco transparente, lo que facilita la demagogia y dificulta la corresponsabilidad". Además, indican que "el resultado del sistema es arbitrario y mantiene unas diferencias entre las comunidades que no se justifican por sus necesidades de gasto".

Por eso, los economistas proponen una batería de 14 medidas generales sin mucho detalle. Porque eso corresponde a los políticos, apunta Pich. Entre estas recomendaciones destaca la de revisar la cesta de tributos cedidos y realizar la reforma normativa que algunos de ellos necesitan. Añaden que se debería rebajar el porcentaje de recursos tributarios que aporta cada comunidad al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, que en estos momentos es del 75%, con lo que se cumpliría mejor con el principio de corresponsabilidad fiscal. Y por último insisten en la necesidad de simplificar el sistema de nivelación y respetar el principio de ordinalidad, por el cual la comunidad que más recibe antes del reparto sigue siendo la que más recursos obtiene tras el mismo. Es de hecho, un límite a la solidaridad.

Más información