El déficit público de julio pone en riesgo el cumplimiento del tope anual

El rigor en las cuentas públicas sigue provocando dolores de cabeza en el Gobierno. Después de cinco años de crisis, el Ejecutivo sigue sin poder controlar las finanzas públicas. El déficit del conjunto de las Administraciones —excluyendo los Ayuntamientos, que rozan superávit— asciende hasta julio 54.293 millones de euros, lo que representa el 5,27% del producto interior bruto (PIB). La cifra inquieta a los responsables de Hacienda pues el objetivo para todo el año es del 6,5% y en lo que queda de año la Seguridad Social y las comunidades aumentarán su desfase. Cuando faltan cinco meses para cerrar el año —en el último trimestre se suele disparar el descuadre— el panorama se vuelve sombrío para las aspiraciones del Gobierno si pretende cumplir con los deberes que le ha puesto la Comisión, quien comienza a albergar dudas sobre ello.

En las próximas semanas, Bruselas escudriñará las cuentas públicas para verificar si el Gobierno es capaz de embridar el déficit público y cumplir con el objetivo anual. El examen de los técnicos europeos cobra relevancia puesto que de ello depende la prórroga del rescate financiero al sector bancario español, al que el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere dar carpetazo. Pero si los técnicos de la troika (Comisión Europea, FMI y BCE) constatan que hay riesgos de incumplimiento podrían exigir nuevas condiciones presupuestarias.

El principal responsable del desfase es la Administración central. Acumula un déficit del 4,55% en los primeros siete meses del año y ha rebasado ya la meta del 3,8% que tiene para todo 2013. No obstante, el dato difundido ayer está afectado por el calendario de ingresos tributarios. Hasta la fecha la recaudación por el impuesto de sociedades cae cerca de un 30% y en Hacienda esperan como agua de mayo el dinero que las empresas tienen que pagar en octubre por el pago fraccionado así como otras liquidaciones periódicas del IVA.

Las comunidades autónomas son las que tienen los deberes más avanzados. El déficit público regional asciende al 0,77%, casi la mitad de lo previsto para todo el año (1,3%). Aunque no todas son aplicadas. Murcia, con una desviación presupuestaria del 1,48%, y Cataluña (-1.05%) son las más rezagadas. Ambas se acogieron al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el fondo de rescate estatal para las comunidades en apuros. En el lado contrario destaca Asturias, con un superávit del 0,43%, y Baleares (+0,46%), aunque previsiblemente abran la mano para aumentar el gasto teniendo en cuenta que el margen de déficit pactado con el Gobierno está en torno al 1,3%.

Las comunidades son, además, las administraciones que tienen que acometer un mayor esfuerzo presupuestario —deben rebajar el desfase en cerca de medio punto del PIB—. Los Gobiernos regionales tienen, además, la dificultad añadida de que el grueso de sus gastos están vinculados a servicios públicos (sanidad, educación y dependencia) y tienen poco margen donde recortar.

Los Ayuntamientos, por su parte, están cerca de alcanzar equilibrio presupuestario. Y, según el Gobierno, algunos podrían comenzar a arrojar superávit. El problema para el Ejecutivo está en las cuentas de la Seguridad con un gasto que no para de crecer, los jubilados que se incorporan al sistema tienen rentas superiores a la media, y unos ingresos de capa caída ante el descenso de las cotizaciones sociales. Aunque a julio, el instituto público presenta un leve superávit del 0,05% la previsión es que presente un descuadre de cerca de 14.000 millones (1,4% del PIB).

Con esto, el Gobierno dispone de las próximas semanas para decidir si adopta alguna medida adicional para avanzar en la consolidación de las finanzas públicas, según consta en el plan bienal remitido a Bruselas. El Ejecutivo decidirá si continua con su plan original o si, por el contrario, adopta nuevas medidas de recorte en gastos para contener la desviación presupuestaria antes del próximo 27 de septiembre, cuando aprobará los Presupuestos de 2014 en consejo de ministros.