El eurodesencanto obliga a Bruselas a suavizar los contratos de reformas

Berlín y sus satélites llevan meses tratando de imponer a los socios europeos los denominados contratos por reformas para darle una vuelta de tuerca a la gobernanza económica. El objetivo es que los países se comprometan a hacer las reformas estructurales por contrato, a cambio de algún instrumento de solidaridad (que nunca ha estado del todo claro) y con la posibilidad incluso de establecer sanciones en caso de incumplimiento. Pero las instituciones europeas han optado por suavizar los aspectos más severos de esa normativa: la cumbre que empieza este jueves debatirá una versión mucho más blanda de los contratos para eliminar la carga negativa y la apelación a las sanciones.

“Tenemos que abandonar el enfoque disciplinario: se trata de establecer compromisos a cambio de solidaridad. Si podemos decir que es una opción de los Gobiernos, y no una imposición de Bruselas, el instrumento será mucho más eficaz”, asegura una alta fuente europea.

El borrador de conclusiones de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno incorpora ya esos conceptos para un proyecto que venía a subir varios peldaños el poder que otorgan a Bruselas el Semestre Europeo, el Two Pack, el Six Pack, el Fiscal Compact y toda la maraña de instrumentos destinados a disciplinar las cuentas de la eurozona. Berlín ha protagonizado un rifirrafe con París y Madrid en las últimas semanas acerca de ese asunto. Pese a que no se descarta que la canciller Angela Merkel vuelva a la carga, el Consejo se decanta finalmente por una versión algo menos germánica de la jugada: “Los contratos serán voluntarios, deberían incluir claramente los instrumentos de solidaridad y en ningún caso pueden ser la puerta trasera para que las recomendaciones específicas de la Comisión sean vinculantes”, sostienen fuentes diplomáticas.

Esas son las ideas que van calando poco a poco, a la espera del plácet de Alemania. El equipo de Herman Van Rompuy ha tratado de dar una nueva forma a los contratos, de forma que se lime la carga negativa que llevaban asociados. Finalmente gana peso la voluntariedad: los Gobiernos se comprometen a cumplirlos a cambio de incentivos, pero no hay obligación legal, cualquier país puede apearse de ellos —por ejemplo, en caso de cambio de Gobierno—, y desaparece toda referencia a las sanciones, que ya existen en los procedimientos por déficit excesivo y por desequilibrios macroeconómicos que puede poner en marcha la Comisión y que tantas suspicacias están procurando entre la ciudadanía europea.

En ese debate aún no está todo dicho. Los líderes de la UE se dan hasta junio de 2014 para pactar la versión definitiva; Merkel pugnó para aprobarlos ya el pasado octubre, y había fijado como fecha límite la cumbre de diciembre. Pero aún hay que decidir cómo es exactamente el sistema y de dónde salen los fondos para dar algo a cambio de las reformas. “Los mecanismos de solidaridad” apoyarán “la inversión en políticas que favorezcan el crecimiento y el empleo”, eso es todo lo que cita el documento. Se barajan varias opciones: préstamos, subvenciones o garantías, pero con una ristra interminable de condiciones. Los socios no quieren que haya obligaciones financieras para los países que no participen en el acuerdo. La solidaridad no puede servir para igualar rentas ni tener repercusiones sobre el presupuesto europeo, y debe respetar la soberanía fiscal de los países. Fuentes europeas explican que, en todo caso, esos instrumentos son atractivos para los países con primas de riesgo elevadas, pero no para Francia o Alemania, por ejemplo.

Un informe reciente apoyaba la puesta en marcha de préstamos en buenas condiciones como incentivos para suscribir los contratos sobre la base de “transferencias fiscales limitadas”. Pero la más mínima transferencia es improbable, por pequeña que sea, según las fuentes consultadas.