El Gobierno se plantea fijar una meta de déficit distinta para cada comunidad

El Gobierno de Mariano Rajoy estudia la posibilidad de establecer una meta de déficit diferente para cada comunidad, según admiten fuentes gubernamentales. Esta cuestión era tabú hasta hace bien poco en el Ministerio de Hacienda.

La decisión depende en buena medida del nuevo margen que conceda Bruselas para ajustar las cuentas públicas. El Gobierno da por sentado que la Comisión Europea aflojará la mano, pero está pendiente ver con qué intensidad. “Dentro de pocas semanas tendremos una senda diferente de déficit público”, confirmó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. “A partir de que tengamos esa senda negociaremos con las comunidades autónomas la adecuación a la nueva senda de déficit público”, agregó para admitir que suavizará el objetivo de déficit de las comunidades, que ahora está en el 0,7% del PIB.

Lo que el ministro no expresó es que el Ejecutivo estudia una propuesta para establecer un déficit diferente para cada autonomía. Fuentes del Ministerio de Hacienda admitieron ayer que la idea estuvo sobre la mesa, pero descartan que se vaya a aprobar a corto plazo.

Las autonomías esperan que el Ejecutivo flexibilice el desfase permitido

Está previsto que la próxima semana se convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) —el órgano de interlocución entre Hacienda y los consejeros regionales— para fijar los nuevos topes de déficit, actualizar los planes de equilibrio financiero y tratar los nuevos mecanismos para facilitar la financiación de las comunidades. En este cónclave se creará un grupo de trabajo para comenzar a debatir cómo se puede repartir el déficit entre los diferentes territorios. Fuentes gubernamentales explican que sería parecido al método que ya existe para fijar el nivel máximo de deuda pública que puede tener cada autonomía. Una cuestión que siempre levanta ampollas y genera intensos debates entre las Administraciones territoriales. En la última ocasión en que se fijó el nivel de deuda varias comunidades, encabezadas por Andalucía, se quejaron de discriminación por parte del Gobierno, al considerar que tenían un objetivo más severo que otras.

Algunas comunidades como Cataluña o Murcia ya han advertido de que no podrán cumplir con el actual objetivo de déficit del 0,7% del PIB. El Gobierno admite que las autonomías con mayor desfase presupuestario en 2012 —Comunidad Valenciana (3,45% del PIB), Murcia (3,02%), Andalucía (2,02%) y Cataluña (1,96%)— tendrán difícil alcanzar la meta presupuestaria.

Otro de los aspectos que valoran en La Moncloa es qué pasará con las comunidades que han cumplido y han rebajado la desviación presupuestaria por debajo del objetivo. Extremadura (0,69% del PIB), La Rioja (1,04%), Asturias (1,04%), Madrid (1,07%) y Cantabria (1,13%) redujeron el desfase entre gastos e ingresos públicos muy por debajo del techo fijado por el Gobierno (el 1,2% para 2012). La cuestión es qué ocurrirá con estas autonomías cuando el Ejecutivo fije la nueva senda de consolidación: cuando Bruselas suavice el tope de déficit público y el Gobierno lo reparta entre las diferentes Administraciones. Si la nueva meta para las autonomías queda, por ejemplo, en el 1,2%, entonces surge la duda de si las Administraciones que registraron una desviación inferior al nuevo techo podrán aumentar el déficit. Hacienda considera que eso sería inaceptable.

Se creará un grupo de trabajo para estudiar el sistema de financiación

Los detractores de la medida consideran que podría suponer un premio para las incumplidoras y un castigo para las autonomías incumplidoras. Ya que las regiones con peores registros de déficit tendrían que reducirlo al mismo ritmo que las que han sacado mejor nota. No obstante, el mecanismo para establecer la nueva senda aún no está decidido.

Las Administraciones que más se desviaron en 2012 tendrán que presentar nuevos planes de equilibrio financiero para atajar la desviación, según establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esta norma incluye mecanismos coercitivos para las regiones que incumplan reiteradamente el objetivo de déficit. Entre estos se incluye una sanción del 0,2% del PIB o incluso la intervención. En el Ministerio de Hacienda evitan precisar si se llegará a este punto y reiteran que hay un diálogo fluido con las comunidades incumplidoras para que avancen en la corrección de los desajustes.

Lo que más inquieta a los Gobiernos autónomos en estos momentos es conocer la nueva meta de déficit que fijará el Ejecutivo cuando Bruselas abra la mano. Los presupuestos regionales están elaborados bajo el condicionante de un déficit del 0,7%. Muchos Ejecutivos regionales han planeado el cierre de centros sanitarios y grandes recortes en educación para lograr esa meta. Pero podrían aplazar algunas de esas medidas si el recorte al que se les obliga es menor.

También arrecian las voces que piden una reforma del sistema de financiación regional. Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía han pedido reformas. Está previsto que en el próximo CPFF se constituya un grupo de trabajo que estudiará las propuestas sobre el asunto.