Bruselas obliga a cargar en el déficit de 2015 facturas pendientes de 2013

La Oficina de Estadística de la Unión Europea, Eurostat, ha obligado a España a imputar como déficit de este año facturas de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Zaragoza por un importe de 1.500 millones de euros que, según Hacienda, no se habían contabilizado como gasto público. El Ministerio de Hacienda asegura que ha abierto una auditoría entre las admininistraciones territoriales “para verificar y contrastar” que las comunidades autónomas y los Ayuntamientos están cumpliendo con todos los requisitos contables.

El Ministerio de Hacienda remitió el pasado 29 de septiembre a Eurostat los datos definitivos de las cuentas públicas correspondientes a 2013 y el cierre provisional de 2014. La oficina estadística comunitaria encontró discrepancias en los registros de hace dos años. Hacienda había incorporado como déficit de 2013 facturas que no había contabilizado como gastos de Cataluña y Zaragoza. Se trataba de contratos de colaboración público privada que, según Hacienda, estas administraciones no habían registrado en la información que remiten al Ejecutivo. En el caso de Cataluña correspondía a facturas de inversiones en carreteras y centros penitenciarios por un importe de 1.318 millones. Por su parte, Zaragoza no había recogido contratos de la construcción del tranvía por un importe de 200 millones de euros.

El Gobierno procedió a incluir estos gastos en el déficit público de 2013 pero Eurostat ha obligado a España a imputarlos en este año “ya que no ha sido hasta este año cuando las Administraciones Públicas responsables de los contratos han revelado la existencia de estos contratos a las autoridades estadísticas nacionales”, según un comunicado enviado por Hacienda. Fuentes del ministerio aseguran que estas administraciones ocultaron estas facturas que solo han aflorado a raíz de las nuevas normas de control y responsabilidad penal.

De esta forma, el déficit de este año será una décima superior a lo previsto inicialmente. A pesar de ello, desde el Departamento que dirige Cristóbal Montoro aseguran que España podrá ceñirse al objetivo de déficit acordado con Bruselas, en el 4,2% del PIB.

La Generalitat desmiente la versión ofrecida por Hacienda. Asegura en otro comunicado que “el incremento del déficit registrado inicialmente en el año 2013 responde a una reclasificación de operaciones aplicada por la Intervención General del Estado en base al nuevo marco europeo de contabilidad pública SEC 2010”. Y añade: “La Intervención incorpora al cómputo del déficit algunos contratos de carreteras y centros penitenciarios efectuados con fórmulas de asociación público privada y ejecutados antes del año 2011”. De esta forma, la consejería de Economía de Cataluña “deplora que el Estado desvíe lo que es un conflicto de la IGAE con el Eurostat hacia Cataluña y el Ayuntamiento de Zaragoza”.

El Gobierno anunció que el Comité Técnico de Cuentas Nacionales pondrá en marcha una auditoría entre las administraciones territoriales para verificar las cuentas públicas.