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Brasil aprueba un ajuste para cuadrar las cuentas públicas

El presidente interino, Michel Temer, quiere modificar la Constitución para recortar en salud y educación

Michel Temer y el ministro de Economía Henrique Meirelles, este martes en Brasilia.
Michel Temer y el ministro de Economía Henrique Meirelles, este martes en Brasilia. REUTERS

Tras revelar un agujero en las cuentas públicas de 170.000 millones de reales (unos 42.500 millones de euros) poco después de tomar posesión, el Gobierno interino brasileño de Michel Temeranunció este martes un paquete de medidas para recortar gastos y, según el ministro de Economía, Henrique Meirelles, relanzar la maltrecha economía. El objetivo es congelar el gasto público, tomando como referencia el crecimiento de los precios de 2015, que fue del 10%. Eso rompe una norma del pasado por la que los gastos del Estado siempre crecían más que la inflación.

“Es una trayectoria insostenible. Podemos vanagloriarnos de lo que conquistamos en el pasado gracias a eso, pero hoy ese aumento de gastos genera dificultades extremas para los brasileños”, dijo Temer desde Brasilia. El recorte en las cuentas públicas afectará, previsiblemente, a todas las áreas. En principio no habrá, según aseguró Temer, aumento de impuestos.

Meirelles fue preciso: dado que la Constitución brasileña prevé destinar un porcentaje fijo de gasto para las áreas de Educación y Sanidad, entre otras, el Gobierno va a enviar al Congreso una enmienda para poder saltarse esa barrera. No será fácil que el Parlamento apruebe la medida, dada la fragmentación de la Cámara y su imprevisibilidad. Durante el mandato de Rousseff el Congreso se convirtió en un muro contra los ajustes fiscales.

Temer anunció además que pretende acelerar un proyecto (ya aprobado por el Senado brasileño) por el que la estatal Petrobras deje de estar obligada a extraer petróleo en yacimientos marinos a gran profundidad. “Petrobras es una empresa que tiene que guiarse por criterios de su interés, como una empresa privada”, declaró. La petrolera, cuna del mayor escándalo de corrupción de Brasil, reconoció el año pasado pérdidas récord de 8.700 millones de euros (34.800 millones de reales), el peor resultado anual de una empresa brasileña, tanto privada como pública.

El nuevo presidente quiere, asimismo, acabar con el Fondo Soberano, una reserva para épocas de crisis existente desde 2008 que se nutre con recursos públicos y a la que el Gobierno ha recurrido varias veces para cuadrar las cuentas públicas. Temer reconoció que esperaba encontrar algo más de 20.000 millones de euros en ese fondo, pero que apenas hay 500.

“El país no se puede parar”

Pese a la interinidad de su cargo, Temer afirmó que el país “no se puede parar” y subrayó que su posición es “perfectamente constitucional”. El dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) añadió que su Gobierno está siendo víctima de “agresiones psicológicas para atemorizarles”, en referencia a las críticas a su gestión y las protestas contra el proceso de impeachment de Dilma Rousseff.

El lunes el Ejecutivo interino vivió su primer gran escándalo, que acabó con la salida del ministro de Planificación, Romero Jucá. El periódico Folha de S. Paulo publicó una conversación de Jucá (PMDB) en la que insinuaba que la salida del poder de Rousseff frenaría las investigaciones anticorrupción. Muchos interpretaron sus palabras en el sentido de que, pese al discurso renovador de Temer, con el juicio a Rousseff en realidad el PMDB busca minimizar el caso Petrobras, que le salpica junto a otros partidos.

Al estallar la polémica, Jucá anunció primero que no pensaba renunciar, pero a las pocas horas dijo que deja el cargo hasta que la Justicia aclare que no estuvo implicado en irregularidades. El exministro está siendo investigado en la operación Lava Jato, una trama de desvío de fondos de la petrolera.

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