Montoro obliga a Monago, Fabra, y Rudi a abonar las facturas pendientes

El Ministerio de Hacienda no quiere que se desande el camino recorrido en el ajuste de las cuentas públicas. La creciente morosidad de Extremadura, Comunidad Valenciana y Aragón preocupa a los responsables del Gobierno porque, entre otras cuestiones, lastra la recuperación económica. El Ejecutivo ha aprobado varias medidas desde 2012 para que las Administraciones Públicas paguen a los proveedores cuanto antes e impide que se financien aplazando el pago de facturas.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha remitido en menos de un mes dos cartas a estas comunidades en las que les advierte de que reduzcan el plazo de pago a sus proveedores al límite legal —60 días, según la Ley de Estabilidad Presupuestaria que incluye medidas coercitivas en caso de incumplimiento, aunque la Ley de morosidad es más exigente (30 días)—. Hacienda obliga a estas comunidades autónomas a aprobar medidas de ajuste para reducir las facturas pendientes de pago. Además, en la última carta les conmina a pagar a sus proveedores con el dinero que les ha facilitado a través de los fondos de liquidez para que salden los excesos de déficits de años anteriores.

El pasado 5 de marzo ya alertaba tanto de la elevada cuantía de la deuda comercial como del periodo medio de pago a proveedores (PMP). Desde que recibieron el escrito las autonomías no han adoptado ninguna medida para reducir su morosidad. Por eso, Beteta les ha vuelto a avisar mediante otra misiva, con fecha del 26 de marzo, a los consejeros de Economía y Hacienda de Extremadura, Clemente Checa; Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues; y Aragón, Javier Campoy. Les recordaba que ya les había apercibido por su alta morosidad. Las tres han retrasado aún más el periodo en que pagan sus facturas. Aragón, por ejemplo, tardó en enero 103,37 días en abonar sus recibos pendientes, frente a los 84 días que tardó en diciembre. Extremadura tardó 90,07 días en liquidar sus facturas en enero, frente a los 80,96 días del mes anterior. Y la Comunidad Valenciana pagó a sus proveedores en 86,34 días, frente a 82 días de diciembre. La medida del conjunto de las comunidades está en 50 días.

Además, comienzan a acumular demasiadas facturas sin pagar. La deuda comercial de Aragón ascendió en enero a 469 millones, el equivalente al 1,37% del PIB. Extremadura debe a proveedores 289 millones, el 1,64% del PIB; y la Comunidad Valenciana acumula facturas por 1.561 millones, el 1,54% de su PIB.

Extremadura, Aragón y Valencia son las más morosas con diferencia

Ante esta situación, Hacienda obligará a estas comunidades a pagar las facturas pendientes. "La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que cuando el periodo medio de pago a los proveedores supere en más de 30 días el plazo máximo de la normativa de morosidad durante dos meses consecutivos, Hacienda formulará una comunicación de alerta indicando el importe que deberá dedicar mensualmente al pago a proveedores y las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que deberá adoptar de forma que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago", señala la carta.

Beteta recuerda a los consejeros regionales que deberán incluir medidas de ajuste en el plan de tesorería del mes siguiente a la comunicación de alerta. Y les obliga a que destinen todo el dinero que el Gobierno les concedió el pasado 19 de febrero para saldar deudas comeciales de años anteriores a pagar a los proveedores. Les reprocha así que, a pesar de que se les ha autorizado que paguen una parte de los recibos pendientes, no lo han hecho. Por ejemplo, Extremadura tenía autorización para pagar 22 millones de facturas de años anteriores y solo ha liquidado 15 millones. Valencia podía disponer de 2.234 millones para liquidar las deudas con proveedores de años anteriores y, sin embargo, solo ha pagado 1.078 millones. Y Aragón podía contar con 395 millones y solo ha propuesto pagos por 224,3 millones.

Por eso, Hacienda insiste a estas comunidades que deben actualizar sus planes de ajuste para incluir medidas que permitan reducir la morosidad. Y les obliga a remitirle un plan de tesorería actualizado con las nuevas previsiones de pagos.