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EDITORIAL

Caer del lado correcto

La sociedad colombiana lleva años forcejeando para acabar con la guerrilla y firmar una paz nacional que permita un nuevo desarrollo político y económico. Nunca han faltado buenas expectativas de que esta paz iba a llegar, pero por razones diversas no acababan de concretarse. El penúltimo peldaño se ha conocido esta semana: el presidente del país, Juan Manuel Santos, y el líder guerrillero Rodrigo Londoño Timochenko se han dado seis meses de plazo, hasta maro de 2016, para firmar la paz definitiva en Colombia. Todo permite suponer que esa paz llegará y que la violencia ya no será un obstáculo para el desarrollo económico y el equilibrio social. Los beneficios son difíciles de medir en términos económicos. Un cálculo realista situaría la mejora en el PIB en el 0,3% anual; pero hay intangibles de bienestar que se traducirán sin duda en una mejora social a más largo plazo. Como diría un político castizo, de esos que abundan tanto en España, “la estabilidad no tiene precio”.

Para Colombia, la tarea inmediata es enfrentarse el problema común de todos los países que están sufriendo la caída de los precios de las materias primas y del petróleo. En términos macroeconómicos, el descenso de los ingresos se traduce en un crecimiento menor (por supuesto), en graves dificultades añadidas para sujetar el déficit presupuestario y, en consecuencia, en un ajuste fiscal. Todo esto ya está anunciado desde que empezó a caer el precio del crudo, que es parámetro global decisivo en estos momentos. En realidad, a corto plazo se trata de una cuestión de manual, y por lo tanto, una generalización que poco o nada desvela: si descienden bruscamente los ingresos el impacto sobre el bienestar de la población es más dañino que en una situación de descenso paulatino. El ajuste presupuestario tiene que ser inmediato y proporcionado.

Pero, como en otros países en América Latina, una cosa es lo que hay que hacer inmediatamente para compensar el hundimiento de los precios de las materias primas y otra es identificar la debilidad principal de esas economías para intentar corregirlo. Podría decirse que el problema parte de contar con unos ingresos fiscales (crudo, metales, etcétera) que se dan como seguros y que durante los años de subidas de precios enmascaran una dependencia perniciosa de un único bien o servicio. El término sintético (y socorrido) para describir el remedio a esta situación es “hay que reformar la economía”. Pero el “hay que” dice muy poco más allá de una voluntad de cambio que es un lugar común. Los “hay que” significan generalmente un periodo duro y prolongado de ahorro e inversión, que Colombia estará probablemente en disposición de iniciar cuando supere el shock actual de las materias primas; implican además que hay que acertar con las industrias designadas para diversificar la riqueza nacional; lo cual, a su vez, requiere una cierta ordenación conjunta de la economía que gestione las iniciativas individuales; y un cierto grado de consenso político que no necesita llegar a la unanimidad.

Todo esto requiere decisiones políticas fuertes y cierta fortuna para que la economía colombiana “caiga del lado correcto”, según la expresión de Ana María Ibáñez, decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Con todo, es necesaria una condición previa, que puede considerarse como una salsa universal para las recetas de los países del continente: una reforma fiscal. No sólo la paz asegura la estabilidad; un Estado debe disponer de los recursos tributarios necesarios procedentes de la distribución de las cargas públicas entre todos los ciudadanos. Sin esos recursos, sin una tributación proporcionada, el Estado se convierte en un instrumento inútil para hacer frente a cualquier contingencia exterior.