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El Gobierno aprueba el primer paso para devaluar las pensiones

CC OO calcula que los jubilados perderán hasta un 28% de su poder adquisitivo en 15 años

La ministra Báñez se declara abierta a hacer cambios en su oferta

Báñez, este viernes tras el Consejo de Ministros.
Báñez, este viernes tras el Consejo de Ministros. EFE

El Gobierno propone que las pensiones suban un mínimo del 0,25% anual, incluso en los años malos para la Seguridad Social (como el actual y, muy probablemente, los próximos). “Las pensiones nunca se van a congelar. Subirán siempre”, ha defendido este viernes la ministra de Empleo, Fátima Báñez, después de que el Consejo de Ministros estudiara un informe sobre la reforma de pensiones. Pero ese suelo no garantiza el poder adquisitivo. Al contrario. Un ejemplo: de haber estado en vigor la reforma de pensiones ahora sobre la mesa en 2013 —cuando la inflación “es muy baja”, en palabras del ministro Cristóbal Montoro, y se situará en torno al 1% a finales de año— las pensiones habrían perdido poder adquisitivo, es decir, se habrían devaluado. La crisis económica y las tendencias demográficas amenazan con que esa pérdida de poder adquisitivo de las pensiones sea sistemática con la nueva fórmula.

El Consejo de Ministros ha estudiado este viernes un informe con una doble propuesta de ajuste del gasto en pensiones. Por un lado, una nueva fórmula de actualización anual, basada en la salud de las cuentas de la Seguridad Social, y que afecta a todos los pensionistas (presentes y a los futuros) ya que pretende desvincularla del IPC en 2014. No obstante, el resultado de la ecuación está limitado: si una vez despejada la incógnita el resultado es negativo, las pensiones subirán al menos el 0,25%; si es positivo, nunca podrán subir 0,25 puntos más que el IPC.

Para defender esta primera parte, la ministra de Empleo ha utilizado la última edición del Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria donde se debaten los asuntos que atañen a las pensiones, concretamente la recomendación segunda, que dice literalmente que “resulta conveniente estudiar la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados” en salarios, el PIB o los ingresos de la Seguridad Social. Báñez, en cambio, no ha dicho que este mismo apartado lleva por título “mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones” y que también defiende que “la revalorización anual (...) se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones”.

La segunda vía de ajuste, que parte del informe que una docena de expertos redactó la pasada primavera, es la que vincula la pensión inicial de los jubilados a su esperanza de vida en el momento de abandonar el mercado laboral y se aplicará desde 2019.

El siguiente paso en el trámite de la reforma es que el Consejo Económico y Social evalúe el informe del Ejecutivo. Al tiempo que se cumplen estos trámites, el Gobierno negocia con los sindicatos para llegar un acuerdo. Y, de hecho, mientras que los ministros estudiaban el informe, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, se veía con los empresarios y las centrales. El representante de CC OO, Carlos Bravo, ha llegado al encuentro con unos cálculos que cifran la pérdida de poder adquisitivo en los próximos 15 años entre el 14,5% y el 28,3%. El Gobierno, por su parte, no ha aportado ningún dato ni simulación sobre el impacto de la nueva fórmula. Los números de CC OO se parecen a los que han expuesto el PSOE y UGT, que cifran la devaluación en un 20% en la próxima década.

Todos estos cálculos tienen en cuenta las lúgubres previsiones laborales —la Seguridad Social se nutre principalmente de las cuotas que pagan quienes tienen empleo— para los próximos años y una inflación que oscila entre el 2% y el 2,5% (ligeramente menor a la media de la última década). No obstante, las estrecheces en las cuentas del instituto público en el futuro también llegarán por el lado del gasto, ya que el envejecimiento de la población se acentuará en los próximos años.

Para atenuar todo esto, los sindicatos exigen al Gobierno que aproveche esta reforma para que aumenten los ingresos. No les gusta la fórmula de actualización anual, de ahí que UGT exija su retirada, explica su responsable de Seguridad Social, Carmen López: “La reforma de las pensiones no es necesaria, porque no tenemos el problema en las normas, el problema está en la destrucción de empleo”.

Además, ambas centrales reclaman más dinero para la Seguridad Social: a corto plazo, para evitar que la mala situación del mercado laboral se coma rápido los más de 60.000 millones que se acumulan en el Fondo de Reserva, CC OO hace hincapié en una subida de cotizaciones; y a largo plazo, los dos sindicatos piden que la Seguridad Social reciba más dinero procedente de los impuestos para que las pensiones no se devalúen en exceso.

Estamos abiertos al diálogo”, ha afirmado la ministra Báñez. Su objetivo es “lograr el mayor consenso” en torno a la que considera “la reforma social más importante en términos sociales de 2013”. Por ello, la responsable de Empleo ha llamado a los jóvenes al debate sobre la reforma. Para Bravo, de CC OO, esta invitación es “irresponsable”, ya que tiene el riesgo de abrir un “conflicto intergeneracional”. “No hace bien intentando contraponer generaciones”, explica Bravo, argumentado que el sistema se basa en la confianza entre jóvenes y mayores.

Las declaraciones de la oposición tampoco auguran un pacto fácil. “El informe es tramposo, opaco e injusto”, ha declarado el portavoz de Izquierda Plural, Joan Coscubiela. “Es una estafa”, ha dicho su homóloga del PSOE en la materia, la diputada catalana Isabel López, frente al argumento oficial de que las pensiones nunca se congelarán.

Una ecuación no tan previsible

M. V. G.

Para actualizar año a año las pensiones, el Ejecutivo ha propuesto una fórmula —con límites— que se basa en la salud de las cuentas de la Seguridad Social. Esto, según la ministra de Empleo, Fátima Báñez, introduce “certidumbre” para los pensionistas actuales y futuros.

La ecuación propuesta tiene en cuenta los ingresos y los gastos del sistema de pensiones y busca su equilibrio financiero. Para disminuir la volatilidad que este tipo de fórmula podría acarrear anualmente, los creadores de la ecuación (la docena de expertos que la Seguridad Social designó en primavera), propuso que se tuviera en cuenta tanto el año en curso como los cinco o seis ejercicios inmediatamente anteriores y posteriores, y que tendiera a corregir los posibles desequilibrios financieros.

La opción del Gobierno ha sido tomar los cinco años pasados y futuros, más el año en curso. Esta última parte, en sí misma, ya introduce un factor de discrecionalidad para el Ejecutivo de turno, ya que serán sus previsiones sobre ingresos las que se tomen para los cinco años futuros.

Pero hay otro elemento decisivo y que también da un gran margen de discrecionalidad: la velocidad a la que se tiene que corregir el equilibrio financiero y que de ser muy rápido puede suponer un resultado negativo de la ecuación. Esta, según un documento entregado a los agentes sociales, dependerá año a año de los presupuestos generales del Estado y no quedará fijado en la Ley General de la Seguridad Social, como pensó el grupo de expertos que emitió su informe en junio.

Con esta opción, la discrecionalidad del Gobierno aumenta y la previsibilidad y “certidumbre” desciende.