Los precios públicos no podrán subir más de un 2% cada año

El Gobierno ya ha aprobado el anteproyecto de ley para desvincular los precios públicos de la evolución del IPC, la llamada Ley de Desindexación. En la norma, además, se crea un nuevo índice que el Ministerio de Economía espera que se convierta en la referencia de las negociaciones entre particulares cuando actualicen su precios anualmente. Esta nueva guía, el Índice de Garantía de la Competitividad, “será aplicable a los contratos entre privados que voluntariamente lo acuerden y en aquellos casos en que hayan pactado una cláusula de revisión pero no la hubieran especificado”. La entrada en vigor está prevista para enero de 2014.

“La fórmula tiene en cuenta la inflación de la zona euro corregida por una parte de la competitividad perdida [por la economía española respecto al área monetaria] desde 1999. Tendrá, en todo caso, un techo del 2% y un suelo del 0%”, explica el Ministerio de Economía. La pretensión del Gobierno es que este índice se convierta en la referencia de los contratos, donde destacan, por ejemplo, los alquileres, que atendiendo a estas intenciones no podrán subir más de un 2% , cuando el contrato no especifique cómo se actualizará la renta año a año.

"Cuanto más desindexada está un economía, mas potencial de crecimiento tiene y se crea más empleo", ha declarado el ministro de Economía, Luis de Guindos, al acabar el Consejo de Ministros.

La ley se aplicará a todas las Administraciones Públicas (central, autonómica y local) y a los precios regulados. En cambio, no afectará en cambios a la negociación colectiva de salarios (tanto en el ámbito privado como en el público), las pensiones (para cuya actualización se está tramitanto una reforma, que también ha dado un paso más en el Consejo de Ministros, que ha aprobado su anteproyecto de ley) y los instrumentos financieros.

En concreto, donde los ciudadanos van a notar el cambio es en los precios de las autopistas, el gas butano, los servicios universales de telecomunicaciones, el transporte marítimo y ferroviario, entre otros. Según los cálculos de Economá, los gastos de bienes y servicios regulados  suponen el 7% del total del gasto de los hogares, unos 36.000 millones de euros al año, el 3,5% del PIB.

En cuanto al sector privado, la adopción será voluntaria aunque, si no existe un acuerdo explícito, se aplicará la no indexación de forma automática.