Opinión
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Campeonas de la austeridad

Muchos creen que las autonomías son las campeonas del derroche. Y que la Administración central es líder en austeridad. A juzgar por los datos oficiales provisionales de 2012, sucede exactamente al revés.

Tomemos con pinzas las cifras del déficit público de 2012 —6,7%, una buena mejora respecto del 9% de 2011— ofrecidas por el Gobierno hace una semana. Con pinzas, porque Bruselas las somete a minuciosa verificación. Para ello envía estos días una misión a España. Hay mosqueo corporativo en la capital de la UE, porque el Gobierno dio su cifra del 6,7% el día 28, contradiciendo la estimación de la Comisión anunciada pocos días antes, del 7%. Y recelo preventivo, porque España dio el año pasado tres cifras diferentes sobre su déficit de 2011, a cada ocasión más abultada. Algunos temen que el resultado de 2012 pudiese patinar de disfunciones técnicas, como el retraso hasta enero de devoluciones fiscales. Se verá.

Pero incluso así, el resultado del 6,7% en 2012 habrá sido notable. Incluso si baila algunas décimas por encima. Incluso aunque desborda el tope pactado, del 6,3%. Incluso exceptuando los 3,3 puntos del coste de la crisis bancaria que lo eleva al 10%. Incluso olvidando que Bruselas ya relajó el techo máximo del déficit al 6,3%, por lo que nadie puede cantar victoria, pues el presupuesto para 2012 se incumplió de pe a pa.

El caso es que los sacrificios de la austeridad —mejor o peor orientada, esa es otra cuestión— han obtenido resultado. No han sido inútiles. Un consuelo. Para los ciudadanos que han sufrido los recortes o han pagado más impuestos. Pero no vítores para que el Gobierno infle pecho, como ha hecho con su presentación.

Si el Gobierno no reparte con equidad el déficit, las autonomías cerrarán más ambulatorios y escuelas

¿Por qué? Porque la parte del león del esfuerzo fiscal la soportaron las autonomías, vilipendiadas como “derrochadoras”. Y los municipios, contra cuyo “descontrol” se ha inventado un proyecto de ley de reforma local obsesionado por sajar sus gastos.

Los municipios fueron los mejores, solo se descuadraron tres décimas: ¡menos que las tres autorizadas! Y las automomías bajaron su déficit del 3,3% en 2011 al 1,7% en 2012: ¡lo redujeron a la mitad en un año! De las cinco que no lograron cumplir, Valencia y Murcia lo achicaron en más de un tercio, y Andalucía, Cataluña y Baleares, en casi la mitad (la primera) o más de la mitad. Del ajuste global de 24.000 millones, más de 16.600 lo soportaron las comunidades. O sea, en torno al 70%. Aunque sobrepasaron dos décimas el tope... lo que ha destacado la propaganda oficial.

Lo que esta no destaca es que el Gobierno central se saltó su tope del 4,5% en más, en tres décimas. Llegó al 4,8% (Seguridad Social incluida), desde el 5,5%: un esfuerzo no del 50% como el de aquellas, sino del 12%, y eso que se quedó con la mayor recaudación por todos los aumentos impositivos y con los márgenes que ya dio Bruselas.<QF>

Si cifras parecidas a estas provisionales pasan a definitivas y la Comisión suaviza la austeridad ampliando el margen del déficit para 2013 y 2014, como está precocinado. Si pasa eso, el Gobierno no podrá renegar de su promesa de que “eso se trasladará también a las comunidades”, como declaró el martes el ministro Luis de Guindos.

Pero ese mejor reparto del techo del déficit no debe ser una propina aleatoria. Debe ser proporcional al nivel de gasto de cada nivel de gobernanza. Los esfuerzos se deben “repartir de forma justa entre las diferentes Administraciones, teniendo en cuenta los servicios que prestan”, instó el 16 de enero una resolución del Parlamento Europero. “El reparto” debe “respetar” la proporcionalidad, impone el artículo 13 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria española, en el ámbito análogo de la deuda.

Calculando sobre lo que exige su adicional primera, el techo para las autonomías debe ampliarse al menos hasta el 1,5%<TH>/ 1,7% desde el 0,7% previsto, sobre un déficit global de al menos el 4,5%: un tercio. En este envite nos jugamos que los próximos recortes —los habrá— no jibaricen ambulatorios y escuelas, pues sanidad y educación suponen más del 70% del gasto autonómico.

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