Injusticias tributarias

La Constitución establece que todos debemos contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo, aunque este principio vemos cómo en la práctica apenas se cumple como sería deseable.

Sobre la cuestión de quien soporta la mayor carga impositiva en nuestro sistema, las cifras lo dicen todo. Las estadísticas tributarias demuestran que alrededor de un 80% de los impuestos los pagan las clases trabajadoras, a través del IRPF, en el que las rentas del trabajo suponen un porcentaje muy elevado, y también mediante los impuestos indirectos que todos pagamos como consumidores. Sobra con ello cualquier comentario respecto al trato de injusticia que supone esta situación y que, desde luego, con la anunciada reforma fiscal no parece tener visos de cambiar.

A muchos de los que han perdido, su casa, su bien más preciado, por no haber podido pagar la hipoteca al encontrarse en situación de desempleo, Hacienda le exige, hasta el momento, que pague impuestos por la denominada “dación en pago”. La terminología y realidad legal puede ser muy cruel porque si le dices al contribuyente que ha perdido su hogar, que encima tiene que pagar porque ha tenido un incremento de patrimonio, lo normal, ante esta dramática situación, es que piense que le estás tomando el pelo. En este caso se cometen dos injusticias, una por seguir debiendo dinero al banco después de quedarse con tu casa, aplicando la Ley Hipotecaria; y otra por tener que pagar impuestos, aplicando la Ley del IRPF. Ante esta situación, las personas de bien deberíamos sentir vergüenza.

Tratemos ahora de las entidades financieras, del engaño y de la situación en la que han quedado muchos ciudadanos con las famosas “preferentes”, con las que han perdido todos sus ahorros, en parte debido a una deficiente supervisión de los órganos del Estado. En estos casos, el Gobierno no ha obligado a dichas entidades a devolver el dinero estafado, aunque sí ha empleado muchísimo más importe en rescatar a alguna de ellas, con el dinero de todos. El ciudadano, además de tener que acudir a los Juzgados para reclamar lo que le pertenece, perdiendo tiempo y dinero en el pleito, tiene también que sufrir una tributación injusta, ya que la Ley no reconoce la pérdida que ha sufrido. Otra más de las situaciones vergonzantes que estamos sufriendo.

El Gobierno pretende corregir ahora estas dos injusticias con medidas que ha incluido en la anunciada reforma fiscal, pero muchos nos preguntamos por qué se ha tardado tantos años en modificar esta normativa tan injusta. Lo menos que se podría hacer, en mi opinión, es que esas modificaciones legales tengan carácter retroactivo y que, por tanto, se devuelvan a estos ciudadanos un dinero que no tendrían que haber pagado nunca si se hubiera aplicado correctamente el principio constitucional de justicia del sistema tributario.

Por último, y en relación al fraude fiscal, el gran olvidado en la reforma fiscal, hay que reconocer que a la Agencia Tributaria no se le escapa ni un solo euro de las llamadas rentas controladas, que es lo mismo que decir rentas del trabajo. Pero la efectividad no es la misma cuando hablamos de combatir el fraude fiscal, ya que hasta ahora no ha existido una clara voluntad política, como lo demostraría una mayor dotación de medios humanos y legales a la Inspección de Hacienda.

En estos días últimos de la campaña de Renta, se llenan las mesas de Hacienda de jubilados, muchos de ellos con lágrimas en los ojos, que han sido requeridos por la Agencia para que paguen los impuestos correspondientes a las pequeñas pensiones que perciben, por el tiempo que estuvieron trabajando en el extranjero, exigiéndoles ahora unos importes que no pueden pagar. Ocurre lo mismo con los requerimientos que se está haciendo a jóvenes que han aplicado determinadas deducciones, como la del alquiler, que ante cualquier fallo se les quitan, y a veces el fallo no ha sido de ellos, sino del propietario de la vivienda. No debemos poner en duda la actuación de la Administración tributaria desde el punto de vista legal, ya que su función es aplicar las leyes, pero el principio de eficacia, y el sentido común, nos dice que habría que dedicar menos medios a estos pequeños fraudes o errores, y más y mejores a esos grandes defraudadores que se nos escapan por falta de medios humanos y materiales.

Además, no nos podemos olvidar de la famosa amnistía fiscal del pasado año, o de las cartas de aviso que se les enviaron a los que tenían cuentas en Suiza hace muy poco tiempo, para que regularizaran su situación; pero eso sí, sin sanciones. Si se comparan algunas de estas situaciones no cabe sino sentirse avergonzado y, mucho más si este tipo de actuaciones vienen motivadas por la voracidad recaudatoria de la Agencia, que enfoca sus actuaciones masivamente hacia los más débiles, sabiendo que esas deudas normalmente se recaudan y es improbable que sean recurridas por el contribuyente.

El descubrimiento del gran fraude requiere de mucho tiempo y medios porque los grandes defraudadores están bien asesorados, pero no por eso debemos abandonarlo, y ese debe ser nuestro objetivo primordial. De lo contrario, estaremos cometiendo otra injusticia más, y en este caso, no porque esté escrita en las leyes tributarias, sino por una incorrecta actuación de la Administración.

José María Peláez es inspector de Hacienda y miembro de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE)