La OCDE considera que la reforma fiscal de Montoro se queda corta

La reforma fiscal presentada por el Gobierno en junio se concentra en revertir la subida del IRPF aplicada en 2012 y en bajar el tipo del impuesto de sociedades, del 30% al 25%. El Ejecutivo valora las rebajas en 9.000 millones, pero la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que aglutina a una treintena de países industrializados, España incluida, sostiene que el proyecto se queda corto. E insiste en que la combinación fiscal más proclive a la creación de empleo pasaría por una reducción de las cotizaciones sociales “orientadas a los trabajadores con menor retribución”, compensada por un nuevo aumento del IVA.

“Hay una tendencia general a reducir los impuestos sobre lo que genera riqueza, sobre las empresas y el trabajo, y a aumentar los indirectos, los verdes y los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria”, explicó ayer el secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, en la presentación en Madrid del análisis bienal del organismo sobre la economía española. “Y lo que decimos es que el Gobierno se ha movido en esa dirección, pero que hay espacio para seguir avanzando”, añadió en la sede del Ministerio de Economía, codo a codo en la conferencia de prensa con el ministro español, Luis de Guindos.

No es la primera vez que el Gobierno escucha estas recomendaciones, habituales también en los análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI) o de la Comisión Europea. Pero esta vez coincide con el inicio del trámite parlamentario de la reforma, que da margen a los cambios. Y coincide, además, con buena parte del recetario planteado por el comité de expertos al que el Ministerio de Hacienda encargó un estudio previo, aunque luego el propio Ministerio hizo oídos sordos a buena parte de sus conclusiones.

El informe de la OCDE sobre la economía española justifica su principal recomendación: la reducción permanente en las contribuciones empresariales a la Seguridad Social “centrada en trabajadores con menor retribución”. Apunta que este colectivo es el que más necesita que se generen nuevas oportunidades de empleo, y también, que es el “que presenta la mayor elasticidad de la demanda con respecto al salario”, es decir, en el que la contratación depende en mayor medida del coste laboral, que incluye impuestos y cotizaciones.

La alternativa ensayada por el Gobierno, una tarifa plana de 100 euros al mes en la contribución empresarial durante dos años para los contratos fijos que se hagan hasta final de 2014, no convence a la OCDE, por limitada y “regresiva” —“implica un impuesto mayor para los trabajadores con menor retribución”—. El foro de países industrializados asume que la rebaja “permanente” de cotizaciones que recomienda “requeriría financiar parcialmente la Seguridad Social mediante ingresos tributarios generales”. Y es aquí donde entraría en juego la nueva subida del IVA.

Los expertos de la OCDE optan por limitar los bienes y servicios acogidos en tipos reducidos (en el 4% y el 10%) del IVA antes que por volver a subir el tipo general (ya en el 21%, tras las alzas de 2010 y 2012). Y, para evitar un impacto mayor en las familias con rentas más bajas, abogan por “mejorar la red de protección social o excluir [del tipo general a] bienes de primera necesidad, como los alimentos”.

Guindos no dio señal alguna de que los cambios propuestos por la OCDE vayan a prosperar. “El Gobierno ya ha tomado medidas para reducir la cuña fiscal [el peso de impuestos y cotizaciones en el coste laboral], los resultados de la rebaja del IRPF y la tarifa plana deberán evaluarse conjuntamente”, señaló el ministro de Economía.

La OCDE advierte del riesgo de que los ingresos públicos se queden cortos, de ahí la recomendación de la subida de impuestos medioambientales o sobre la propiedad inmobiliaria. También insiste en que debería desaparecer la deducción en el IRPF por la compra de vivienda, por su elevado coste para las arcas públicas. Y plantea acabar con el tratamiento dual que se da en este impuesto a las rentas del capital (ínteres, dividendos y plusvalías, con un gravamen del 27%, que bajará al 23% con la reforma) y a las del trabajo (52% ahora, 45% en 2016). Además, cree que el Gobierno debería “revisar, junto con otros países de la UE, el tratamiento que reciben las sicavs [sociedades de inversión de capital variable, con las que grandes fortunas familiares gestionan su patrimonio], que tributan por el impuesto sobre sociedades a un tipo de tan solo el 1%, así como reforzar los controles para garantizar que este instrumento no se utilice para eludir el pago de impuestos”.

“La economía española vuelve a crecer, a crear empleo, a generar confianza en los mercados, y diría aún más, en la propia sociedad”, enfatizó Gurría, quien atribuyó buena parte del mérito a las reformas emprendidas por el Gobierno. La OCDE revisa ligeramente al alza sus previsiones (más crecimiento del PIB, un 1,2% este año, un 1,6% en 2015, una tasa de paro menor, pero aún cerca del 24%), pero enfría las perspectivas de una mejora mayor —que el Gobierno sí prevé—, por el impacto del frenazo europeo.

Además de la ampliación de la reforma fiscal, el informe de la OCDE urge a fortalecer las políticas activas de empleo para dar más oportunidades a parados de larga duración (tres millones de personas) y jóvenes con baja cualificación. Recuerda que solo en Irlanda, entre los principales países europeos, hay menos personal en los servicios públicos de empleo, con relación al número de demandantes de trabajo. Y que el gasto público en políticas activas apenas creció un 10% desde 2007, cuando el número de parados casi se triplicó en la crisis.