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Empleo nunca evalúa la formación en empresas aunque la ley le obliga

El Tribunal de Cuentas denuncia que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no ha realizado “ningún informe específico” pese a que la normativa se lo exige desde 2007

El Tribunal de Cuentas acaba de fiscalizar por primera vez uno de los ángulos de la formación a trabajadores, la que contratan directamente las empresas para sus empleados con cargo a la Seguridad Social. En una dura evaluación, denuncia que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no ha realizado “ningún informe específico” para comprobar qué impacto tiene esta formación “en el mantenimiento del empleo y en la mejora de la competitividad”. La evaluación a este tipo de formación, a la que se destinaron 571 millones de euros el año pasado, es una obligación legal desde 2007.

El sistema para reclamar por irregularidades es tan lento que el Estado pierde dinero porque prescriben los casos

La llamada formación de demanda, bonificada con cotizaciones, se puso en marcha en 2004. Su desarrollo en estos 11 años ha sido muy significativo. Ha pasado de 394 millones a 580. En 2012, año que fiscaliza el Tribunal de Cuentas, participaron casi 3,2 millones de trabajadores. En el primer informe del órgano fiscalizador, al que ha tenido acceso EL PAÍS, destaca que un decreto de 2007 obliga al SEPE y a entidades de las comunidades autónomas a examinar el sistema “con la periodicidad que determinen en sus respectivos ámbitos”, sin que eso haya ocurrido hasta la fecha.

Empleo nunca evalúa la formación en empresas aunque la ley le obliga

La norma obliga a hacer otra evaluación, un plan anual que mida “calidad, impacto, eficacia y eficiencia” del modelo. El Tribunal de Cuentas señala que los únicos dos planes de evaluación sobre la formación bonificada en las empresas, correspondientes a 2010 y 2011, no son válidos. Los considera “una mera presentación de resultados, basándose principalmente en el análisis de la información estadística (costes de formación, participantes totales), no efectuando un análisis del verdadero impacto que las acciones formativas desarrolladas conllevan en la mejora de la productividad y competitividad” que “no cumplen” los fines legales.

El documento es preliminar y quedaba sujeto a las alegaciones de las partes afectadas. El Servicio Público de Empleo (SEPE) replica en su respuesta a este informe que los planes de evaluación de 2010 y 2011 —los que el Tribunal de Cuentas califica de “mera presentación de información estadística”— “se encuentran en desarrollo” y ya se han adjudicado los de 2012 y 2013.

La llamada formación de demanda, bonificada con cotizaciones, se puso en marcha en 2004

También señala el SEPE que sobre 2010, 2011 y 2012, la Fundación Tripartita —el órgano que integra a partes iguales con empresarios y sindicatos y que colabora con ella en el diseño y desarrollo de la formación— ha encargado un informe sobre esta actividad a empresas privadas. El Tribunal de Cuentas ya conocía esta información y, de hecho, toma prestadas tres conclusiones del documento realizado por el sector privado para echar por tierra los resultados de este modelo de formación. A saber: “La formación bonificada incide poco o nada en mejoras salariales y en ascensos. No crea empleo pero sí ayuda a mantenerlo”; “Contribuye de forma limitada a la mejora de la competitividad”; “Se comparte la preocupación entre los agentes sobre la falta de evaluación del impacto”. Y añade que “el SEPE no ha adoptado las medidas necesarias para acometer el análisis de las conclusiones allí recogidas”.

El Ministerio de Empleo también responde. El grueso de sus alegaciones se basa en explicarlos cambios introducidos en la reciente reforma del sistema de formación, aprobada definitivamente este verano.

La otra pata que falla, según el Tribunal de Cuentas, es el control. Legalmente se debe controlar un 5% del dinero público destinado a la formación. En 2012, se revisó un 6,25% (35 millones de euros y casi 31.000 grupos de formación). Sin embargo, casi siete de cada 10 controles no se pudieron culminar por falta de información o porque hubo irregularidades. El tribunal considera que “a la vista del elevado grado de incumplimiento” que se deduce de esos controles, “el porcentaje de recursos públicos sometidos legalmente a estas actuaciones de control se muestra claramente insuficiente”.

A este tipo de formación, que  no recibe el seguimiento obligatorio, se destinaron 571 millones de euros en 2014

El SEPE admite en sus alegaciones que el porcentaje “definido en la normativa no siempre ha resultado suficiente”. Este último adjetivo también lo utiliza el Ministerio de Empleo, que admite en su respuesta que el porcentaje “no parece suficiente”. En el siguiente párrafo, el departamento que dirige Fátima Báñez remite al desarrollo reglamentario de la reforma de la formación para decir que “se ajustará el volumen de actuaciones a realizar”.

Dinero perdido

Los controles son escasos y poco ágiles, a decir del Tribunal de Cuentas. A final de cada año se hacen controles ex post (después de los cursos) que se retrasan casi dos años, lo que genera “un riesgo de posible prescripción del derecho a exigir dichas devoluciones”. Los que tengan irregularidades se deben remitir a la Inspección de Trabajo para que requiera la devolución del dinero malgastado. “El procedimiento de gestión de cobro de las bonificaciones indebidamente aplicadas resulta excesivamente lento y dilatado”, añade el tribunal. En 2012, Empleo debía reclamar casi un millón y medio de euros por mala gestión de recursos a las empresas (1.4409.361 euros). El 43,48% de las bonificaciones a reclamar prescribieron. Es decir, se han perdido 626.236 euros.

Sobre las incidencias apreciadas en los procesos de control, el SEPE recuerda que donde más se han detectado es en la formación a distancia y que esta ha sido suprimida en la reforma de la formación aprobada este verano. También apuntan este argumento en el Ministerio, aunque no figura en sus alegaciones.

Un modelo más directo y cofinanciado por Bruselas

]La llamada formación de demanda es aquella en que las empresas imparten cursos a sus empleados por su cuenta o a través de las academias que contratan. Las entidades pueden descontarse después a cambio parte de lo que abonan a la Seguridad Social.

Es un modelo diferente al sistema de formación de oferta —gestionada por organizaciones empresariales y sindicales—, en la que se han constatado periódicamente abusos, como ocurrió el año pasado en Andalucía en un caso que afectó a las grandes centrales sindicales o en Madrid, con el llamado caso Aneri, que salpicó a la patronal.