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El director de la Agencia Tributaria hace una purga en la cúpula

Menéndez destituye a cuatro altos cargos tras la dimisión del jefe de inspección

J. SÉRVULO GONZÁLEZ
Santiago Menéndez, director general de la Agencia Tributaria.
Santiago Menéndez, director general de la Agencia Tributaria.Claudio Alvarez (EL PAÍS)

La tensión en torno a la Agencia Tributaria sigue en aumento. El director general, Santiago Menéndez, destituyó ayer a otros cuatro altos cargos y agravó aún más la crisis en el organismo público. Desde que Menéndez ocupa el cargo, hace cinco meses, ha relevado a nueve miembros de los 16 que forman el comité de dirección de la Agencia Tributaria. Además, ha destituido a otros 20 cargos de libre designación, según explican fuentes de la institución, que precisan que esta cifra es la mitad de los relevos que realizó su antecesora en el cargo, Beatriz Viana, quien durante sus primeros seis meses cambió a 51 funcionarios que ocupaban cargos de confianza.

Los profesionales destituidos ayer son los delegados especiales de la Agencia en Cantabria, Galicia y Asturias, así como la directora del servicio de planificación y relaciones institucionales y el jefe de dependencia de control aduanero de la delegación central de grandes contribuyentes. Este último, Ignacio Ucelay, había presentado su dimisión por el caso Cemex. La mayor parte de los 29 cargos relevados por Menéndez fueron nombrados por Viana, estrecha colaboradora del ministro Cristóbal Montoro.

La espita que provocó la polémica de Cemex fue la destitución de una inspectora de la oficina técnica de grandes contribuyentes que rechazó supuestamente un recurso presentado por la multinacional cementera contra una sanción millonaria, en contra del criterio de la dirección, según la versión de varias fuentes internas de la Agencia. El relevo de esta funcionaria provocó la dimisión de su jefe inmediato, Ucelay, y de, al menos, otros dos compañeros.

Algunos empleados creen que los relevos son para distraer de Cemex y Nóos

A esta cascada de relevos se sumó esta semana la dimisión del jefe de inspección, Luis Jones, el tercer cargo en importancia, por “notables diferencias” con la dirección de la Administración fiscal. Los cuatro relevos anunciados ayer sorprendieron en la AEAT puesto que el pasado miércoles se celebró una reunión entre los delegados especiales y no se les avisó de que al día siguiente iban a ser destituidos. “La gente está desmoralizada. No saben cuándo se les va a echar ni por qué motivos”, cuenta un trabajador. Fuentes oficiales de la Agencia Tributaria aseguran que los cambios de personal en el organismo tienen que ver con el proceso habitual de reorganización cuando llega un nuevo director general y los desvinculan a expedientes concretos. Las mismas fuentes califican como muy grave que se haya filtrado a los medios detalles sobre un expediente concreto, en referencia a Cemex. Consideran que se ha cruzado una línea roja en este asunto porque hasta ahora nunca habían trascendido detalles concretos de un contribuyente, según indican.

Desde la Agencia Tributaria recuerdan que durante los dos primeros años del anterior gobierno socialista se produjeron 119 cambios de funcionarios que pasaron de cargos de libre designación a su puesto de concurso mientras que durante los dos primeros años de este Ejecutivo del PP se han producido 104 cambios. Además, defienden el derecho de la dirección a conformar un equipo para dar un impulso a la institución con el fin de abordar nuevos proyectos como los relacionados con las nuevas tecnologías o la fiscalidad internacional.

En los últimos seis meses se han producido 29 cambios

Pero en el seno del organismo público crece el malestar por lo que consideran injerencias políticas. Existe cierto cansancio porque cada vez que llega un nuevo director se produzcan profundos cambios de personal que atienden más a criterios políticos que profesionales. Y en lo que va de legislatura ya ha habido dos cambios de directores generales, lo que termina afectando a la plantilla de inspectores y los grupos en los que trabajan.

