Agricultura ampliará la ayuda directa al doble de explotaciones lácteas

El Ministerio de Agricultura ampliará a otras 2.200 explotaciones ganaderas productoras de leche de vaca el derecho a percibir una ayuda por falta de rentabilidad. La nueva subvención será de 110 euros por vaca, destinada a los productores que se vean obligados a vender por debajo de 0,27 euros el litro de leche, frente a los 0,34 euros que de media cuesta su producción. Se suman a las ayudas que Agricultura anunció en agosto, de 300 euros por vaca para las ventas por debajo de 0,25 euros el litro. Así, en total el plan de apoyo para paliar la falta de rentabilidad llegará a unos 5.000 ganaderos lácteos.

La primera ayuda de 300 euros que anunció Agricultura la última semana de agosto se estimaba inicialmente que llegaría a entre 2.500 y 3.000 explotaciones. Aunque la decisión de Atocha fue valorada positivamente desde el sector productor, en medios ganaderos se estimaba que, frente a ese coste de producción medio de 0,34 euros litro, había otras miles de explotaciones que también se hallaban en una situación de pérdidas y se quedaban fuera del plan de apoyo, por lo que era necesario ampliar el abanico de posibles beneficiarios. En este contexto, Agricultura ha optado por ampliar la ayuda a otras 2.200 explotaciones, cuyos precios de venta medios para la leche se hubieran situado a entre los 0,25 y los 0,27 euros.

El coste total de las ayudas previstas por la Administración podría ascender a unos 15 millones de euros. El pago de este tipo de subvención lo puede articular cualquier Estado miembro con fondos propios, ante una situación de crisis en un sector con el sistema denominado de mínimis. Este sistema permite el pago por explotación de una cantidad máxima de 15.000 euros durante un periodo fiscal de tres años. En el caso del sector de la leche, el gobierno se ha fijado un techo de 10.000 euros por granja.

Ayuda antes de las elecciones

El sector espera tener lista la disposición durante el mes de septiembre, para abrir el plazo de presentación de solicitudes en octubre y conceder las ayudas antes de las próximas elecciones generales en diciembre.

Junto a esta ampliación de las ayudas directas, la ministra de Agricultura Isabel García-Tejerina y su equipo han intensificado en los últimos días los contactos directos con los máximos responsables de los industriales, así como de las organizaciones más representativas de los grandes grupos de la distribución.

El objetivo de esas actuaciones es la firma, inicialmente prevista para el 10 de este mes, de los respectivos acuerdos con ambos sectores donde los mismos se comprometan a respetar y defender un mayor equilibrio en los beneficios entre todos los componentes de la cadena alimentaria. Tras la firma de esos acuerdos, la Administración pretende impulsar un pacto entre distribución, industriales y productores para llegar a una remuneración en origen que desde las organizaciones de los ganaderos se califica como un precio mínimo, pero no fijo, para evitar problemas de Competencia.

Fin de la ‘marcha blanca’

Por otra parte, a medio día de ayer culminó la denominada marcha blanca, un recorrido que cientos de ganaderos de las Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla y León y Asturias iniciaron el 24 de agosto en León y hasta Madrid, donde acudían para reclamar unos precios justos para la leche. A esta iniciativa se unieron en los últimos días ganaderos de Aragón y Madrid. La marca llegó a las puertas del Ministerio de Agricultura, donde se formó una manifestación de unas 2.000 personas.

Representantes de las organizaciones agrarias Asaja y de la Unión de Campesinos de Castilla y León se reunieron con la ministra de Agricultura. Le expusieron las reivindicaciones del sector donde, por encima de todo, destaca la exigencia de un precio justo para la leche en origen y la necesidad de lograr un pacto entre todas las partes que forman parte de la cadena desde que sale la leche del campo hasta que llega a los supermercados.

La ministra señaló la coincidencia del Gobierno con sus peticiones y su compromiso para seguir trabajando en la búsqueda de una salida a su problema en España y en el próximo consejo de ministros comunitario del día siete de septiembre en Bruselas.