EE UU ratifica el fallo contra Argentina por la deuda impagada a los fondos
La Corte Suprema no admite a trámite el recurso, por lo que el país se enfrenta a la disyuntiva de pagar a los fondos buitre que la demandaron o la posibilidad de caer en suspensión de pagos El Gobierno de Cristina Fernández también puede pedir una revisión de la decisión judicial
Los nueve integrantes de la Corte Suprema de EE UU comunicaron este lunes en Washington que mantienen la sentencia que establece que Argentina no podrá seguir pagando a la mayoría de acreedores que aceptaron la reestructuración de la deuda en 2005 y 2010, tras la suspensión de pagos de 2001, si antes no salda sus obligaciones con la minoría que rechazó esos canjes, los llamados fondos buitre y otros inversores más.
La decisión del Tribunal Supremo norteamericano supone un duro varapalo para los intereses de Argentina. Ahora, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner deberá optar entre pagar a los buitre, algo a lo que se ha negado sistemáticamente, o caer en suspensión de pagos de la deuda reestructurada bajo legislación de Nueva York, que equivale a 25.000 millones de dólares (18.000 millones de euros). Otra opción es que Buenos Aires intente seguir pagando a la mayoría de acreedores en Buenos Aires, en lugar de en EE UU, pero es dudoso que lo acepten.
Argentina tiene 25 días para pedir al tribunal que vuelva a revisar el caso
La tercera opción sería pedir al tribunal que vuelva a revisar el caso. El Gobierno tiene 25 días para pedirlo. Pero el país sudamericano debe enfrentar el próximo día 30 un pago de la deuda reestructurada y no se sabe si continuará o no en suspense el fallo en su contra, según un consejero de la Fundación Legal Washington, Richard Samp. Este abogado, cuya organización se presentó en el juicio a favor de los buitre, dice que solo en el 1% de los casos el Tribunal Supremo de EE UU acepta revisar sus decisiones.
El fallo contra Buenos Aires también puede repercutir de forma negativa en futuras reestructuraciones de deuda de otros países, al desalentar la aceptación de canjes e incentivar la vía judicial. Así lo han manifestado desde los Gobiernos de EE UU y Francia y el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque de todos ellos solo el Ejecutivo de Francois Hollande se presentó ante la justicia para defender la posición argentina. También Brasil y México habían recurrido a los tribunales para apoyar a Buenos Aires.
La demanda fue iniciada por dos de los llamados fondos buitre, NML y Aurelius, que compraron bonos argentinos en 2001 y 2002 a bajo precio y que desde 2003 reclaman en la justicia que Buenos Aires les pague el 100% del valor de esos títulos. Ambos fondos y otros acreedores, incluidos inversores argentinos, rechazaron la propuesta de quita de la mitad del pasivo que ofrecieron en 2005 y 2010 los Gobiernos de los Kirchner, que argumentaban que el sobreendeudamiento había hundido a su país y tornaba impagables las obligaciones anteriores. La mayoría de los tenedores de bonos aceptaron, canjeó el 93% de la deuda, pero el restante 7% quedó sin reestructurar y en litigio judicial. Dos tercios de ese pasivo no refinanciado habían sido emitidos en EE UU y por eso es que allí se dirime el caso.
Un fallo judicial que viene de 2012
Un juez de Nueva York, Thomas Griesa, falló en 2012 que Argentina no podía seguir pagando el rendimiento de sus bonos reestructurados hasta que saldara su deuda de 1.330 millones de dólares (980 millones de euros) con NML, Aurelius y otra parte de los acreedores litigantes. Se basó en una cláusula de tratamiento igualitario entre acreedores que contenían los antiguos títulos que se dejaron de pagar en 2001. O sea, o Buenos Aires paga a los buitre o suspende pagos otra vez. Pero Buenos Aires se negaba a abonarles porque consideraba que sobrevendrían otras demandas por más de 16.000 millones de dólares (11.800 millones de euros) y porque cree que lo justo es que la minoría de acreedores asuma el acuerdo logrado con la mayoría. Además alegaba que más no puede pagar. Veremos qué dice ahora, con un fallo definitivamente en contra.
Buenos Aires se ha negado a abonar la deuda porque cree que si acepta llegarán más demandas
Argentina recurrió a un tribunal de apelaciones de Nueva York, que ratificó en 2013 la sentencia del juez Griesa a favor de los buitre, pero la ha dejado en suspense a la espera de la decisión del Supremo de EE UU. Por eso, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pidió al Tribunal Supremo de EE UU que analizara el caso.
Los magistrados del máximo tribunal norteamericano suelen descartar la mayoría de las causas y solo abordan aquellas que considera trascendentes para los intereses de su país. Precisamente, el pasado jueves el Tribunal Supremo rechazó inmiscuirse en el caso y esa decisión fue conocida este lunes. Fue así que quedó firme el fallo a favor de los buitre.
¿Acatará la sentencia?
Argentina había prometido ante el Tribunal Supremo de EE UU que acataría la sentencia definitiva. No obstante, existe la posibilidad de que se niegue a pagar y caiga entonces en suspensión de pagos de su deuda reestructurada. También puede ofrecerles a los tenedores de los bonos emitidos en 2005 y 2010 pagarles en Buenos Aires, de modo de evitar embargos, pero es seguro que varios de ellos plantearán reparos. Es una opción ya planteada por Fernández el año pasado.
Otro camino es acatar la sentencia y pagarles a los demandantes. Incluso el juez Griesa dejó recientemente abierta la posibilidad de una negociación: “Si Argentina está en una situación financiera por la que no puede pagar, ¿qué es lo que cualquiera de buena fe hace? Viene a la corte y algún tipo de negociación tiene lugar”. El país sudamericano no se encuentra en una crisis como la de 2001/2002, pero en enero pasado se devaluó el peso, la economía se ha estancado y la inflación alcanza al 33% anual.
A finales de 2014 vence una cláusula de los bonos emitidos en la reestructuración que establece que si Buenos Aires mejora la oferta de 2005 y 2010 a los que la rechazaron, los que la aceptaron tienen derecho a recibir también esa ventaja. Por esa cláusula, el Gobierno argentino se negaba a negociar con los buitre, porque supondría no solo pagarle más al 7% que rechazó el canje sino al 93%. No hay que olvidar que la suspensión de pagos de Argentina en 2001 ha sido la mayor de la historia mundial, de unos 82.000 millones de dólares. La duda es qué ocurre si Argentina no negocia pero acata un fallo a favor de los buitre: ¿eso la obligaría a abonar más a los tenedores de bonos reestructurados? Es una discusión jurídica.
Ahora se espera que Argentina presente su último recurso. Mientras tanto, los buitre pedirán al tribunal de apelaciones de Nueva York que levante la suspensión de la sentencia contra el país sudamericano, de modo de ejecutar el pago de su reclamación.
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