Desarticulada una red que ocultaba dinero a través de clubes de alterne

La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han desarticulado una trama, integrada por cinco organizaciones criminales que explotaban importantes clubes de alterne en España. La red blanqueba dinero a través de un complejo entramado de ingeniería financiera. La Agencia Tributaria estima que las empresas habrían llegado a ocultar más de 400 millones de euros en los últimos cinco años, generando un fraude fiscal de 117 millones de euros en el periodo.

La organización blanqueaba los beneficios mediante un entramado societario que giraba en torno a una sociedad guipuzcoana bajo sospecha desde 2010. Las investigaciones comenzaron hace cinco años a lo largo de los cuales se han analizado más de 750 cuentas bancarias. De esta forma, los agentes pudieron relacionar la sociedad guipuzcoana con los clubes de alterne de los que procedía el dinero.

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han registrado 14 prostíbulos y 21 domicilios y ha detenido a 66 integrantes de las cinco organizaciones desarticuladas y se han localizado a 349 potenciales víctimas de explotación sexual.

Las actuaciones arrancaron en 2010 cuando funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en País Vasco comenzaron a investigar a uno de los implicados porque presentaba "signos externos de riqueza". A raiz de esas investigaciones se detectaron vínculos con la sociedad radicada en San Sebastián "a la que los investigadores han acabado atribuyendo el papel de facilitador en el entramado, a través de la puesta a disposición de los clubes de las Terminales Punto de Venta (TPV) que utilizaban para el fraude y posterior blanqueo".

El análisis de más de 750 cuentas bancarias por parte de la Agencia Tributaria permitió establecer las relaciones existentes entre la sociedad facilitadora y los clubes. Los clientes de los clubs investigados debían abonar los servicios sexuales con tarjeta, utilizando para ello TPV específicos. Los pagos cargados a las tarjetas, que incluían una comisión del 10% que posteriormente se repartían entre los clubes y la sociedad, se ingresaba en cuentas bancarias cuyo titular era la sociedad guipuzcoana, y en la que figuraban como apoderados personas de confianza de los clubes en los que estaban instalados los terminales.

Una parte importante del dinero que se ingresaba en las cuentas era retirado posteriormente por los apoderados de las empresas vinculadas a la red criminal, lo que dificultaba seguir la pista al dinero.

Tanto la sociedad facilitadora como los prostíbulos simulaban operaciones realizadas entre ellos como compraventas o arrendamientos. En otras ocasiones las declaraban por importes inferiores a los reales o, simplemente no las declaraban. En una fase final, el dinero era blanqueado e introducido en los bancos. Para ello realizaban pagos a trabajadores en metálico, compras de inmuebles o inversiones en otros países. La investigación ha aflorado compras de oro por valor de seis millones de euros.

La mayoría de las mujeres explotadas en los clubes de alterne eran extranjeras "que procedían de los estratos sociales más bajos de sus países de origen, constituyendo el principal pilar sobre el que se sustentan sus familias tanto en España como en dichos países, lo que las coloca en una situación de total indefensión y dependencia de las organizaciones que las explotan".

Otra de las líneas de investigación se abrió al detectarse comentarios en redes sociales y foros de internet donde las esposas de clientes de los prostíbulos expresaban sus sospechas sobre la ocultación de pagos con tarjeta de crédito en estos locales de alterne. Las esposas citaban incluso el nombre de la sociedad que figuraba como la receptora de los pagos, la misma empresa facilitadora que utilizaba los TPV, y luego gestionaba los fondos de dinero negro.

Dos años después de que la Agencia Tributaria iniciara la operación, las investigaciones coincidieron con otra que paralelamente estaba desarrollando Policía Nacional sobre sobre la empresa guipuzcoana. Además, en el año 2013 se sumó a la investigación la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional que, a su vez, había comenzado también meses atrás a investigar una de las organizaciones criminales implicadas. Todas estas actuaciones preliminares llevaron a la judicialización de los hechos en el Juzgado 4 de Instrucción de la Audiencia Nacional.

Las mujeres explotadas en los clubes de alterne implicados eran obligadas a acatar unas normas impuestas por las organizaciones que afectaban a la vestimenta el comportamiento con los clientes, "cómo realizar los servicios sexuales (imponiéndolas criterios como la no utilización de preservativos para determinados actos. Incluso les imponían un sistema de multas que debían abonar por diversos conceptos, como llegar tarde a la sala".

Además, las mujeres eran sometidas a un sistema de rotación entre los distintos clubes controlados por cada organización, lo que permitía renovar la oferta en los locales, explica la Agencia Tributaria en un comunicado.

Con el tiempo, la operativa seguida por las organizaciones había evolucionado, llegando, en ocasiones a sustituir el uso de TPVs específicos por auténticos dispensadores automáticos de dinero similares a los utilizados por las entidades bancarias, así como a dejar de valerse del grupo empresarial facilitador y empezar a operar de forma autónoma en alguna de sus operaciones, valiéndose de los conocimientos acumulados durante su relación con el mismo.

Durante los registros se han intervenido más de 1.200.000 euros en efectivo, diversas obras de arte, oro, joyas y relojes de lujo, --alguno valorado en unos 30.000 euros--, cuatro armas de fuego y numerosa munición. Además, se ha procedido al bloqueo, por orden judicial, de 419 inmuebles, 160 vehículos, muchos de ellos de alta gama, 7 embarcaciones y numerosas cuentas bancarias a nombre de personas físicas y jurídicas en más de 30 entidades financieras.