Desde la Agencia Tributaria esgrimen que en los dos últimos años ha descendido el porcentaje de puestos de libre designación sobre el total de la plantilla de inspectores. Explican que en 2010 estos puestos de confianza representaban el 14,4% del total de inspectores, mientras que actualmente esa relación ha descendido hasta el 11,8%. Descartan que haya motivos políticos en los cambios y los vinculan a criterios profesionales y de méritos.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, negó ayer que exista un problema en la Administración fiscal y destacó la profesionalidad de los trabajadores de la Agencia Tributaria. Los últimos cambios en la AEAT responden a un “proceso normal de relevo” en los equipos motivado por el cambio del responsable de la Agencia Tributaria, señaló Sáenz de Santamaría tras el consejo de ministros.

Pero otras fuentes consultadas consideran que la precipitación de los relevos es un acto de distracción para quitar el foco sobre el asunto de Cemex y las facturas de la Infanta en el caso Nóos. La Organización de Inspectores de Hacienda (IHE), que agrupa a buena parte de los 1.200 inspectores de la Agencia, emitió ayer una nota en la que señala que “afirmaciones como que Hacienda acepta justificantes que antes tildó de ficticios para que no haya delito —que aparece en una información publicada por El Mundo— no se corresponden con la realidad. La determinación de todos los elementos del delito corresponde a los Jueces y no a la Agencia Tributaria”, señalan en un comunicado de prensa. Los inspectores subrayan que “los informes requeridos a los peritos en funciones de auxilio judicial en ningún caso son vinculantes”. Y añaden: “dichos informes se evacuan a instancia y con los condicionantes que la autoridad judicial establece específicamente y en cada momento en cada petición de informe”.

Las polémicas de la AEAT

- El DNI de la Infanta. A principios de junio la Agencia Tributaria remitió al juez que instruye el caso Nóos un informe con las propiedades de la Infanta Cristina. En el documento se atribuía a la hija del Rey la venta de 13 propiedades inmobiliarias entre 2005 y 2006 por un valor de 1,4 millones de euros. La Casa del Rey desmintió que esas propiedades perteneciesen a la Intanta. Unos días después la Agencia Tributaria achacó a un error con el DNI de la hija del Rey el enredo de las fincas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pidió perdón en público por el fallo en la base de datos. El caso provocó la dimisión de la directora general de la Agencia, Beatriz Viana.

- La amnistía de Bárcenas. El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, aseguró a principios de año a través de su abogado que se había acogido a la amnistía fiscal para regularizar su situación tributaria. Bárcenas precisó que había legalizado 10 millones de euros a través de varias de sus empresas. Tras negar en varias ocasiones que Bárcenas se hubiera acogido a este proceso, la Agencia Tributaria terminó reconociendo que el ex senador popular había engañado al fisco con la amnistía.

- El caso Cemex. A finales de noviembre, la dirección general de la Agencia Tributaria destituyó de manera fulminante a una inspectora que había rechazado supuestamente un recurso contra una sanción millonaria de la multinacional cementera Cemex. Al parecer, según cuentan varios trabajadores del organismo, la decisión de la inspectora iba en contra del criterio de la dirección. El relevo de esta inspectora provocó la dimisión de su jefe inmediato y de, al menos, otros dos compañeros. Fuentes no oficiales de la inspección cuentan que la empresa se enfrentaba a una multa de unos 450 millones de euros, pero Cemex lo niega y dice que no tiene nada que ver con la crisis de la Agencia.

- El caso Nóos. La Agencia Tributaria emitió el pasado miércoles un comunicado negando que hubiera dado por buenas facturas falsas para salvar a la Infanta como publicó El Mundo. Tanto la dirección de la institución como la Organización de Inspectores de Hacienda niegan que hayan cambiado los criterios y aseguran que siguen los marcados por el juez.

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Sobre la firma

J. SÉRVULO GONZÁLEZ
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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