Una sanción multimillonaria a Cemex provoca una crisis en España

Las últimas semanas han sacudido la Agencia Tributaria de España, el organismo público encargado de la gestión de impuestos. La destitución de una de sus inspectoras ha provocado una catarata de dimisiones como protesta por la decisión y ha abierto una crisis interna en el organismo. La espita que abrió el conflicto fue el despido hace tres semanas de la inspectora Dolores Linares que investigaba un expediente tributario de la multinacional cementera Cemex, de capital mexicano y domiciliada en España, según varias fuentes internas del organismo público.

La inspectora del departamento de Grandes Contribuyentes había rechazado un recurso de la compañía cementera contra una sanción millonaria en contra del criterio de la dirección, según fuentes del organismo. Ese despido provocó la dimisión de su superior, el jefe de la dependencia, Ignacio Ucelay y, al menos, el de otros dos compañeros. Además, este miércoles también presentó la dimisión el jefe de inspección de la Agencia Tributaria, Luis Jones. Su puesto es el tercer cargo en el escalafón de la Agencia Tributaria. Jones ha desvinculado su renuncia a un expediente concreto pero ha precisado que tras su abandono está “notables diferencias con la dirección” entre ellas la designación del sustituto de Ucelay.

Varias son las versiones sobre el despido de la inspectora hace tres semanas. Desde la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda español explican que se debe a una reestructuración del organismo que se puso en marcha tras la llegada hace cuatro meses del nuevo director general, Santiago Menéndez. Sin embargo, varios inspectores de Hacienda consultados por este diario han aclarado que fue destituida de manera “fulminante” tras desestimar un recurso de la cementera contra una multa millonaria. La Agencia Tributaria, según varias fuentes internas, investigaba supuestamente a la cementera de capital mexicano por simular pérdidas para rebajar su factura tributaria, según relatan varios funcionarios.

La destitución de la inspectora provocó un gran revuelo en la institución. El jefe del departamento convocó una reunión para tratar de explicar los hechos. En este encuentro, el delegado central de Grandes Contribuyentes admitió ante un grupo de inspectores de Hacienda --tal y como han reconocido tres fuentes de la organización-- que había ordenado paralizar el expediente de Cemex. Algunas fuentes consideran que tras la destitución de la inspectora pudo haber injerencias políticas para no perjudicar a Cemex. Pero tanto el Gobierno como la dirección de la Administración fiscal lo niegan tajantemente. 

El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, negó en rotundo este punto en una entrevista a EL PAÍS. Menéndez respondió con un escueto “no, y no lo permitiría” a las preguntas de si había habido injerencias políticas en el organismo y si se habían dado instrucciones para tratar mejor a una empresa.

Ante el revuelo que se ha levantado respecto al caso, la cementera dirigida por el empresario mexicano Lorenzo Zambrano emitió un comunicado el pasado martes 24 de noviembre, después de varios días en los que declinó hacer declaraciones. En él aseguraba que “Cemex cumple escrupulosamente con todas sus obligaciones legales y tributarias en España, sin tener a la fecha deuda ni sanción alguna con la Administración fiscal española”.

El texto también admite que tiene una inspección abierta por parte del organismo que califica como “un proceso regular de revisión que se enmarca dentro del régimen de inspecciones que la Agencia Tributaria practica a las empresas consideradas como ‘grandes contribuyentes’ de forma habitual”. La sede de la compañía en México se ha remitido a ese comunicado al ser preguntada de nuevo tras la dimisión de Luis Jones.

Oficialmente, el ‘caso Cemex’ no ha sido admitido públicamente por ninguna autoridad. El argumento de Luis Jones --el director del departamento de Inspección Financiera y Tributaria-- para justificar su dimisión ha sido que mantenía desavenencias con la dirección. “Las notables diferencias que han surgido con la dirección general en los últimos meses en relación con diversos asuntos que, en mi opinión, constituyen ámbitos esenciales de decisión del departamento de inspección, y que se han resuelto en contra de nuestro criterio”.

Tampoco ha habido ninguna respuesta por parte de la clase política. Cuestionado en el Congreso de los Diputados respecto al tema, el ministro español de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, evitó pronunciarse al respecto escudándose en un artículo que establece el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria.